La ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, insistió en que el Ejecutivo no romperá relaciones con Venezuela pese a que la Fiscalía señala al gobierno de Nicolás Maduro como presunto responsable del asesinato, en febrero pasado, del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago.
“El gobierno de Chile no está de acuerdo con este método. Creemos que el día que uno corta relaciones, suena muy bien, pero al día siguiente no avanza más la justicia ni se facilitan las investigaciones», indicó la secretaria de Estado en rueda de prensa.
Al romper relaciones diplomáticas, subrayó Tohá, «no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano», reseña la agencia EFE.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó el jueves que tres de los testigos de la investigación por el crimen de Ojeda apuntan a autoridades del gobierno venezolano y que al menos uno de ellos señala que «el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello», actual ministro de Interior venezolano.
La tesis de la Fiscalía chilena, que desde el inicio de las investigaciones se basó en un «móvil político», es avalada también por el gobierno del progresista Gabriel Boric, que en el último tiempo ha endurecido su posición en contra del gobierno de Maduro.
Disidente del chavismo y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.
Al menos cuatro personas fueron detenidas el miércoles pertenecientes al grupo Los Piratas, una facción de la banda trasnacional Tren de Aragua, vinculada con el asesinato del exmilitar.
El Tren de Aragua, una organización criminal nacida en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
