Pidieron a autoridades venezolanas que garanticen la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, pongan fin a los actos de censura y otras formas de hostigamiento e impulsen investigaciones independientes de todas las violaciones de derechos humanos
Una veintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaron este miércoles su honda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio y pidieron al Gobierno de Nicolás Maduro que ponga fin a estos abusos.
«Encontramos un alto grado de indefensión entre ciudadanos, defensores de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición«, indicaron relatores y otros expertos de la ONU en un comunicado conjunto.
Advirtieron en este sentido un «uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte de la Procuraduría General de la República en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente» capaz de investigar estos abusos.
Los expertos recordaron que antes, durante y después de las elecciones se denunciaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, y persecuciones de opositores políticos.
En las movilizaciones pacíficas para expresar descontento por las irregularidades electorales se denunciaron más de 1.300 detenciones arbitrarias y al menos 21 muertes causadas por armas de fuego presuntamente por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad, agregaron.
«Hay pruebas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que desatiende el pleno disfrute de las libertades fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno», alertaron los expertos.
Éstos pidieron a las autoridades venezolanas que garanticen la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, pongan fin a los actos de censura y otras formas de hostigamiento e impulsen investigaciones independientes de todas las violaciones de derechos humanos.
Entre los firmantes del comunicado se incluyen los relatores de la ONU para la libertad de asociación (Gina Romero), la independencia judicial (Margaret Satterthwaite) y los defensores de derechos humanos (Mary Lawlor).
