En una reciente rueda de prensa convocada por el Comité por la Libertad de los PresosPolíticos (CLIPPEVE), el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, denunció la existencia de una «brecha gigante» entre los anuncios oficiales de liberación y la realidad verificable en los centros de reclusión. Murillo calificó la situación como un escenario de «absoluta opacidad» y discrecionalidad por parte de los poderes públicos.
Para el activista, la liberación de quienes permanecen detenidos por motivos ideológicos no debe ser interpretada como una «concesión del poder», sino como un acto de justicia indispensable para cualquier intento de reinstitucionalización en el país.
Obstáculos internos e inestabilidad burocrática
Al ser consultado sobre el retraso en las liberaciones prometidas por las autoridades provisionales, Murillo señaló dos causas fundamentales detectadas por las organizaciones de derechos humanos:
- Pugnas internas: Afirmó que sectores dentro del gobierno ven las excarcelaciones como una «muestra de debilidad» y utilizan al preso político como un «rehén» para enviar un mensaje de control y coerción a la sociedad.
- Caos administrativo: Murillo vinculó las demoras a la inestabilidad generada tras los eventos del 3 de enero (captura de Nicolás Maduro). «Hay mucho desorden administrativo y burocrático; jueces que no estaban en la zona o que no querían aparecer, órdenes y contraórdenes», explicó.
El «modus operandi» de salida
Sobre la disparidad en los números de liberados reportados por diversas ONG, el coordinador de Provea defendió la rigurosidad de las organizaciones, quienes solo informan casos tras contacto directo y verificación de la boleta de excarcelación. Hasta el momento, Murillo confirmó 65 excarcelaciones verificadas por sus redes en el interior del país, incluyendo casos en Ciudad Bolívar, Barquisimeto y Barinas.
Asimismo, denunció una práctica reiterada para evitar la visibilidad de las liberaciones: «Van a evitar los gestos de alegría y la acumulación de personas (…) es una práctica para no tener esa imagen de salida masiva de excarcelados. Para ellos, esta persona es un rehén político que sirvió para inhibir la crítica y aniquilar la disidencia».
Frente a los recientes acercamientos entre la Casa Blanca y la administración interina de Delcy Rodríguez, Murillo fue enfático al señalar que los pactos energéticos o petroleros no solucionan la crisis de fondo.
«Lo energético, lo petrolero y quizás lo migratorio no basta para atender la profunda crisis que atraviesa el país», sentenció. El vocero de Provea concluyó exigiendo que «cualquier proceso de transición» incluya «garantías para los derechos civiles» y la «liberación plena e incondicional» de todos los detenidos.
