Por cinco votos a favor y cuatro en contra, los magistrados apostaron por la paralización de unos fondos destinados a formación de los profesores y desarrollo profesional
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se posicionó este viernes a favor de la Administración de Donald Trump al permitirle congelar 65 millones de dólares en subvenciones que el Departamento de Educación atribuía a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, los magistrados apostaron por la paralización de unos fondos destinados a formación de los profesores y desarrollo profesional.
Un juez federal había emitido una orden de restricción temporal de 14 días y el Supremo accedió a la solicitud del gobierno de bloquear la entrada en vigor de la orden de esa corte de menor rango.
Según detalló el diario The New York Times, las subvenciones en cuestión ayudaron a colocar a profesores de zonas pobres y rurales y tenían como objetivo «reclutar una fuerza laboral diversa que reflejara las comunidades a las que servía».
El Departamento de Educación había enviado a los destinatarios una carta en febrero avisando de que esos programas no promovían los «mejores intereses» del país al tener en cuenta otros factores más allá del «mérito, la justicia y la excelencia».
Ocho estados en los que se habían cesado programas, incluidos California y Nueva York, presentaron una denuncia ante esos recortes al considerar que debilitarían distritos escolares urbanos y rurales obligándoles a contratar a sustitutos a largo plazo.
El Supremo apuntó en su decisión que los estados habían dejado claro que contaban con los fondos para mantener sus programas: si ganan podrán recuperar la financiación retenida, y si se niegan a conservarlos cualquier «daño irreparable» que se produzca sería culpa suya.
A la máxima instancia judicial le pareció razonable el alegato del gobierno de que no podría recuperar los fondos gastados mientras siguiera en vigor la orden del tribunal inferior.
La Administración estadounidense apoyó también su argumento en el hecho de que un solo juez de distrito federal no debería dictar una política nacional, ni siquiera a corto plazo.
Para la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, la resolución del Supremo «constituye una victoria significativa» para Trump y el estado de derecho.
«Este fallo reivindica lo que el Departamento de Justicia ha estado argumentando durante meses: los jueces de distrito locales no tienen jurisdicción para tomar el control de los dólares de los contribuyentes, obligar al gobierno a pagar miles de millones o detener unilateralmente la agenda política de Trump», concluyó.
