El Ejecutivo cifra en 40.000 millones el ajuste necesario para el año próximo, que pretende conseguir con una mayor eficiencia del gasto para mantener la trayectoria presupuestaria prevista
Francia «no produce lo suficiente y no trabaja lo suficiente», según el primer ministro, François Bayrou, que ha dibujado un país al borde del precipicio, que a su juicio exige un ajuste presupuestario ante el deterioro de la situación internacional y la guerra comercial lanzada por Donald Trump.
Ante la falta de mayoría parlamentaria para defender las políticas auspiciadas por el presidente, Emmanuel Macron, que querría rescatar las cuentas públicas sin subir impuestos, el jefe del Gobierno apeló directamente este martes a la opinión pública, a la que advirtió que «la supervivencia del país está en juego».
Lo hizo ante decenas de parlamentarios de diferentes grupos, sindicatos, asociaciones y representantes municipales, a quienes urgió a presentar antes del 14 de julio propuestas para afrontar la situación con vistas al presupuesto de 2026.
Un órdago que no convenció ni a los sindicatos ni a los miembros de la oposición, que acusaron al Gobierno de alentar el miedo para justificar unas políticas que consideran responsables del agravamiento de la situación.
Recortes «sin motosierra»
El Ejecutivo cifra en 40.000 millones el ajuste necesario para el año próximo, que pretende conseguir con una mayor eficiencia del gasto para mantener la trayectoria presupuestaria prevista, que pasa por ir recortando el déficit público por debajo del 3 % en 2029.
La ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, que compareció junto a Bayrou, indicó que será necesario reducir un 6 % el gasto público cada uno de los próximos cinco años, aunque afirmó que lo harán «sin motosierra», con medidas de racionalización.
El Gobierno evitó al máximo dar pistas sobre dónde habrá que meter la tijera, para dejar que sean los agentes sociales y partidos quienes hagan propuestas, pero la ministra avanzó que reducir agencias públicas, limitar las bajas por enfermedad o racionalizar las compras son posibles pistas.
Bayrou descartó subidas de impuestos, porque considera que harían huir inversiones, y renunciar al rigor presupuestario, que aumentaría una deuda ya colosal (casi 3,3 billones de euros) cuyos intereses cuestan 62.000 millones de euros a las arcas públicas cada año y que pueden aumentar a 100.000 millones de euros en 2029.
El primer ministro apostó por incentivar la actividad industrial reduciendo la burocracia y mejorando la formación en oficios de futuro y apeló a centrarse en productos básicos, puesto que en los punteros el país cuenta ya con empresas líderes.
Es la única forma -explicó-, de que Francia pueda equilibrar su balanza comercial, producir empleo y revitalizar su economía, la receta que propone para sanear las arcas públicas.
Imprescindible ante un panorama que se ensombrece, que precisará de más gasto en defensa, 3.000 millones de euros suplementarios, para afrontar el desafío ruso en Ucrania, y las consecuencias «imprevisibles» de una guerra comercial que el Ejecutivo ya ha calculado que amputará dos décimas a su ya raquítico crecimiento económico en 2025, que se quedará en el 0,7 %.
Pero Bayrou sabe que el camino es difícil, porque su Gobierno no cuenta con mayoría en el Parlamento, que es el que debe dar luz verde a las cuentas para 2026, y no parece que su estrategia de avisar de la catástrofe haya creado adeptos.
Los sindicatos acusaron al primer ministro de querer ocultar la austeridad tras el ensombrecido panorama y la oposición de presentar las cuentas de forma interesada para justificar sus propuestas.
«No está a la altura de la grave crisis provocada por siete años de macronismo», escribió la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, que exigió en la red social X atacar los gastos provocados por la inmigración y «el despilfarro de la Comisión Europea».
Éric Coquerel, portavoz económico de la izquierdista La Francia Insumisa, al frente de la coalición mayoritaria en la cámara baja, acusó a Bayrou de querer proseguir las mismas políticas que han colocado al país en situación límite, y apostó por subir impuestos al capital para poder incrementar el gasto público y estimular así la economía.
