El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), aprobó este lunes una propuesta de reforma migratoria de gran calado para limitar la llegada de migrantes al país, que ahora tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento.
El portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, informó en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros de que los cambios afectarán a la Ley de Nacionalidad y la de Extranjeros, y que se va a crear una unidad nacional de fronteras en la Policía de Seguridad Pública (PSP).
Leitão Amaro apuntó que esta reforma es «firme y humanista», y destacó que supone «un refuerzo de la exigencia», tras años de lo que describió como «inmigración descontrolada».
La modificación de la Ley de Nacionalidad va a afectar tanto a la ciudadanía originaria, que se atribuye a los descendientes de padres extranjeros que nacen en el país, como a la derivada, es decir, la que se concede a los inmigrantes que se naturalizan.
Sobre la primera, Leitão Amaro detalló que se va a exigir a los padres que tengan una residencia legal de como mínimo a tres años y dejará de atribuirse la ciudadanía por defecto, es decir, que si esta propuesta sale adelante los progenitores tendrán que manifestar «una voluntad positiva para ese efecto».
Para naturalizarse como ciudadano portugués van a incrementarse los tiempos: siete años para las personas de países de lengua portuguesa y 10 años para los de otros lugares a partir de la obtención del título de residencia.
El Ejecutivo quiere también que se exijan conocimientos de lengua y cultura portuguesas.
En paralelo, el Gobierno quiere introducir un mecanismo de pérdida de la nacionalidad en el caso de los ciudadanos naturalizados si se comenten delitos de gravedad, como el asesinato o la violación, o para los condenados por cinco o más años por espionaje, terrorismo o traición al Estado.
Respecto a la Ley de Extranjeros, el Ejecutivo busca modificar el reagrupamiento familiar y los visados de trabajos.
En el caso del reagrupamiento familiar, uno de los cambios es la exigencia de un periodo de mínimo dos años de residencia legal en Portugal para poder acceder a este derecho y se exigirá el aprendizaje de la lengua portuguesa a quienes venga.
A lo largo de su intervención, el portavoz insistió varias veces en que todo esto formaba parte del programa del Ejecutivo desde antes de las elecciones parlamentarias del pasado 18 de mayo.
Aun así, estos cambios suponen un guiño a la segunda fuerza en el Parlamento, el grupo de ultraderecha Chega, que por primera vez en su historia es líder de la oposición, y que lleva pidiendo cambios en la política migratoria desde hace tiempo.
La coalición de centroderecha de Montenegro ganó los comicios pasados, donde logró 91 escaños, frente a los 60 de Chega y los 58 del Partido Socialista (PS), pero sigue estando lejos de la mayoría absoluta -116 escaños- en el Parlamento.
Información de EFE
