Esta es la novena vez que Portugal irá a elecciones anticipadas desde que se instauró la democracia en 1974, tras la caída de la dictadura encabezada por António de Oliveira Salazar
Este lunes 15 de enero, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, firmó el decreto que establece la disolución del Parlamento del país y fijó las elecciones legislativas para el 10 de marzo.
La norma, incluida hoy en el Diário da República, tiene efecto «en el día de su publicación» y vuelve oficial lo ya anunciado por el mandatario el pasado 9 de noviembre tras la crisis política abierta con la dimisión del primer ministro, el socialista António Costa.
También se divulgaron hoy las conclusiones extraídas de la reunión que mantuvo el Consejo de Estado luso ese 9 de noviembre con Rebelo de Sousa, horas antes de anunciar a la población su decisión de convocar elecciones.
El órgano consultivo, integrado por el propio primer ministro, los exjefes de Estado y los presidentes del Parlamento, entre otras autoridades, «no se manifestó favorablemente a tal disolución» tras un empate de votos, según la publicación.
Ese día, el presidente luso alegó públicamente que optó por los comicios anticipados por «decisión propia», al considerar que la victoria de los socialistas de 2022, que les otorgó la mayoría absoluta, fue personalizada en la figura del propio Costa y mantener a ese Ejecutivo gobernando con otro primer ministro sería una alternativa más “débil”.
Esta es la novena vez que Portugal irá a elecciones anticipadas desde que se instauró la democracia en 1974, tras la caída de la dictadura encabezada por António de Oliveira Salazar.
La entrega de las listas de diputados será posible hasta el 29 de enero, mientras que el comienzo de la campaña electoral tendrá lugar el 25 de febrero.
Esta crisis política comenzó el pasado 7 de noviembre, cuando la fiscalía lusa dio a conocer la ‘Operación Influencer’, que investiga irregularidades en negocios de litio e hidrógeno, que derivó a su vez en una investigación a Costa en el Supremo Tribunal de Justicia después de que varios sospechosos mencionasen en las escuchas que estaba implicado por «desbloquear procedimientos».
Ese mismo día, el primer ministro presentó su dimisión.
Aunque no hay más información oficial, el diario luso Observador avanzó recientemente que las sospechas sobre Costa se centran en un delito de prevaricación.
EFE
