«La aspiración sería que nos paguen el bono vacacional sin Onapre y que nos pongamos a discutir inmediatamente un aumento salarial», propone el presidente de la Apucv
Por redes sociales, por teléfono o en persona el planteamiento que hace José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, es el mismo: más de 500 días sin aumento salarial. Esto «ha tenido un tremendo impacto para los trabajadores. A los que están en la administración pública, a muchos de ellos, los ha obligado a migrar, que significa irse del país, o migrar a otros oficios y abandonar su carrera y su ejercicio profesional», subraya Afonso. En el caso de los universitarios otra forma de migrar es marcharse a la educación privada.
«Los profesores no es que ganan poco; es que pagan para dar clases, buscan otros trabajos para mantenerse en la universidad», afirma Afonso en conversación con contrapunto.com. En los pasados 20 años pocas acciones se han tomado para pagarles a los universitarios un ingreso justo. «En 2022 hubo un aumento importante del salario mínimo, que más o menos fue una multiplicación de nuestro salario por 10».
La semana pasada cobraron el bono vacacional; es decir, entre 16% y 20% de lo que recibieron en comparación con 2022. «Nos están planteando un futuro incierto. Llevamos 500 días un aumento salarial, vamos para dos años in aumento» y, encima, el bono vacacional se ha reducido en los hechos. Con este bono vacacional «los profesores pueden hacer la quinta parte de lo que hicieron el año pasado. Si antes compraron tratamiento antihipertensivo para un mes, ahora les alcanzará para seis días. Si hiciste algo en tu casa hoy no lo podrás hacer. Escasamente podrán comprar comida; el rasgo distintivo de la pobreza es que 90% a 95% del ingreso se va en alimentos».
Esta crisis impacta a las familias. Hay «deterioro de la calidad de vida, ausencia de proyectos de autorrealización, una visión absolutamente cortoplacista». También, a las instituciones, que se descapitalizan, porque pierden lo más importante, que es el recurso humano. Ningún docente puede vivir de su sueldo, porque el más elevado de la administración pública apenas llega a 500 bolívares. «Estamos perdiendo nuestra condición de académicos, nuestro trabajo», lamenta, y también se ven afectados los estudiantes. «Cualquier oficio es más atractivo para los jóvenes que estudiar una carrera universitaria. Usted agarra una guaya para destapar cañerías, destapa una cañería y eso significa el sueldo de 10 o 15 profesores».
Afonso recuerda que, en todos los espacios donde los representantes del ejecutivo hablan sobre la situación salarial de Venezuela, achacan la situación laboral «a lo que ellos llaman las sanciones y el bloqueo». Ese argumento «es absolutamente risible, poco creíble; en 2015 no había sanciones, y en julio de ese año el salario de un profesor tiempo completo instructor y asistente llegó a estar por debajo del salario mínimo».
El gobierno, considera el docente, desestima el rol de las universidades. Enumera algunas razones. Hay «poca o baja preparación para la función del Estado. Hemos tenido ministros de educación universitaria que no han sido docentes, ministros que no tienen más de cinco años de haber egresado, y resulta que la administración del Estado es un ejercicio profesional» y así debe respetarse sea cual sea el signo ideológico. Pareciera, por otra parte, que no hay un proyecto de desarrollo nacional y que el único proyecto «es permanecer en el poder», lo que es letal.
Para Afonso «la revolución bolivariana asumió un desprecio por el trabajo asalariado» y comenzó «a promover el trabajo autónomo de manera exponencial», lo que también afecta a los universitarios. Y no se puede dejar de lado en el análisis que las universidades tienen una visión crítica: «¿Cómo le dices a una escuela de economía de cualquier universidad que la economía va bien y que va a ir mejor, si los resultados muestran claramente que no es así?». O el manejo del dinero de la comisión presidencial, que las universidades podrían usar mejor «y podría hacerse mejor contraloría». A los regímenes autoritarios «la libertad académica, la mirada crítica, les incomoda».
Un mecanismo de control salarial es el sistema patria, que ha recogido todas las nóminas del sector público y que le coloca un techo a los ingresos. «Si la remuneración está por encima de ese monto, se paga hasta ese monto», o se cancela en varias partes «porque el sistema no lo admite». El sistema patria «se erige por encima de la gente y del derecho», rechaza, ya que si un pago se pasa del techo, «el resto no lo paga, o lo paga en cómodas y olvidadizas cuotas».
La Apucv demanda el recálculo del bono vacacional, que le corresponde a la OPSU: «Nosotros hemos planteado que se sienten con nosotros a recalcularlo. Una vía inmediata, si hubiese alguna intención de resarcir el daño hecho a los trabajadores, es que los 40 dólares que pagan por bono de alimentación y 30 por bono de guerra se incluyan en el salario». Esto mejoraría entre 30% y 60% el monto que recibieron este año. Otra forma es eliminar la aplicación del instructivo Onapre, lo que aumentaría el bono en 70%, estimó.
«La aspiración sería que nos paguen el bono vacacional sin Onapre y que nos pongamos a discutir inmediatamente un aumento salarial», propone. Algunos sectores plantean elevar el salario al costo de la canasta básica. «Otros han planteado la posibilidad de que suba a 130 dólares», que se indexe, y que comience la discusión de los contratos colectivos. Un elemento adicional es dejar atrás el misterio con los datos públicos, porque hoy el signo es «arbitrarios y opacos». El diálogo tripartito no ha rendido los frutos esperados por los trabajadores, porque ese espacio debe fijar el salario mínimo y no lo ha logrado.
La directiva de la Apucv se reunió este martes. «Vamos a seguir documentando, denunciado, demandando nuestros derechos. Podemos llevarlo a la OIT, reiterar ante los poderes públicos, volver al Ministerio… La tradición de lucha de los trabajadores tienen un baremo bastante amplio». Igualmente se ha incrementado la represión, con medidas como el cierre de la oficina de la OPSU, barreras policiales «y un esquema de amedrentamiento sistemático que, por supuesto, puede ir escalando».
