La red se hacía cargo de todos los trámites y gastos necesarios para que llegaran a España y, una vez que las víctimas llegaban a su destino, se las informaba de que habían contraído una deuda económica con la organización, que llegaba a triplicar los gastos reales del viaje
Según informó este viernes 8 de diciembre en un comunicado la Dirección General de la Policía, las víctimas -entre las cuales se encontraba una persona con una discapacidad intelectual del 67 %- tenían que estar disponibles las 24 horas y ser explotadas sexualmente al menos ocho horas al día para tener dos horas libres, reseñó EFE.
Once de los integrantes de la banda fueron detenidos en Madrid y otro de ellos en Las Palmas de Gran Canaria (islas Canarias, Atlántico) como presuntos partícipes en delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal y relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pornografía y contra la salud pública.
Los implicados, también de origen sudamericano y con vínculos familiares entre ellos, captaban a las víctimas en sus países de origen mediante engaño, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y con la promesa de trabajos dignos y bien remunerados.
La red se hacía cargo de todos los trámites y gastos necesarios para que llegaran a España y, una vez que las víctimas llegaban a su destino, se las informaba de que habían contraído una deuda económica con la organización, que llegaba a triplicar los gastos reales del viaje.
Mujeres obligadas a tener relaciones sexuales sin condón
Esta deuda debía ser abonada con el ejercicio de la prostitución, y para ello las mujeres eran trasladadas a una casa ubicada en Madrid, donde eran sometidas a un control férreo. Vivían hacinadas en un sótano sin ventanas, en condiciones insalubres, sin poder salir al exterior y bajo la amenaza de ser multadas si no cumplían con las condiciones impuestas.
Además, las víctimas tenían que abonar 100 euros por su estancia y entre 16 y 20 euros por la comida y, como parte de la explotación sexual, eran obligadas a realizar dos servicios sexuales con cada cliente sin preservativo. En la casa también se traficaba con cocaína y eran ellas las que tenían que transportarla cuando salían al exterior.
Los implicados sometían a las mujeres a un reportaje fotográfico, con el objetivo de ser ‘promocionadas’ en páginas de internet donde se ofrecían sus servicios sexuales. La organización contaba con una fuerte infraestructura en España, incluido un inmueble empleado como prostíbulo, y llego a cobrar a través de una plataforma de pago 1.244.767,49 euros (algo más de 1,3 millones de dólares).
En las entradas y registros realizadas en dos inmuebles -uno en Madrid y otro la localidad madrileña de Fuentidueña de Tajo- los agentes liberaron a las doce mujeres e intervinieron 30.000 euros, 30 gramos de cocaína, 13 gramos de marihuana y documentación relacionada con las actividades investigadas. En la operación colaboraron las organizaciones ‘Operation Underground Railroad’ y ‘Amar Dragoste’ para asistir a las víctimas.
