Kerry Kennedy, presidenta de la fundación RFK Human Rights, denunció este lunes que las autoridades salvadoreñas le negaron el acceso al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para verificar las condiciones de 10 migrantes venezolanos detenidos, quienes fueron deportados desde EEUU bajo acusaciones de vínculos con la banda Tren de Aragua.
En una conferencia de prensa, Kennedy afirmó que los detenidos, parte de un grupo de más de 200 venezolanos trasladados a El Salvador, tienen derecho a asistencia legal, pero el gobierno de Nayib Bukele «no respeta estas garantías».
«Nos negaron reunirnos con nuestros clientes, incluido el residente estadounidense Kilmar Ábrego, deportado pese a tener estatus legal», sostuvo la activista.
La deportación se ampara en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, invocada por el presidente Donald Trump para justificar el envío de migrantes a El Salvador bajo un acuerdo bilateral.
EEUU paga $6 millones anuales al país centroamericano por alojar a los detenidos en el CECOT, prisión diseñada para pandilleros. Un análisis de Bloomberg reveló que el 90% de los más de 200 venezolanos en el centro carecen de antecedentes penales en EEUU.
Kennedy y su equipo también solicitaron sin éxito reuniones con el vicepresidente Félix Ulloa y la Cancillería salvadoreña. El gobierno de Bukele no ha respondido a las acusaciones, mientras organizaciones humanitarias exigen transparencia sobre los términos del acuerdo y las condiciones carcelarias.
