La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes la destitución e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos contra el excanciller colombiano Álvaro Leyva por irregularidades en el manejo del contrato para la emisión de pasaportes.
En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría (Ministerio Público) confirmó su decisión al considerar que Leyva «desconoció (…) los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes».
A finales de 2023 Leyva suspendió un contrato para la fabricación de pasaportes que la firma Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, lo que dio pie a una demanda de la empresa fabricante contra el Estado porque a ese contrato le quedaban todavía tres años.
«El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado», señaló la Procuraduría en un comunicado.
Este organismo explicó también que Leyva estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, pues al proceso se presentó un único oferente, una unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons, que «cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones».
En medio de las discusiones sobre a quién darle el nuevo contrato de los pasaportes, los sucesores de Leyva, Luis Gilberto Murillo, y Laura Sarabia, tampoco lograron resolver el asunto.
Para sustituir a Thomas Greg & Sons, el Gobierno decidió que la fabricación de pasaportes debe hacerla la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que ha sido objeto de numerosas críticas, incluso de Sarabia, quien denunció que la Imprenta carece de capacidad técnica para producir los documentos de viaje.
Mientras avanzan las investigaciones, la fabricación de los pasaportes seguirá a cargo de Thomas Greg & Sons al menos hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la que el Gobierno espera que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal puedan asumir esa tarea.
Información de EFE
