La protesta del 9 de marzo ( miércoles) se mantiene «por cuanto no ha cambiado absolutamente nada. El anunciado aumento no cumple con el artículo 91 de la Constitución Nacional, que debe tomar con referencia la canasta básica», enfatiza el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital
La protesta nacional de jubilados y pensionados, anunciada para el 9 de marzo a las 9 de la mañana, sigue en pie. Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, aclara que el ajuste salarial anunciado por Nicolás Maduro no cambia en nada esta convocatoria: «El 9 a las 9».
«La protesta se mantiene por cuanto no ha cambiado absolutamente nada. El anunciado aumento no cumple con el artículo 91 de la Constitución Nacional, que debe tomar con referencia la canasta básica», aclara García en entrevista con contrapunto.com. «La canasta básica está, de acuerdo con el Cendas-FVM, en el orden de 896 dólares; más o menos 4 mil bolívares. De tal manera que se está violando un principio constitucional. No es una dádiva, no es una regalía; es un mandato de la Constitución».
-¿Este anuncio del mandatario Nicolás Maduro no podría ser tomado como un intento de reconstrucción del salario?
-Cualquier intento debe ser conversado con las organizaciones sindicales. Inclusive, con los empleadores, porque así lo establece el convenio de la OIT que está siendo desconocido también. Se hace un anuncio violando el artículo 91, por cuanto no se adapta a la vida real. Cuando hablamos del artículo 91 estamos hablando de la vida real. La vida real es que ningún anciano, ninguna persona de la tercera edad, y mucho menos los trabajadores y sus familias pueden vivir con un salario mínimo como el que acaba de ser ajustado.
-Sin embargo es un ajuste importante en montos.
-Claro. De tener cero pensiones aumentar a 30 dólares pareciera que es mucho, pero no. La vida real te dice que no puedes vivir con menos de 900 dólares al mes. ¿Por qué 900 dólares? Porque es lo que está estudiado en la economía real. En consecuencia, nosotros estamos diciendo que cualquier ajuste, en principio, debe ser consultado con los trabajadores; no con esa farsa que se hizo en ese evento.
-¿No los representan?
-En absoluto. Son sindicatos patronales.
-A algún sector representan.
-Progobierno. Representan la línea política del gobierno. Es amén. Lo que diga el presidente de la República es amén; por lo tanto, no son verdaderos dirigentes sindicales. El dirigente sindical verdadero es el que está con la base de los trabajadores. No está con los gobiernos. En consecuencia, ese ha sido uno de los planteamientos que hemos criticado: se ha corporativizado el movimiento sindical.
-Si a ustedes los convocan.
-Debe convocarse al movimiento de trabajadores, los legítimos, y el sector empleador. El lunes 7 se espera una representación de la OIT. Sabemos que las recomendaciones de la OIT son que el gobierno debe cumplir con los parámetros de convocar la tripartita, establecer el diálogo laboral, y no está siendo cumplido. Creemos que es un hacer ver que se está cumpliendo con estos acuerdos, pero hacia lo interno, porque la OIT sabe que no se está cumpliendo con estas recomendaciones. La buena fe implica que el salario mínimo y la pensión mínima deben estar acordes con la vida real. Que podamos comer, que podamos tener las medicinas, que podamos recrearnos, porque es un derecho constitucional y nosotros cotizamos a la seguridad social. Parece que el gobierno entiende que estas dádivas…
-¿Usted lo ve como una dádiva?
-Es que son dádivas, porque no se corresponden con la vida real.
-Si fuesen convocadas todas las organizaciones, ¿cuál sería el mínimo para empezar una discusión?
-El mínimo debería ser la canasta alimentaria, para empezar. Son 450 dólares. Menos que eso, no. Es el mínimo para comenzar luego a ajustar hacia la canasta básica familiar, cercana a los 900 dólares en este momento.
-¿El Estado está en condiciones de hacerlo?
-Las cifras oficiales no se conocen. Sin embargo, los economistas que han hecho investigaciones han determinado que Venezuela paga anualmente más de 14 mil millones de dólares en deuda externa. De allí se puede tomar buena parte de los recursos, no solamente para las pensiones, sino para los salarios.
-¿Consideran que sí hay dinero?
-Sí hay dinero. Además de eso el ingreso por oro. Sabemos muy bien que lamentablemente el Arco Minero está siendo devastado, y se está sacando mucho dinero de allí que tampoco se sabe. Pero algunos economistas han dicho que es demasiado dinero, que no lleva control de la Contraloría, y que es un ingreso muy importante. La industria petrolera está muy menguada, pero el aumento en el precio del barril de petróleo, producto de la invasión a Ucrania, trae recursos muy importantes. Por supuesto, si se dejara de desviar recursos hacia los bolsillos particulares de muchas personas ligadas al Estado y al gobierno, el dinero sobraría para pagar pensiones y salarios dignos a los venezolanos.
-¿Qué van a hacer el 9 de marzo, ya que mantienen la protesta?
-Mantenemos la protesta porque nuestra exigencia es el artículo 91 de la Constitución.
El 9 de marzo, en consecuencia, «se mantiene la protesta en todas las oficinas regionales del Seguro Social. Va a ser nacional. Los estados del país están organizándose». Se han creado, incluso, comités de apoyo a jubilados y pensionados. «Hacemos un llamado a la conciencia de toda la sociedad, porque en todos los hogares venezolanos hay un viejito, hay una viejita, y eso nos debe doler». Con el éxodo de los jóvenes «ha quedado la gran mayoría de los adultos mayores prácticamente solos, criando a un nieto o a un bisnieto. Eso debe llamar la atención. A veces nos sentimos solos».
En el caso de Caracas, los manifestantes se reunirán cerca de la oficina principal del IVSS, para entregar un documento y reunirse. «Aspiramos a que haya una representación oficial que nos atienda para entregar nuestras exigencias, que no solamente es la pensión», puntualiza. También esperan que haya pensiones diferenciadas, que el Estado ajuste pensiones por discapacidad y viudedad, que el Seguro Social vuelva a entregar las medicinas de alto costo.
Igualmente, esperan que se retome la comisión de enlace, que existía en el gobierno del presidente Chávez, en la que participaban el Ejecutivo, el Legislativo y los jubilados y pensionados. «Era una forma de negociar, de acordar los beneficios de los trabajadores jubilados y pensionados en el país», subraya García.
Defiende la idea de constituir una coordinadora nacional de jubilados y pensionados para hablar «con un solo discurso». Y una de las tareas sería denunciar a integrantes del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional. «El artículo 7 del Estatuto de Roma habla del exterminio, y lo define como que un Estado somete a una parte de la población a falta de alimentos y falta de medicinas. Señores, el pueblo lo sabe: ¿Con 7 bolívares, o 28 dólares, se puede vivir?
-¿Hay elementos para probar que es una política de exterminio?
-Decimos que un Estado, consciente de que con 7 bolívares o 28 dólares no se puede comprar las medicinas y alimentarse, sabe que está causando un grave perjuicio a la persona.
-Le pueden decir que es un Estado sancionado, que no tiene acceso a recursos internacionales.
-Ese es el discurso político. Pero el pueblo venezolano observa todos los días lo contrario.
-Lo decimos desde la perspectiva de la CPI.
-Creo que en la Corte Penal Internacional hay personas bien inteligentes.
-Igual ustedes la van a llevar.
-Igualito. Creemos que los organismos internacionales deben actuar. Nosotros hemos luchado mucho. Ha habido protestas, documentos por montones se han entregado a las instituciones del Estado, vicepresidencia, el Seguro Social. Y no se ha escuchado la voz de los trabajadores y pensionados. Nosotros creemos que la Corte Penal Internacional sí puede actuar en este caso si fundamentamos bien.
