La jefa de Estado está implicada en estos presuntos delitos después de que un reportaje periodístico reveló que usaba más de una decena de relojes de lujo, varios de ellos Rolex, en sus viajes y ceremonias oficiales, así como pulseras y aretes de oro con brillantes
La mandataria Boluarte ha declarado que las piezas fueron un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien llamó su «wayki» o amigo en quechua, pero los reportajes señalaron que algunas de las prendas fueron adquiridas y entregadas a la mandataria el día de su cumpleaños.
Un juzgado supremo de Perú programó para el próximo 28 de agosto una audiencia de control de plazo de la investigación por el llamado caso Rolex, a raíz de los relojes de lujo que lució la presidenta Dina Boluarte sin haberlos declarado entre sus bienes.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, realizará la audiencia de control del plazo en la investigación contra Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otro, en agravio del Estado, informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
La jefa de Estado está implicada en estos presuntos delitos después de que un reportaje periodístico reveló que usaba más de una decena de relojes de lujo, varios de ellos Rolex, en sus viajes y ceremonias oficiales, así como pulseras y aretes de oro con brillantes.
Boluarte ha declarado que las piezas fueron un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien llamó su «wayki» o amigo en quechua, pero los reportajes señalaron que algunas de las prendas fueron adquiridas y entregadas a la mandataria el día de su cumpleaños.
Además, Oscorima recibió una transferencia extraordinaria de fondos del ministerio de Economía y Finanzas para realizar obras de infraestructura con miras a los Juegos Bolivarianos del Bicentenario en su región, después de haber visitado a Boluarte en Palacio de Gobierno.
La investigación se abrió en marzo pasado y, desde entonces, Boluarte y Oscorima han sido citados a declarar ante la Fiscalía, y además las prendas fueron decomisadas por el Ministerio Público.
Debido a esta investigación, la Fiscalía ordenó el allanamiento del domicilio de Boluarte y sus oficinas en Palacio de Gobierno, y, ante la negativa de la mandataria de permitir el acceso a su casa en Lima, el equipo policial de apoyo al ente judicial tuvo que derribar la puerta de ingreso.
