Varios oficiales monitoreados por Justicia Venezolana “fueron torturados en su momento de detención”, señala la directora. “Hemos visto, en algunos procesos, el juzgamiento de algunos de los involucrados, como por ejemplo en el caso del capitán Acosta Arévalo, pero faltan personas por investigar. Se ha solicitado que la cadena de mando debe tener responsabilidad, porque no es un secreto que, dentro de la función militar, nadie realiza nada sin que su superior inmediato conozca el procedimiento que vaya a realizar”

Lilia Camejo, directora de Justicia Venezolana, conversó con contrapunto.com sobre presos políticos militares y Corte Penal Internacional (CPI) antes de que el fiscal de este organismo, Karim Khan, anunciara este jueves 31 de marzo, que se abrirá una oficina de la CPI en Caracas. En ese momento, Camejo señaló que sobre este tema “hay mucha especulación y mucha falsa expectativa” y recordó que los procesos internacionales “son lentos”.

“En la medida en que el Estado venezolano vaya juzgando a las personas que estuvieron involucradas en torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes” podrá demostrar ante el fiscal “que realmente está tomando cartas en el asunto”, explica. “Hemos visto, en algunos procesos, el juzgamiento de algunos de los involucrados, como por ejemplo en el caso del capitán Acosta Arévalo, pero faltan personas por investigar. Se ha solicitado que la cadena de mando debe tener responsabilidad, porque no es un secreto que, dentro de la función militar, nadie realiza nada sin que su superior inmediato conozca el procedimiento que vaya a realizar. Sea el que sea”, subraya.

Justicia Venezolana tiene casos que llevar a la CPI: “Por supuesto, nosotros tenemos casos por presentar”, detalla. “Nos gustaría poder reunirnos con el fiscal”, afirma. “Lo lógico es que él se reúna tanto con las víctimas como las organizaciones de derechos humanos y los abogados que hemos realizado las defensas técnicas en ciertos casos” en los que ha habido torturas.

-¿Cuántos casos presentaría Justicia Venezolana?

-Llevamos el monitoreo de 11 o 12 casos de militares. Varios de estos oficiales fueron torturados en su momento de detención.

En Venezuela, de acuerdo con sus registros, 245 militares “han tenido procesos penales en su contra” y hay 190 privados de libertad. “No quiere decir con esto que no haya más”, aclara. Los 190 son los registrados por Justicia Venezolana.

-¿Con esta cantidad de presos políticos militares se puede decir que hay tranquilidad en los cuarteles?

-No debe haber mucha tranquilidad en relación con los compañeros de éstos que pertenecen a su misma promoción y están privados de libertad, sobre todo en los casos donde se conoce que realmente no hubo elementos de convicción ni pruebas contundentes para que ellos estén en este momento transitando por un juicio en su contra.

-¿Se necesita un indulto, una amnistía para los presos políticos militares?

-Lo primero que se debe considerar es respetar los lapsos procesales por parte de los jueces que están atendiendo estos procesos, examinar con mucha exhaustividad las actas, las declaraciones de los testigos. En el caso de los comandantes de los batallones blindados del ejército ni siquiera el testigo estrella los acusó. En ese caso, supuestamente había un video que iba a presentar la fiscalía militar y nunca fue presentado porque no existió. Así hay varios casos. Es cuestión de una voluntad. En otros casos hemos visto la figura del indulto, que aunque procesalmente no aplicaría, es el nombre que le han dado y se han otorgado libertades. En el tema de los militares presos institucionales, presos por razones políticas, se pudiese hacer el análisis y otorgar indultos o medidas cautelares sustitutivas mientras se termina el proceso.

Torturas a viva voz

Presos políticos venezolanos por la llamada operación Gedeón, durante una audiencia en el tribunal, observaron que algunos de sus torturadores eran presentados como testigos, y decidieron denunciarlo. Esto lo presenció Camejo.

“En un caso específico que se está manejando por la jurisdicción especial de terrorismo los mismos funcionarios que redactaron las actas policiales, que detuvieron a muchos de los detenidos por ese caso, han sido los mismos testigos promovidos por la Fiscalía que en su momento los acusó. Los imputados han manifestado eso ante el tribunal, y después de oír las declaraciones de estos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que no han declarado la realidad de las detenciones (fechas, lugares), han pedido la palabra en el tribunal y han hecho saber a la jueza la realidad de cómo se produjo su detención en tiempo y espacio”, detalla Camejo.

Funcionarios del Sebin y de la Dgcim fueron señalados por los presos. “¿Qué se pretende con esto? La verdad. La verdad del proceso. Hay que empezar por la verdad de la detención: cuándo se hizo, dónde se hizo, si llevaron testigos para esa detención, si fueron acompañados por testigos en los allanamientos”, describe.

¿Cuál es la verdad? “En muchos de estos casos las personas son detenidas, pero permanecen aisladas por un tiempo considerable -una semana, dos semanas e inclusive hasta un mes- y luego en el acta policial aparece con una fecha reciente para cubrir con el lapso de las 48 horas en las que debe ser presentada la persona”.

Las organizaciones han solicitado que se investiguen las denuncias de torturas formuladas en pleno juicio. “A raíz de un tiempo para acá los tribunales han venido enviando los oficios. Las denuncias internacionales, las recomendaciones de la señora Bachelet, el acuerdo con el fiscal de la CPI ha traído una pequeña mejoría en estos trámites”.

El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha recomendado la liberación inmediata de los supuestos implicados (siete oficiales del grupo de fuerzas especiales de la Armada) en la presunta operación Armagedón. La ONU determinó que la detención fue arbitraria, y que los oficiales deben ser indemnizados. Aunque han mejorado las condiciones de reclusión “todavía falta camino por recorrer”.

Entre idas y venidas legales, Camejo solicitó el abocamiento ante la Sala Constitucional del TSJ para que revise las irregularidades en el expediente. “Todavía no tenemos respuesta del abocamiento ni de la apelación”. La recomendación del Grupo de Trabajo puede ser ejecutada por los tribunales que llevan los casos, puntualiza la abogada.

Los afectados podrían optar por una indemnización “por el daño causado, todos estos años, por una detención que fue arbitraria, en unos procesos que han tenido que llevar a cuestas”, expone. Los oficiales del caso Armagedón “tienen cuatro años privados de libertad y todavía estamos esperando para realizar un juicio. ha mermado su estado de salud. Son los problemas de sus familias, de alimentación. A ellos hay que indemnizarlos por una detención arbitraria y por llevar un proceso penal a cuestas”.

Revisar la reforma y resolver el retardo

Para Camejo, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal fue positiva, y “en el tema del Código Orgánico de Justicia Militar se reformó el artículo 6, que reconoce lo que muchos de nosotros veníamos denunciando desde hace varios años: los civiles no deben ser juzgados ante la jurisdicción penal militar”.

Pero “se reformó también el artículo 128, y quedó establecido que los casos mixtos, en los que se juzga a civiles y militares, tenían que migrar a la justicia penal ordinaria, como ocurrió con el caso del asalto al Fuerte Paramacay”. Esto, insiste, no debería ser así. “”Nuestra Constitución establece claramente que los militares pueden ser juzgados en la jurisdicción penal ordinaria siempre y cuando cometan delitos de lesa humanidad o delitos comunes, no delitos de naturaleza militar como la traición, la rebelión, la instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada”.

-¿A quién le corresponde la revisión?

-A la Asamblea Nacional, obviamente. Es quien legisla.

La abogada considera que “hay un retardo procesal bastante significativo”. La audiencia de presentación debe hacerse en máximo 48 horas después de la detención “y en estos casos hay un retardo de más de 20 días”. En las audiencias preliminares “hay un retardo procesal de mil días” y en los juicios “el retardo procesal es de alrededor de 1.300 días, como en el caso de los sargentos de Cotiza (24 sargentos de la Guardia Nacional). Estamos esperando la apertura de juicio desde hace tres años”. En el caso del Mayor General Miguel Rodríguez Torres “el retardo procesal para realizar su audiencia preliminar fue de 760 días”.

No obstante, Camejo refiere que se han abierto juicios pendientes. “Consideramos que las recomendaciones de la señora Bachelet, en algunos puntos, han mejorado”.