El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.
El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.
La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.
El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señaló que se declara la «permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República» peruana.
Detalló que este jueves se presentaron cuatro mociones de orden del día que propusieron la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.
Por ese motivo, resolvió declarar su «permanente incapacidad moral» y la vacancia de la presidencia, así como «en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido» en la Constitución peruana.
Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí.
Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. «En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia», remarcó.
De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.
Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, anunció en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso.
«Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas», aseguró.
Portugal acusó, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado «a esta garantía» y consumar «su violación».
«Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones», concluyó.
Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.
