El Esequibo es un tema que inquieta a Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Lo ha dicho en público, lo ha reiterado en privado: el país corre el riesgo de una sentencia adversa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A propósito de los 60 años del Acuerdo de Ginebra y del pronunciamiento que hizo el Covri a propósito de la efeméride, Ramírez respondió un cuestionario para contrapunto.com. Sus llamados de atención parecen cada vez más pertinentes en un mundo en el que la legalidad internacional parece haber sido derrotada por los personalismos.
-¿Cuál es el estatus legal de la controversia por el Esequibo?
-Desde 2015, la controversia del Esequibo se adentró en una nueva y delicada etapa. A la muerte del último Buen Oficiante, Norman Girvan –designado por la Secretaría General de la ONU en el marco del Acuerdo de Ginebra–, se sumó el importante hallazgo petrolero en el llamado bloque “Stabroek” otorgado unilateralmente por Guyana a un consorcio liderado por ExxonMobil (con participación de Hess, recientemente adquirida por Chevron, y la empresa china CNOOC) en aguas por delimitar, así como la creciente inestabilidad política de Venezuela y mala imagen internacional de Nicolás Maduro. Guyana aprovechó hábilmente todos estos elementos para impulsar la judicialización de la controversia sobre la Guayana Esequiba o territorio Esequibo. Así, la diplomacia improvisada de Maduro fue vencida por la diplomacia de Guyana apalancada en intereses petroleros, la cual logró persuadir a dos Secretarios Generales de la ONU (Ban Ki-moon en 2016 y António Guterres en 2018) para que eligieran la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como “próximo medio de solución pacífica a ser utilizado para la resolución de la controversia”, en el marco de la función establecida en el marco del Artículo IV (2) del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Estamos convencidos de que dicha función del Secretario General de la ONU se trata de recomendar los medios a ser ejecutados por las Partes y no de imponer una decisión vinculante sobre los mismos, lo cual es propio de órganos arbitrales o judiciales. También estamos convencidos que dicha elección no se ajustaba al espíritu del Acuerdo de Ginebra, y que en cualquier caso, no sustituía el necesario consentimiento que Venezuela debía expresar a la jurisdicción de la CIJ en forma clara e inequívoca. Pero lo cierto es que Guyana aprovechó la situación y presentó una demanda unilateral en la CIJ a finales de marzo de 2018.
La falta de estrategia, los fallos diplomáticos y los errores del equipo jurídico contratado por Maduro hicieron posible que la CIJ adoptara dos decisiones judiciales muy polémicas –que criticamos en su momento– en la fase preliminar –jurisdicción y admisibilidad– del proceso judicial, las cuales constituyeron dos graves derrotas para la posición histórica de Venezuela en el tablero jurídico: (1) en la sentencia de diciembre de 2020, la CIJ decidió que tenía jurisdicción sobre el caso a partir de una revisión –más que una adecuada interpretación– del Acuerdo de Ginebra y la citada elección de la CIJ como medio para resolver la controversia por el Secretario General de la ONU en el marco del mismo; circunscribiendo además la controversia fundamentalmente a los términos alegados por Guyana –es decir, la CIJ decidió que debía determinar primeramente “la validez o no del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899”, y en función de esto, abordar “la cuestión conexa del arreglo definitivo de la disputa sobre la frontera terrestre”; esto último es, como sabemos, lo que Venezuela siempre ha entendido y defendido como la controversia territorial pendiente, en tanto que considera que el Laudo de 1899 es una cuestión que quedó en el pasado con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966; y, (2) la sentencia de abril de 2023, donde la CIJ decidió la admisibilidad de la demanda guyanesa en abril de 2023, en tanto, que estimó sorprendentemente que el Reino Unido no es una parte indispensable como siempre ha sostenido Venezuela, porque a su juicio las Partes al firmarlo no le habían dado ningún rol al Reino Unido, a pesar de ser una Parte del mismo como establece el Artículo VIII del Acuerdo de Ginebra, y haber firmado también el Protocolo de Puerto España en 1970.
Hoy por hoy, nos encontramos en la fase de fondo o méritos del proceso judicial en la CIJ. En este contexto, la CIJ ha indicado que, pendiente de su decisión final sobre el caso, Guyana controla y administra de facto el Esequibo, tal como lo ha venido haciendo desde su independencia en 1966.
– ¿El referéndum nacional sirvió para algo en la disputa internacional?
-En su momento, alertamos que el referéndum sobre el Esequibo si es que iba a realizarse, debía hacerse en años previos y en consenso con todos los actores nacionales relevantes tanto del ámbito político como de la sociedad civil para fortalecer políticamente nuestra posición nacional. En lugar de ello, se hizo después de las sentencias de la CIJ y de una manera muy politizada, afectando lamentablemente la legitimidad de nuestra justa reclamación a nivel externo e interno. El referéndum sólo ha servido para apalancar la posición diplomática del Poder Ejecutivo en nombre de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la CIJ tras las derrotas sufridas en este tribunal internacional.
A esto debemos sumar el choque de jurisdicciones entre la CIJ y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ha sido planteado en la Sentencia Nº 1470 de la Sala Constitucional dictada el 16 de noviembre de 2023, la cual otorgó un amparo cautelar a la celebración del referéndum en respuesta al recurso que interpuso Guyana en la CIJ solicitando medidas cautelares contra Venezuela. Allí se indicó que toda decisión de tribunales y organismos internacionales que atenten contra la soberanía e integridad territorial no tendrán validez en Venezuela. No obstante, estos actos internos a los que se sumaron la aprobación de la “Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba” en 2024 y la celebración de elecciones para elegir a un simbólico gobernador del Esequibo en 2025, han implicado costos políticos. En concreto, la victimización internacional de Guyana y la probable indisposición de los jueces de la CIJ en contra de la justa reclamación de Venezuela.
Más allá de lo señalado, desde la perspectiva del Derecho Internacional, debemos recordar que el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, establece que los Estados no pueden invocar el derecho u actos internos para justificar el incumplimiento de los tratados. Esta disposición recoge el Derecho Internacional consuetudinario al respecto, es decir, es la práctica internacionalmente aceptada, aunque Venezuela no sea Parte de la citada Convención. Por tanto, aunque objetamos la manera en que fue hecha la judicialización del caso, fue a partir del Acuerdo de Ginebra que la CIJ se declaró competente para conocer la controversia del Esequibo. Además, Venezuela como Estado miembro de la ONU es Parte del Estatuto de la CIJ. En suma, el referéndum y los otros actos internos citados no surten efecto jurídico a nivel internacional; y desde una perspectiva política, tampoco han sido utilizados hasta ahora de manera conveniente para Venezuela.
– El Gobierno venezolano ha reiterado que no reconoce la competencia de la CIJ. Pese a ello, ¿el juicio continúa? ¿Qué viene ahora?
-Después de las sentencias de la CIJ ya citadas, el Poder Ejecutivo ha emitido varios comunicados reiterando la posición histórica de Venezuela de no reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ, con una retórica estridente que puede resultar contraproducente. Sin embargo, el juicio continuará con o sin la comparecencia de Venezuela a la parte final del proceso judicial, porque ya la jurisdicción de la CIJ es considerada por la misma res judicata (cosa juzgada). De hecho, el juicio se ha desarrollado más allá del comportamiento zigzagueante del Poder Ejecutivo en nombre de Venezuela, que no compareció y envió un documento fuera de plazo –que fue considerado para emitir sentencia por la CIJ– en la fase preliminar de jurisdicción, luego propició y participó en la fase preliminar de admisibilidad para luego enviar documentos de Contra-Memoria en abril de 2024 y Dúplica en agosto de 2015 dentro de los plazos correspondientes en la parte escrita de la fase de fondo o méritos, sin aclarar si participará en la fase oral del mismo.
Por declaraciones públicas de funcionarios guyaneses ha trascendido que las audiencias orales tendrán lugar próximamente –señalaron que en el mes de mayo de 2026–, y tomando en cuenta los lapsos procesales de la CIJ, podría adoptar su decisión sobre el fondo de la controversia a finales de este mismo año. Hasta ahora no sabemos que ha presentado el Poder Ejecutivo en nombre de Venezuela en la parte escrita de la fase de fondo o méritos mientras proclama al tiempo que no reconoce la jurisdicción de la misma, ni tampoco si se presentará en la parte oral. En cualquier caso, consideramos que el Poder Ejecutivo en nombre de Venezuela debería comparecer a las audiencias orales y prepararlas con expertos nacionales para evitar errores observados en el pasado.
Tampoco se le ha explicado al país las consecuencias de un hipotético escenario adverso en la CIJ que han planteado como probable los propios abogados del Poder Ejecutivo en un evento realizado para conmemorar el 60º Aniversario del Acuerdo de Ginebra que tuvo lugar en la Casa Amarilla el 19 de febrero de 2026 (disponible en: https://www.youtube.com/live/jaoClzO__Ps?si=WH1nS-RSVlcQmsTB); ni cómo podrían lograrse las negociaciones de buena fe en el marco del Acuerdo de Ginebra que ha vuelto a plantear el Poder Ejecutivo como alternativa al proceso judicial en la CIJ en un comunicado el 17 de febrero de 2026, rechazado por enésima vez por Guyana.
En el citado evento de la Casa Amarilla, el abogado español Antonio Remiro Brotons –que forma parte del equipo jurídico contratado por el Poder Ejecutivo–, afirmó que: “con independencia de cuál sea el tenor de una futura sentencia de la CIJ, cuya competencia nosotros negamos y negaremos permanentemente (…) no resolverá el contencioso, añadirá un obstáculo más a la negociación, pero no resolverá el contencioso; el contencioso requiere que las Partes negocien; ojalá que Guyana entre en un discurso inteligente y de buena vecindad, que las Partes se reúnan y negocien, y cuanto antes mejor. Y sin esa negociación, seguimos teniendo un contencioso territorial, tal vez por los siglos de los siglos, pero seguirá ahí cuando nosotros hayamos desaparecido”.
Por su parte, la abogada española María Esperanza Orihuela Calatayud –también miembro del equipo jurídico– reconoció que la CIJ “…se atribuyó la competencia sobre la base del Acuerdo de Ginebra”, agregando que en su criterio, “…si la Corte se ha basado en el Acuerdo de Ginebra lo menos que podría hacer ahora es aplicarlo, y enviar a las Partes a negociar una solución a la controversia fronteriza. Que remita a las Partes a continuar esa negociación. Pero sinceramente no soy muy optimista al respecto”.
Estas afirmaciones fueron más políticas que jurídicas para venir de abogados, incluso insistiendo en argumentos que ya fueron dejados a un lado por la CIJ. Esto puede entenderse en la posición político-diplomática de un funcionario venezolano, pero no en el razonamiento de expertos en Derecho Internacional. Además, fueron muy derrotistas y sin explicar las razones de sus sombrías expectativas respecto a la sentencia sobre el fondo del caso, ni señalar al menos grosso modo qué han presentado en la fase de fondo ante la CIJ, o siquiera tener la humildad de asumir los errores que han cometido a lo largo del proceso judicial. También fueron muy irresponsables al no explicar las consecuencias jurídicas de un hipotética sentencia adversa para nuestro país y hablar de una controversia territorial abierta in saecula saeculorum como si esto resultase conveniente a Venezuela.
Todo esto supone una absoluta falta de seriedad, así como un manejo irresponsable de un asunto de Estado desde el aislamiento, la opacidad y la politización, el cual rechazamos completamente. Como resulta obvio, esto no abona a la necesaria construcción de unidad nacional en un momento tan delicado para nuestra justa reclamación del Esequibo. Hasta ahora hemos sido testigos de un perfecto contraejemplo: cómo no debe ser manejado un asunto de Estado de interés vital para nuestro país.
– Si la CIJ llegase a fallar contra Venezuela, ¿qué significa esto, en los hechos? ¿Venezuela tiene algún mecanismo para apelar?
-Si la CIJ adopta una decisión en términos de justicia, la sentencia debe señalar que el llamado Laudo de 1899 es nulo e írrito. Existen demasiados argumentos y pruebas que lo demuestran. Por ello, no entendemos el pesimismo derrotista mostrado por los abogados españoles que ha contratado el Poder Ejecutivo. Desde el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) hemos urgido al Poder Ejecutivo a que publique los documentos que han presentado en nombre de Venezuela en calidad de Contra-Memoria y de Dúplica, en el marco de la fase de fondo del proceso judicial que se desarrolla en la CIJ (ver declaración: http://covri.com.ve/index.php/2026/02/17/declaracion-covri-sobre-el-60-aniversario-del-acuerdo-de-ginebra/). Lamentamos que no hayan sido consultados los expertos nacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas para la elaboración de dichos documentos de Estado, los cuales esperamos que no tengan debilidades y omisiones importantes, y que estén debidamente acompañados de documentos fehacientes sobre la nulidad del llamado Laudo Arbitral de 1899 y la titularidad histórica de Venezuela sobre el Esequibo, a diferencia de otros documentos enviados en nombre de Venezuela en fases previas del proceso judicial.
Tras haber transcurrido casi dos años de la entrega del primero, y seis meses de la entrega del segundo en la CIJ, el pueblo venezolano tiene derecho a conocer el contenido de estos documentos de Estado. El Poder Ejecutivo habla mucho del referéndum del Esequibo como consulta popular, pero luego en la práctica, maneja la controversia de espaldas a los venezolanos. No se le ha explicado suficientemente a la opinión pública nacional que las decisiones de la CIJ son definitivas, vinculantes e inapelables de acuerdo a los Artículos 59 y 60 del Estatuto de la CIJ. No existe ningún mecanismo o tribunal superior para apelar el fallo. Lo único que podría solicitarse es una interpretación sobre el sentido o alcance de la sentencia a la misma Corte.
Por consiguiente, si llegase a materializarse un hipotético escenario adverso para Venezuela, esto es, una sentencia de la CIJ favorable a Guyana y reñida con la justicia como temen los propios abogados contratados por el Poder Ejecutivo, sería más que un mero “obstáculo” para futuras negociaciones como dijeron, ya que implicaría un cierre de la vía jurídica y una grave afectación a la legitimidad internacional de nuestra reclamación. Por su parte, Guyana tendría una sentencia de la CIJ que confirmaría el llamado Laudo de 1899, con el obstáculo práctico para un eventual desafío de Venezuela a esta decisión judicial de que Guyana, además, controla y administra el Esequibo en los hechos. Es decir, no se trata de un territorio que Venezuela como Estado desafiante vaya a retener; lo único que negaría es su reconocimiento al fallo. Por si fuera poco, Guyana ha logrado construir asociaciones estratégicas con EEUU, Reino Unido, Francia y Brasil.
En tal escenario negativo, Venezuela debería mantener la reclamación en términos políticos, más allá de lo que diga la CIJ, a pesar de los obstáculos prácticos y la enorme debilidad que padece en estos momentos. No obstante, para ello, el Poder Ejecutivo debe dialogar desde ya con todos los actores políticos y sociales relevantes para reconstruir nuestra posición nacional y lograr una unidad a largo plazo en torno a la misma. Asimismo, en este escenario hipotéticamente adverso, Venezuela tendría que persuadir a Guyana de que las controversias pendientes (terrestre y marítima) sólo se abordarán en adelante con un enfoque integral en el marco de mecanismos de solución pacífica de controversias político-diplomáticos, siguiendo los principios de reparación histórica, equidad, respeto a la delimitación marítima Trinidad & Tobago-Venezuela, solución mutuamente satisfactoria, salida directa y sin interferencias de ambos Estados al Océano Atlántico y prosperidad compartida. No obstante, debemos tener claro que esto no sería una tarea diplomática fácil con una Guyana envalentonada y una Venezuela tutelada en el corto y mediano plazo. Esperamos que el escenario adverso para Venezuela que hemos analizado no llegue a materializarse, pero de llegar a ocurrir, debería acarrear responsabilidades políticas. En cualquier caso, el tribunal de la historia juzgará a los responsables.
– Venezuela es, en este momento, un país tutelado por EEUU. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la controversia por el Esequibo? ¿Se van a imponer los intereses de Estados Unidos?
-Lastimosamente, Venezuela se encuentra en una situación de tutelaje externo que es inédita en nuestra historia como nación independiente. Esto ha sido visto por algunos como una situación que fortalece la seguridad de las inversiones de las empresas estadounidenses en Guyana, al debilitar la capacidad de Venezuela para ejecutar hipotéticas acciones que puedan cambiar unilateralmente el statu quo en el Esequibo y las áreas por delimitar, o para desafiar las decisiones de la CIJ. Recordemos que los actos políticos internos efectistas que realizó Nicolás Maduro en los últimos años, desde el referéndum en 2023 hasta la elección de un gobernador para el Esequibo en 2025, fueron denunciados por Guyana como una supuesta escalada tendiente a una agresión inminente de Venezuela, presentando sendas solicitudes de medidas cautelares ante la CIJ.
Por otra parte, desde 2015, Washington fue cambiando su posición de neutralidad hacia la controversia que había sostenido desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Con la primera Administración Trump (2017-2020), EEUU pasó a apoyar abiertamente a Guyana y llegó a concluir un acuerdo de cooperación en materia de seguridad en septiembre de 2020. Durante la Administración Biden hubo declaraciones que indicaron el apoyo de EEUU a la decisión que pueda tomar la CIJ respecto a la controversia. Con la segunda Administración Trump, el acuerdo de cooperación en materia de seguridad fue profundizado en diciembre de 2025.
En consecuencia, cabe esperar, que la Administración Trump utilice su actual influencia sobre el Poder Ejecutivo de Venezuela para intentar que acepte el fallo que la CIJ emita en la fase de fondo o méritos, o al menos que no lo desafíe en los hechos de serle el fallo adverso, más allá de la narrativa diplomática que pueda adoptar.
– Si Guyana gana el juicio, ¿cuál podría ser su próximo paso?
-Más allá del rechazo de Venezuela a una hipotética sentencia de la CIJ de este tenor, Guyana exigiría la aceptación de la misma recurriendo al Consejo de Seguridad siguiendo el Artículo 94 de la Carta de la ONU que establece que cada uno de los Estados miembros de la ONU “se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”. En tal escenario adverso para nuestro país, e incluso si la diplomacia venezolana lograse evitar una resolución del Consejo de Seguridad que haga recomendaciones o dicte medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo de la CIJ, lo cierto es que, como indicamos, Guyana seguiría controlando y administrando el Esequibo en la práctica y nuestra reclamación tendría una menor legitimidad internacional. Es decir, nos quedaríamos protestando en la absoluta soledad.
Asimismo, podemos esperar que la jugada subsiguiente de Guyana sea retomar la pretensión de poner en cuestión nuestra salida al Océano Atlántico a partir de la proyección del Delta del Orinoco. Probablemente, daría autorización para que buques de prospección petrolera realicen actividades en la zona del bloque Stabroek que se extiende inamistosamente hacia nuestra Fachada Atlántica, a sabiendas de que la Armada venezolana los detendrá y así poder victimizarse como ocurrió con el Teknik Perdana en 2013 y con el Ramform Tethys en 2018. Todo esto, para recabar apoyos internacionales e intentar judicializar también la controversia marítima.
Recordemos que la controversia marítima, que es otra controversia conexa pero distinta a la controversia terrestre, es lo que más interesa a Guyana en estos momentos, dadas sus ambiciones petroleras. Empero, la sentencia de 2020 no extendió la jurisdicción de la CIJ sobre la misma –uno de los pocos elementos rescatables de esta decisión judicial polémica. Hoy por hoy, con cuatro proyectos operativos en áreas marinas y submarinas por delimitar, Guyana alcanzó una producción de 892 mil barriles diarios en diciembre de 2025. Esto es un monto casi igual a lo que produjo Venezuela, según fuentes secundarias.
En conclusión, Guyana ha emergido, 60 años después de su independencia, como un Estado petrolero enemigo de Venezuela, a pesar de la generosidad venezolana al otorgarle reconocimiento inmediato en 1966 y desplegar acuerdos de cooperación que le beneficiaron grandemente a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la clase política de Guyana debería ser consciente de que la geografía no puede cambiarse, y que no es una buena política ser un mal vecino, ya que esto puede alimentar futuros revanchismos. El Mundo da muchas vueltas.
– ¿Qué pierde Venezuela si se pierde el Esequibo?
-Como indicamos, más allá de lo que decida la CIJ, Venezuela debe reconstruir la unidad nacional para mantener nuestra justa reclamación en términos políticos. No obstante, vale la pena considerar la pregunta planteada en relación al alto valor estratégico del Esequibo. El Esequibo es un inmenso territorio de aproximadamente 159.500 kilómetros cuadrados, el cual, por sus inmensos recursos, es clave para las próximas generaciones de venezolanos. Es decir, representa aproximadamente un quinto del territorio nacional. Para que tengamos una idea, el Esequibo es más grande que nuestra región andino-costera, y tiene un tamaño similar al estado de Florida de EEUU. Un 84% del Esequibo está cubierto de selva tropical que forma parte de la Amazonia, pulmón vegetal clave para el futuro de la Humanidad. Allí, se estima se concentra alrededor del 5% de la biodiversidad del planeta y grandes reservas de agua dulce. Existen muchos saltos de agua con gran potencial hidroeléctrico; por ejemplo, en el río Mazaruni, y de gran belleza y potencial turístico; por ejemplo, las cataratas Kaieteur en el río Potaro. Posee reservas de oro que se estiman en 35 mil millones de dólares, y reservas de diamantes que se estiman en alrededor de 5 mil millones de dólares. Se estiman también grandes yacimientos de minerales críticos, que son claves para la Cuarta Revolución Industrial y la transición energética en la cual nos encontramos, tales como: tierras raras, coltán, litio, torio, uranio, bauxita, cobre y arenas de silicio. Una transición industrial y energética para el país y para América Latina necesitará estos minerales.
Por otra parte, sus costas al norte nos permitirían ampliar nuestra salida libre al Océano Atlántico. En las áreas marinas y submarinas por delimitar a partir del Esequibo, ExxonMobil ha encontrado hasta ahora, 11 mil millones de barriles de petróleo equivalente de buena calidad –en su mayor parte, petróleo liviano– que Venezuela necesita como diluente de su petróleo extra-pesado y para generar productos petroleros (como gasolina y aceites) para el mercado interno. En suma, recuperar el Esequibo es clave para el futuro de Venezuela como actor importante en la geopolítica mundial.
