La abogada y defensora de DDHH, Soranib Hernández, solicitó este jueves que la Unión Europea (UE) confisque activos de personas vinculadas al Gobierno del expresidente venezolano Nicolás Maduro para crear un fondo de apoyo a personas que se hayan visto perjudicadas por el régimen chavista.
Hernández hizo esta solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que por su parte decidió dejar abierta la causa y pidió a la Comisión Europea que le transmita una respuesta por escrito al respecto.
La petición insta a la aplicación plena de la directiva 2024/1260 sobre la recuperación y decomiso de activos frente a personas físicas y jurídicas venezolanas, presuntamente vinculadas con violaciones graves de derechos de la Unión.
En primer lugar, Hernández solicitó instar a los Estados miembros de la UE a «activar mecanismos de confiscación de activos vinculados al blanqueo de capitales y terrorismo y crimen organizado transnacional, especialmente de las 69 personas venezolanas sancionadas por la Unión».
En esa línea, pidió que se establezcan oficinas de recuperación de activos en todos los Estados miembros, “tal y como exige la directiva”.
Además, la jurista solicitó utilizar estos bienes confiscados para fines sociales, aplicando la justicia restaurativa “en nombre de venezolanos y ciudadanos europeos que han sido afectados gravemente por estas violaciones de derechos humanos civiles y políticos”.
Igualmente, llamó a crear un fondo fiduciario gestionado por la Fiscalía Europea destinado a “proteger y asistir a las víctimas del saqueo sistemático venezolano, garantizando transparencia, trazabilidad y justicia restaurativa”.
La idea sería utilizar estos activos para fines sociales y de interés público, en particular programas de apoyo para víctimas, y que el fondo permita distribuirlos de manera transparente, eficiente y equitativa.
“Europa no puede ser un refugio para fortunas construidas sobre el sufrimiento de un pueblo. Con las herramientas normativas ya vigentes, tenemos la capacidad y la responsabilidad de actuar”, concluyó.
Por su parte, un representante de la Comisión Europea señaló que las cuestiones planteadas son en gran medida competencia de los Estados miembros o quedan a discreción de ellos durante la mencionada directiva.
Dejó claro que la confiscación es competencia de las autoridades judiciales nacionales en lo que respecta a las oficinas de recuperación de activos.
Existe, en efecto, la obligación de crear dichas oficinas y de asignarles tareas de localización e identificación, pero “no la obligación de localizar sistemáticamente los activos de las personas que figuran en las listas de sanciones”, subrayó.
En cuanto a la reutilización social de los activos, el funcionario comunitario animó a los Estados miembros a adoptar medidas en este sentido, pero aclaró que “no existe la obligación de incorporarlas al Derecho nacional”.
Por lo que respecta a la creación de un fondo fiduciario, dijo que actualmente no existe base jurídica para ello en el Derecho de la Unión.
