La fiscal general, Pam Bondi, advirtió este miércoles que la Administración Trump «no tiene miedo de ir más allá» para controlar las protestas migratorias en California, mientras el presidente evalúa invocar la Ley de Insurrección —no utilizada desde 1807— que permitiría desplegar tropas en calles estadounidenses. La declaración se produce tras cinco días de disturbios en Los Ángeles, donde ya opera la Guardia Nacional.
Puntos críticos
«Haremos todo lo que esté dentro de nuestra autoridad legal para proteger agentes y ciudadanos», insistió Bondi en declaraciones a CNN, confiando en que el toque de queda en Los Ángeles contenga las manifestaciones.
Trump calificó a los manifestantes de «insurrectos financiados», preparando el terreno para aplicar una legislación que faculta al ejecutivo a movilizar fuerzas armadas en territorio nacional sin consentimiento estatal.
Tensión federal-estatal
El despliegue de la Guardia Nacional en California enfrenta al gobierno federal con el gobernador Gavin Newsom, quien acusó a Trump de «poner en riesgo la democracia». Paralelamente, Texas —bajo el republicano Greg Abbott— replicó la medida enviando tropas a sus ciudades.
