El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este sábado que la Organización de Estados Americanos (OEA) no se reúna para estudiar los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas al tráfico de drogas, que han dejado más de 60 muertos.
«Si el gobierno de (el presidente de Estados Unidos) Trump está violando el derecho internacional al atacar a personas en desproporción inmensa de fuerza en el mar Caribe, es decir que son ejecuciones extrajudiciales como dice la ONU, ¿por qué no se reúne la OEA a estudiar este problema de violación sistemática de Derechos Humanos en el Caribe?», expresó Petro en X.
Allí agregó: «¿Por qué no hay medidas cautelares de la comisión de los derechos humanos en Washington? ¿Miedo a ser iguales en el contexto americano? ¿A qué se debe el silencio del progresismo y de los gobiernos? ¿La convención americana de Derechos Humanos firmada por EEUU, es unilateral? ¿solo sirve en contra de estados latinoamericanos y caribeños y no es americana?».
Las declaraciones de Petro llegan luego de que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señalara el viernes que las personas a bordo de las lanchas fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» y que tales acciones deben cesar «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen».
En ese sentido, Petro señaló que ante lo ocurrido en el Caribe y el Pacífico «se está definiendo la legitimidad de la OEA y el sistema interamericano de DD.HH. creado en los setenta».
«O somos un continente de Naciones soberanas, o somos un continente colonizado por un imperio», resaltó el mandatario.
En total ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales –la mitad de ellas en el Pacífico– y las cuales EE.UU. vincula con actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.
Estos ataques han profundizado las tensiones entre Washington y los Gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos presidentes Trump ha acusado de promover el narcotráfico.
