De acuerdo a la Fiscalía salvadoreña, a estas personas se les imputan los delitos de tenencia y portación de armas de fuego y armas de guerra, casos especiales de lavado de dinero y hurto agravado
La Fiscalía General de El Salvador solicitó este martes juzgar en un mismo proceso penal ante unas cortes contra crimen organizado a más de 2.470 supuestos miembros de diferentes grupos de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los señalados, capturados durante la medida de régimen de excepción implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las también llamadas maras, operaban en los departamentos de La Libertad, a unos 20 kilómetros al oeste de San Salvador, y Chalatenango, a más de 80 kilómetros al noreste de la capital.
Una portavoz de la Fiscalía indicó, en una declaración compartida en la red social X por la entidad de investigación, que el «principal» delito por el que los supuestos pandilleros serán procesos es por agrupaciones ilícitas, cuyas penas de cárcel oscilan entre los 20 y 30 años.
Además, según la Fiscalía, se les imputan los delitos de tenencia y portación de armas de fuego y armas de guerra, casos especiales de lavado de dinero y hurto agravado.
La Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobó en 2023 una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, solicitadas por el presidente Bukele por medio del Ministerio de Justicia, para que se puedan realizar juicios por estructura y no individualmente.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló que «estas disposiciones amenazan el derecho de acceso a la Justicia, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizados por los tratados internacionales de derechos humanos».
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esa medida, una de las que gozan de mayor popularidad entre la población salvadoreña y que fue clave para la reelección de Bukele, se ha alargado hasta la actualidad, cuando sigue vigente.
En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79.900 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Por el momento, se desconoce cuántas solicitudes de procesos en grupo ha presentado la Fiscalía ante la Justicia salvadoreña en el marco de este régimen.
