El sociólogo deja la coordinación de Provea después de nueve años de lidiar con situaciones inéditas para el país y para los venezolanos. Afirma que hay diques de contención para el autoritarismo y señala que en 2024 el movimiento de derechos humanos deberá luchar para que se mantenga la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela
Denunciar las acciones represivas contra los manifestantes ejecutadas mientras Miguel Rodríguez Torres era ministro de Relaciones Interiores del mandatario Nicolás Maduro, y posteriormente defender los derechos de Rodríguez Torres cuando se convirtió en uno de los presos políticos militares, podría parecer una locura para cualquier persona. No para Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos que acaba de concluir su trabajo como coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones más reconocidas del país.
«Estoy en Provea desde el año 2006, y fue en el año 2015 cuando asumí como coordinador general. Reivindico mucho el relevo institucional dentro de Provea, comprometidos con la democracia y la alternancia de poder. También nosotros tenemos nuestros propios procesos de renovación. Eso es importante, es necesario, para tener nuevas ideas en la conducción de una organización como Provea», refiere en conversación por zoom con contrapunto.com.
No han sido años fáciles para el país. Tampoco, para Uzcátegui, que ha debido cultivar «una cultura de protección», sortear las amenazas «y campañas permanentes de criminalización», aprender sobre seguridad digital y asumir que los defensores de derechos humanos también necesitan «herramientas de protección psicoemocional, porque somos seres humanos al igual que la población, estamos tan deprimidos y tristes como el resto de los venezolanos; y siempre nos frustra no tener todas las herramientas».
Ha habido renuncias, claro. Como sociólogo, le hubiese gustado asistir a todas las actividades relacionadas con la muerte del presidente Hugo Chávez, porque «era un hecho histórico que uno debía ver con sus propios ojos, y no lo pude hacer por el protocolo de protección que tenía».
También ha vivido aprendizajes. «Ha sido una gran lección de humildad entender el valor de la diversidad, que todas las personas tienen derechos y que todas las personas tienen derecho a pensar diferente de como piensas tú, y eso no les quita un ápice de humanidad».
Ortega Díaz, uno de los hitos
Uzcátegui rememora algunos de los hitos que marcaron al país durante su gestión como coordinador. En 2016, recuerda, debido al deterioro de la situación venezolana «la institución decide calificar a Nicolás Maduro como no democrático. Eso no fue una decisión de Rafael Uzcátegui, como seguramente alguna gente piensa. En 2016 tuvimos tres reuniones extraordinarias de la asamblea de Provea, que es un órgano consultivo, como el consejo de ancianos de la organización, y en octubre de 2016 hubo un consenso alrededor de que algo muy grave había ocurrido, y que la burbuja democrática que habíamos diagnosticado después del triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias ya no existía». Decir que se trataba de una dictadura era elevar el tono, y aceptar las consecuencias: «Los pocos hilos de comunicación que teníamos con el gobierno en ese momento se rompieron».
Otro hecho marcador fue el pronunciamiento de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien ya había expresado críticas al gobierno sobre los llamados operativos de liberación del pueblo. «Ya teníamos contacto con ella para trabajar ese tema, y luego ella se pronuncia sobre la ruptura de la institucionalidad democrática, y eso catalizó de nuevo el descontento y generó un ciclo importante de protestas». A partir de ese momento, relata, alzaron la estrategia de «todos los derechos por todos los lenguajes», a fin de acompañar a quienes protagonizaron las protestas antigubernamentales.
La visita de la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, es el tercer hito que destaca Uzcátegui. Bachelet pudo conversar con víctimas de la represión durante las manifestaciones, y también con las víctimas de las violaciones de los derechos sociales. «A partir de allí tuvimos que ser muy ágiles en algo que desconocíamos, que es activar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos».
Otro hito, enfatiza, fue la aprobación de la Misión de Determinación de Hechos, «un mecanismo que ha siso muy importante para señalar cosas en nuestro país». E igualmente, la investigación en la Corte Penal Internacional. La CPI «se había convertido en la bandera política de un sector», y por eso «éramos muy cuidadosos con ese mecanismo; finalmente, cuando se activa, nosotros nos incorporamos», alentados también por la participación de Ortega Díaz en ese proceso.
La Misión de Determinación de Hechos, una lucha en agenda
«Me siento orgulloso de haber ayudado a levantar estos diques de contención, estos mecanismos internacionales», señala. «Salgo de Provea muy orgulloso de haber ayudado a construir estos diques de contención al autoritarismo, que sin ellos la situación venezolana sería mucho peor». Hay «un ojo vigilante que hace que cualquier decisión que se vaya a tomar sea muy meditada por parte de las autoridades, por su posible impacto en estas instancias».
-¿Esos diques están activos o se pueden derrumbar?
-Son diques que hay que seguir alimentando para seguirlos fortaleciendo, y que incluso permanezcan su trabajo en Venezuela. Si la fiscalía de la Corte Penal Internacional no tiene la mejor documentación para poder evaluar los casos, finalmente pudieran desestimar. Hay que seguir trabajando allí. No podemos decir que hemos llegado a este punto y tenemos que sentirnos complacidos, porque esto va a continuar igual. Tenemos que seguir trabajando. La Misión es un mecanismo que se renueva cada dos años en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y precisamente en el año 2024 se va a volver a discutir en ese escenario sobre si se debe renovar o no. Estamos ante la posibilidad de que no se renovara, porque al Estado venezolano por supuesto le molestan esos diques, le perturban, hace todo lo posible para que se retrase su trabajo, para colocar obstáculos y le gustaría que alguno de ellos no existiera. Para el año que viene una de las grandes peleas que vamos a tener en el movimiento de derechos humanos es lograr la renovación de la Misión de Determinación de Hechos, porque el gobierno ha venido desarrollando una campaña muy intensa con dos mensajes: que las situaciones violatorias de derechos humanos se han venido mejorando en Venezuela, y que el trabajo de cooperación con el Alto Comisionado sería suficiente y este mecanismo no tendría una razón de ser, cosa que para nosotros no es así. Y como eso se somete a votación en el Consejo de Derechos Humanos, tenemos que hablar con los países que tienen capacidad de votar, sino también que la población conozca la naturaleza de su trabajo y que tenga un costo social la posibilidad de que se mantenga o de que no se renueve.
Con el Alto Comisionado hay un compromiso de fortalecer su trabajo en Venezuela «pero la experiencia con gobiernos autoritarios indica que, por algún malestar interno en el oficialismo, le podrían pedir que salga del país», remarca.
En su peor momento
La situación de derechos humanos en Venezuela «está en su peor momento», no solo «por el deterioro de la institucionalidad democrática, que es grave, sino especialmente por lo que hemos calificado como emergencia humanitaria compleja, que está obligando a muchos venezolanos a tener que irse del país en condiciones precarias y desesperadas, constituyendo una de las peores crisis de migración de la región en los últimos años», asegura. Los indicadores económicos «se han estancado», e incluso se habla «de un nuevo retroceso», y con el actual salario mínimo «las condiciones de la población son desesperantes».
«Lamento tener que abandonar Provea en este peor momento; aunque la persona que me va a sustituir es una persona muy competente, muy comprometida con los derechos humanos y quedo muy tranquilo porque Provea va a quedar en buenas manos, me hubiera gustado seguir estando en la pelea desde Provea, que tiene un rol y un peso muy importante en la sociedad venezolana». Las personas que están en la organización, compara, «somos como bomberos intentando apagar el peor incendio de nuestra historia; si hay algún momento en que los defensores de derechos humanos son útiles y necesarios en Venezuela, es ahora».
Uzcátegui explica que los mecanismos de construcción de consenso en el campo democrático, y la confianza de la población en ese liderazgo, son fundamentales para los tiempos que vienen, y advierte que los ataques oficiales serán contra ambos flancos. Al preguntarle sobre el hostigamiento desde el sector oficial en ese contexto, refiere uno de los más recientes: la acusación de Maduro contra Raúl Cubas, uno de los fundadores de Provea. «Lo que intentan es atacar estas dos dimensiones. Uno, intentar generar fricciones en la posibilidad de que el campo democrático pueda unirse, socializando la desconfianza y la sospecha; y en segundo lugar, intentar desnaturalizar una historia que hace que la población tenga confianza en los principios y valores de una organización como Provea, intentar que los beneficiarios desconfíen de las organizaciones de derechos humanos».
Como lo enfatiza, «hemos demostrado que la consigna todos los derechos para todos para nosotros es un norte permanente». Los hechos lo confirman: «Defendimos a Chávez, condenamos el golpe de Estado de 2002; aunque cuestionamos la represión del gobierno en 2014, nos reunimos con los familiares de Rodríguez Torres y les ofrecimos asesoría en diferentes momentos; cuestionamos mucho el trabajo de Luisa Ortega como fiscal, y cuando se convirtió en una víctima, no dudamos en defender sus derechos. Hay una gran escuela sobre cuáles son los principios y valores que, en materia de derechos humanos, Provea encarna. Lo que se intenta es generar desconfianza y aumentar la posibilidad de fricciones y fragmentaciones en el campo democrático».
Defensa de la identidad chavista
El activista condena las violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios chavistas, pero defiende el chavismo como identidad, y el derecho de ser chavista. Como defensores de derechos humanos «hemos postulado el derecho a ser chavista, porque esa es una identidad política absolutamente legítima; lo que queremos los venezolanos es justicia, no venganza». A su juicio «sería un absoluto error que se intente proscribir esa identidad política; estaríamos repitiendo los errores que nos han traído hasta acá. Nosotros hacemos distinciones entre los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, y aquellos que no lo son».
Uzcátegui comenta que siempre buscan información sobre tendencias y grupos en el oficialismo «y la verdad es que sigue siendo un sector muy críptico, muy cerrado, para poder entender cuáles son los movimientos internos; y no sabemos si hay algún sector que esté particularmente dolido con el hecho de que su proyecto político sea investigado en este momento por crímenes contra la humanidad, lo que tiene un costo reputacional muy alto». Esto te coloca «en el panteón del mal, junto con otros personajes terribles. Uno pudiera pensar que ese costo reputacional pudiera generar malestar en el oficialismo, pero desconozco qué sectores pudieran representar ese malestar».
Una frase resume su planteamiento: «No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, no se puede criminalizar una identidad política como la identidad política chavista y esa identidad política va a tener un espacio en el futuro de Venezuela; eso es indudable y lo decimos como defensores de derechos humanos y como sociólogos. Hay que tener la suficiente madurez política para seguir tendiendo puentes y para seguir una transición a la democracia».
Al ser consultado acerca del reciente canje de prisioneros, Uzcátegui sigue haciendo votos «para que la solución venezolana sea lo menos traumática posible, y eso pasa por espacios y mecanismos de diálogo político entre las partes»; agrega que, como defensor de derechos humanos, siempre mantendrá la política de impunidad cero. «Somos absolutamente conscientes de esto que se ha denominado la puerta giratoria, y la liberación de esos presos políticos no es garantía de que no habrá otras personas privadas de libertad en el futuro. Pero estas decisiones difíciles les tocan a los negociadores».
A título personal, evalúa que la actuación del jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, ha sido muy solvente. «Como defensor de derechos humanos no tengo estómago ni corazón para estar en su lugar, y le deseo el mejor de los éxitos. Pero desde nuestro sitio, que es acompañar a las víctimas en su deseo de justicia, siempre vamos a cuestionar los niveles de impunidad que se van a ofrecer como incentivos para cualquier proceso de transición. Hoy somos críticos de eso, y como pasó en Chile y en Argentina, al día siguiente de una transición vamos a estar luchando para que esos niveles de impunidad puedan revertirse». Espera, no obstante, que todo esto abra el camino electoral, para que «sea el pueblo el que decida cuál será el horizonte de su destino».
Siempre, ratifica, «vamos a ser críticos de la impunidad, y les tocará a otros actores tomar otras decisiones; hacemos votos porque sea un mecanismo no traumático de diálogo político que pueda solucionar la conflictividad política en nuestro país».
Al hablar sobre la cadena de mando, saca a colación el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos. Cada informe de la Misión de Determinación de Hechos, admite, produce «una alegría triste» porque esta denuncia es un logro del movimiento de derechos humanos y es «una herramienta para explicarle al mundo lo que ocurre en Venezuela». Existe «un plan sistemático para cuestionar, perseguir y encarcelar a la disidencia. Creemos que no son acciones individuales de funcionarios, sino que todo responde a un plan para intentar mantener el poder a toda costa. Hay una estructura de Estado, hay un plan, hemos señalado diferentes patrones», como el de encarcelar a familiares de personas perseguidas por ser líderes sociales o políticos. «Todas las personas responsables de estos actos son de una ideología política con la que uno tiene afinidad, porque son de izquierda, pero yo soy muy crítico de esa mirada de que esta es ‘la dictadura de los amigos, de los panas’. Hay personas que se han revelado en el ejercicio del poder, y que han colocado esos apetitos de poder por encima de cualquier otra cosa. Yo no tengo un doble estándar: cuestiono las violaciones de derechos humanos independientemente de que ocurran en Argentina, con las situaciones preocupantes que se están generando hoy en Venezuela».
2024: ¿Año de madurez?
Sin bola de cristal, porque no la tiene, Uzcátegui afirma que 2024 será «un año muy complicado», pero acota que se han dado pasos «en la dirección de recobrar la confianza de la gente en la posibilidad de un cambio». La población, según su análisis, demanda mecanismos de consenso y coordinación entre la oposición que sean inclusivos.
Hay «una maduración social muy importante», sostiene, y evalúa como muy interesante que la población, «ante la ausencia de instituciones, ha buscado mecanismos para cuidarse». Lo califica como un «enmascaramiento» que además «es muy confuso para las autoridades: la gente está dispuesta a ir a una movilización, si le preguntan si está dispuesta a votar por el oficialismo te va a responder que sí, si le ofreces un beneficio va a aceptar, pero eso, por lo que hemos visto y se ha ratificado en diferentes oportunidades, no está manipulando su opción en el momento decisorio que lo tiene que expresar: el momento del voto».
Las primarias «mandaron un mensaje que todavía estamos entendiendo, un mensaje de participación y anhelo de cambio presente en todos los estratos sociales», y María Corina Machado «se ha convertido en la depositaria de ese mensaje, y nosotros hacemos votos todos los días, un ateo como yo le prende velas a la Divina Pastora todos los días para que tenga la suficiente sabiduría para ser inclusiva, para ser esa líder que el país necesita». Aun cuando «no soy maricorinista, he sido un crítico de ella, reconozco que hasta ahora ha sido muy solvente en sus actuaciones y ha dado señales de inclusión, moderación y centro; deseo que esos pasos continúen y que ella se haga acompañar del nuevo liderazgo emergente».
Para Uzcátegui existen razones para ser optimistas, mas sin perder de vista que habrá tensiones: «Estamos en el escenario del chavismo sin pueblo, y ese escenario nos acerca mucho a la posibilidad de una transición».
¿Qué hará ahora Rafael Uzcátegui? Seguir formando parte de la organización Laboratorio de Paz, mantenerse como defensor de derechos humanos, «seguir siendo parte del movimiento de derechos humanos, comprometido con Venezuela, y ahora con más espacio y tiempo para hacer sociología, y vinculado con la situación del país y la situación de derechos humanos».
