El caso surge en medio de la pelea interna en el MAS entre las facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025
La defensa del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este jueves que hay una «clara persecución política» contra el también líder del oficialismo por parte del Gobierno de Luis Arce, después de que una fiscal denunciara que fue destituida por investigar y ordenar captura por presunta trata y tráfico de personas.
En declaraciones a EFE, uno de los abogados de Morales, Orlando Ceballos, afirmó que «no ha habido denuncia escrita», ni oral, y acusó al Gobierno de ser «autocrático», «policial» y de usar «a instancias judiciales y del Ministerio Público con el único propósito de la eliminación jurídica».
«Esto es una clara persecución política, es la vendetta por la grandiosa ‘Marcha para salvar Bolivia’ y hoy Evo Morales se encuentra, en cuanto a sus derechos y garantías, enormemente amenazado», manifestó.
La citada marcha fue una caminata de 187 kilómetros liderada por Morales hacia La Paz para exigir al Gobierno atención a problemas como la escasez de dólares y combustibles, pero también para que se reconozca un congreso partidario en el que fue nombrado por sus seguidores como «candidato único» para las elecciones generales de 2025.
Ceballos consideró que el Ejecutivo «está haciendo un uso ruin de los mecanismos coercitivos y coactivos del Estado» e insistió en que el expresidente «no tiene la más mínima garantía de que sus derechos» sean respetados por la Justicia o la Fiscalía.
Según el exmagistrado, si bien la orden de aprehensión en contra de Morales «ha quedado sin efecto» por instrucción de una jueza de la ciudad oriental de Santa Cruz, hay «un viraje peligroso del Estado policial, del Gobierno policíaco que ha utilizado a una fiscal departamental» para activar el caso.
Ceballos aseguró que la ahora destituida fiscal departamental de la región sureña de Tarija, Sandra Gutiérrez, incumplió con las normas procesales e insistió en que el objetivo de éste y otros casos abiertos recientemente contra el exmandatario tienen» la única finalidad de detener a Evo Morales».
También dijo que «el pueblo y las organizaciones sociales van a cuidar» al también líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Por su parte Evo Morales, en una presunta alusión al caso, señaló esta jornada en la red social X que no le «extraña» ni le preocupa» porque «todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual» lo «amenazaron», «persiguieron», «encarcelaron» y supuestamente «intentaron» matarlo.
«¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron», sostuvo.
El miércoles, Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por negarse a frenar una investigación contra Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas y por la que existía una orden de aprehensión que quedó sin efecto por una orden judicial.
El caso «habría ocurrido» en una provincia de Tarija, cuando la supuesta víctima «tenía 15 años», si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una menor de edad involucrada.
Gutiérrez señaló que «los antecedentes vienen de un informe de inteligencia» y denunció que supuestamente hay «órdenes específicas» de Lanchipa «de no hacer absolutamente nada» sobre este caso.
