Asociaciones civiles de Florida advirtieron este viernes que persisten las «horribles condiciones» para los migrantes que permanecen en el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes) a pesar de la decisión judicial que ordenó desmantelar el complejo.
La orden del jueves dejó un plazo de dos meses para que se cierre el centro de forma ordenada, algo que para Paul Chávez, activista del grupo Americans for Immigrant Justice, «es una gran victoria», aunque avisó que «hoy se celebra y mañana se lucha» mientras más de 300 migrantes siguen ahí.
En una conferencia de prensa, Chávez expresó «un gran agradecimiento a la jueza (Kathleen) Williams (del Distrito Sur de Florida) por conceder la orden preliminar» que detiene la construcción del centro y la transferencia de migrantes, pero no frena la operación del sitio de forma inmediata.
«Los inmigrantes todavía están allí y hay preocupación de que continúen siendo retenidos en lugares similares en todo el país», advirtió, sobre lo que describió como «una gran caja negra donde dejaban cuerpos».
Los activistas señalaron las condiciones en las que viven los detenidos, y relataron que a cientos de personas las transferido del lugar sin poder hablar con sus abogados.
Pero por ahora, Ana Sofía Pelaez, cofundadora de Migrant Freedom Project, indicó que su «victoria valida lo que todos sabían: en su afán de provocar ira, dividir y generar titulares para la agenda antiinmigrante, el gobernador (Ron) DeSantis y el presidente (Donald Trump) Trump violaron abiertamente la ley».
Peláez enfatizó que «la lucha no ha terminado», pues «todavía hay cientos de individuos encerrados en el sitio y Florida acaba de anunciar planes para encerrar a miles más en una instalación en el norte del estado sin la autoridad legal para hacerlo».
Esto en referencia al anuncio del gobernador sobre abrir nuevos centros como el ‘Deportation Depot’ (Depósito de deportaciones), con una próxima capacidad de más de 1.300 personas.
En representación de la Coalición Demócrata de Florida, los activistas denunciaron que «la administración DeSantis puso 300 millones de dólares del dinero de los contribuyentes en contratos dudosos para construir este campamento sin recursos para revisiones ambientales ni un plan de protección adecuado».
Los activistas advirtieron que la jueza Williams emitió una orden judicial preliminar, lo que significa que es temporal por ahora y, mientras tanto, los demandados han presentado un recurso para apelar el fallo.
‘Alligator Alcatraz’ es el centro más emblemático de la política migratoria del presidente Donald Trump, en cuya Administración ha subido un 49 % la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que asumió en enero, con 55.568 detenidos en la primera mitad de julio.
