La Corte Penal Internacional (CPI) denunció este viernes que la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para sancionar a sus funcionarios busca “socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas” las investigaciones abiertas, y estas “amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques” contra los países miembros.
La presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, también rechazó “firmemente cualquier intento de influir en la independencia y la imparcialidad” de la Corte, así como de “politizar” su función judicial, y lamentó que las sanciones busquen “privar de justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades” en todo el mundo.
“Siempre hemos cumplido y seguiremos cumpliendo únicamente con la ley, bajo cualquier circunstancia”, advirtió.
La decisión de Trump, que contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a funcionarios de la CPI y sus familiares inmediatos (pareja e hijos), es una respuesta a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
“Mientras las atrocidades siguen asolando el mundo y afectando la vida de millones de niños, mujeres y hombres inocentes, la Corte se ha vuelto indispensable. Representa el legado más significativo del inmenso sufrimiento infligido a civiles por las guerras mundiales, el Holocausto, los genocidios, la violencia y las persecuciones”, advirtió Akane.
La CPI, subrayó, está llevando a cabo procedimientos derivados de diversas investigaciones en todo el mundo, en “estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma”, el tratado fundacional del tribunal, que le da jurisdicción para juzgar a los más altos responsables de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión estatal.
“La orden ejecutiva anunciada es solo el último de una serie de ataques sin precedentes y en aumento que buscan socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas las situaciones. Tales amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los Estados Parte de la Corte, el orden internacional basado en el Estado de derecho y millones de víctimas”, lamentó la presidenta del tribunal, que tiene su sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.
En este sentido, recordó que la CPI y sus funcionarios “cumplen diariamente con su mandato judicial de determinar si ciertas conductas individuales, dentro de su legítima jurisdicción, dan lugar a responsabilidad por crímenes internacionales”, y es a partir de esas investigaciones y de la recopilación de pruebas que se emiten órdenes de arresto contra sospechosos de la comisión de esos crímenes, como ocurrió con Netanyahu y Gallant, por la guerra israelí en Gaza.
Su “único interés» es «la dignidad humana”, insistió, e instó a todos aquellos que “comparten los valores” consagrados en el Estatuto de Roma a “unirse en defensa de la Corte, lo que incluye, señaló, los 125 países miembros -entre los que están todos los miembros de la Unión Europea- la sociedad civil, y todas las demás naciones del mundo.
Países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción, ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI sí tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.
Información de EFE
