Tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron retenidos en Venezuela entre 2020 y 2023 han interpuesto una demanda contra el presidente Nicolás Maduro y varios altos funcionarios de su gobierno, acusándolos de presunto narcoterrorismo, secuestro y tortura. El caso, presentado ante un tribunal federal en Florida, se suma a una serie de procesos judiciales que reactivan las acusaciones contra el mandatario venezolano en territorio estadounidense.
Acusaciones bajo leyes antiterroristas
La demanda fue presentada por las familias Kenemore y Marval, junto con Jason Saad, quienes alegan haber sido secuestrados como represalia por la extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. Según el escrito judicial, los demandantes estuvieron privados de libertad entre 123 y 643 días, en condiciones que califican como tortura.
El proceso se ampara en la Ley Antiterrorista Federal y en estatutos similares del estado de Florida. Los demandantes señalan directamente a Maduro y a figuras clave del chavismo como responsables de una estrategia sistemática de secuestros con fines políticos, en el marco de una presunta red criminal transnacional.
El “cártel de los Soles” y el aparato estatal
La Fiscalía estadounidense describe a Maduro no solo como jefe de Estado, sino como líder de un entramado criminal que habría utilizado recursos estatales, incluyendo puertos, aeropuertos y empresas como PDVSA y su filial CVP, para coordinar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, en alianza con las FARC.
Los expedientes judiciales sostienen que esta red criminal habría convertido al Estado venezolano en una plataforma de narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a organizaciones armadas ilegales.
Doble frente judicial y presión internacional
Maduro enfrenta dos frentes judiciales en EEUU: un macroproceso penal en Nueva York por narcotráfico, y esta nueva demanda civil en Florida por secuestro y tortura. Ambos casos coinciden en una tesis central: que el régimen venezolano opera como una organización criminal transnacional.
Este giro judicial se produce en paralelo al despliegue de tres destructores Aegis frente a las costas venezolanas, autorizado este mes por el presidente Donald Trump. La maniobra militar, la primera de este tipo desde 2020, refuerza la estrategia de considerar al narcotráfico venezolano como una amenaza terrorista.
Colaboradores confesos y estructura criminal
El caso también se apoya en confesiones de exfuncionarios como Hugo “el Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, quienes admitieron haber colaborado con las FARC y facilitado el tráfico de drogas. Ambos reconocieron su participación en el “cártel de los Soles”, lo que fortalece la acusación de que la cúpula chavista convirtió al Estado en parte de una red criminal internacional.
Las demandas también destacan el papel de los hermanos Rodríguez en el blindaje institucional y financiero del cartel, y señalan el respaldo de mediadores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría contribuido a legitimar al régimen en escenarios diplomáticos.
Con información de Alberto News
