La polémica desatada por la propuesta de Nayib Bukele, mandatario salvadoreño, de “canjear» a los 252 venezolanos deportados de Estados Unidos y que están la cárcel de máxima seguridad en San Salvador, ha recibido respuestas de diversos sectores en Venezuela.
Como era de esperarse Miraflores, el Ministerio Público, Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y sus aliados rechazan que se comparen los casos.
Los dirigentes opositores cuestionan, unos más cerca de los planteamientos del Gobierno de Maduro, otros con una posición cuestionadora en ambas direcciones, pero al final de la historia, confrontan el planteamiento.
Desde Contrapunto.com quisimos ver la interpretación de un actor que ha estado en el terreno donde se debate la inocencia o culpabilidad de quienes han sido juzgados en Venezuela, y también de muchos que enfrentan, en medio de denuncias de irregularidades procesales, una justicia señalada de ser “opaca”, por decir lo menos.
Por eso consultamos a Joel García, quien ha sido abogado defensor en casos como el de Juan Requesens y el de Roland Carreño, pero que también ha denunciado que le ha sido impedido el derecho de juramentarse como abogado de confianza de varios ciudadanos privados de libertad que son considerados presos políticos.
LOS PRESOS NO SON MERCANCÍA
Al encontrarse con nuestra pregunta García responde con vehemencia: “Lo primero que debo decirte como abogado, como activista en la defensa de los derechos humanos y defensor de presos políticos en Venezuela es que yo rechazo categóricamente el ofrecimiento de canje de prisioneros”.
“Los prisioneros no lo podemos ver como objetos, como cosas, como mercancía, son personas que, indiferentemente que hayan, o no hayan cometido delito se les debe el respeto a sus derechos fundamentales, sus derechos humanos”, indicó el defensor de derechos humanos.
Enseguida vira su mirada hacia lo que ocurre con los más de 200 venezolanos que fueron deportados de los Estados Unidos a El Salvador.
“Si bien es cierto que algunos de ellos pudieron haber cometido delitos en los Estados Unidos, no entendemos por qué tienen que estar en El Salvador, partiendo del principio de territorialidad. Si cometieron delitos en Estados Unidos deberían estar siendo juzgado en Estados Unidos o presos en Estados Unidos y no en El Salvador”, explica el hombre de leyes.
En este momento de su argumentación se detiene y toma la distancia de quien trata de leer el contexto y señala la posibilidad de que “quizás haya convenciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos y El Salvador ha brindado como centro de reclusión sus cárceles eh en ese país”.
“Pero igualmente sabemos que allí hay venezolanos que no han cometido delito alguno y, aún cuando lo hayan cometido, no se le está siguiendo un debido proceso, porque no se le está juzgando, es decir, fueron condenados primero sin investigar, sin juzgarlos primero. Fueron condenados sin haberles realizado un juicio previo y el debido proceso, eso es condenable”, sentencia García.
Al evaluar la intencionalidad de la propuesta, el activista es tajante al emitir su juicio: “No veo que eso sea como tal una medida humanitaria”.
“Una medida humanitaria daría la libertad a todos aquellos venezolanos que, sin tener un proceso justo, sin tener un juicio, estén allí”, señala el abogado.
Esta idea no se queda allí y agrega que no se sabe en qué condición están los venezolanos en El Salvador, “si pagando una condena o como secuestrados, como rehenes, y pareciera que fueran rehenes cuando se está ofreciendo su canje”.
Revisamos las posibles interpretaciones en el plano de las relaciones internacionales y García reflexiona al respecto indicando que “si bien es cierto que el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional humanitario, permite el canje de prisioneros, pero es en situaciones de guerra”.
“Eso lo establece el la Convención de Ginebra, cuando países están en conflicto, en conflicto bélico y tienen prisioneros, es factible que por razones humanitarias se puedan canjear los prisioneros. Este no es el caso de Venezuela y El Salvador”, expone.
MIRANDO HACIA DENTRO
Un hombre que se asume abogado defensor de presos políticos no puede mirar este evento de forma aislada y señala que en Venezuela también tenemos una gran cantidad de detenidos que obedecen a razones de naturaleza estrictamente política”.
“Sabemos que quizás haya unas personas que cometieron delitos, pero la inmensa mayoría están siendo juzgadas, entre comillas, porque están presos por simplemente ser miembros de una mesa, ser testigos de mesa electoral, otros por ser dirigentes políticos, otros por pertenecer a una corriente política”, advierte.
En este momento esgrime su experiencia en terreno: “Quien te habla en este momento lo conoce muy bien, de cerca, porque ha sido defensor de muchos de ellos y a otros que he tratado de ser su defensor, no se ha permitido”.
Reconoce que Venezuela como gobierno ha condenado la oferta y señala que el comunicado del Ministerio Público, que plantea cuatro interrogantes al gobierno de Bukele, que considera que son a lugar.
“Se le pregunta si esos venezolanos que están presos en El Salvador se les había permitido designar abogado; que, si a esas personas habían sido presentadas ante un tribunal, un órgano jurisdiccional; que si a esas personas -una vez detenidas se les había permitido tener comunicaciones con sus familiares o abogados de confianza, y también creo que planteaba saber cuáles delitos habían cometido”, enumeró García.
Al analizar las preguntas, el activista reflexiona y señala que “esas cuatro interrogantes, también caben perfectamente hacérnoslas aquí en Venezuela”.
“Si preguntamos acá, si los venezolanos detenidos por razones de naturaleza política se les ha permitido designar su abogado de confianza, la respuesta es tajantemente no”, sentencia García y agrega: Yo he intentado la defensa de varios de ellos ante los tribunales de control y los tribunales de control ni siquiera no han admitido. Ni siquiera nos han recibido la designación por su parte de sus familiares”.
Al explicar el proceso que ha seguido como defensor que aspira juramentarse en el caso señala que en los tribunales “lo que nos dicen es que debemos ir al SEBIN o la DGCIM a recabar la firma de esos presos y la designación”.
“Esto sucede cuando sabemos que ni siquiera los familiares han podido ingresar ni a ver ni tener contacto con ellos”, explica el abogado.
Al revisar el cuestionamiento que se hace Bukele sobre si los venezolanos habían sido presentados ante un tribunal, García asegura que existen “venezolanos que están presos, aquí en Venezuela, y sabemos y conocemos que han sido presentado en tribunales, pero bajo cargos que no han cometido, bajo delitos que no han cometido y además muchos de ellos fuera del lapso establecido en la Constitución”.
“Los han presentado posteriormente a las 48 horas que establece la Constitución. Sé de casos que los han presentado hasta meses después de haber sido aprehendidos”, relata el abogado defensor penalista.
Sobre la exigencia legítima que se hace a la administración Bukele sobre el derecho que tienen los familiares a tener contacto con los detenidos, hace algunas comparaciones con la realidad local.
“Hay ejemplos de estos casos como el de Roland Carreño, Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Luis Somasa, Perkins Rocha que no ha sido vistos por sus familiares. Nombré personas conocidas del mundo político, pero hay una gran cantidad de personas que, porque no tener esa relevancia política, no se conocen. Hemos visto como una madre lloraba en redes sociales porque su hijo fue detenido en el Táchira y, a esta hora, no lo ha podido ver y no sabe ni siquiera los cargos que se le imputan”, alerta el activista.
Para cerrar su explicación señala que “todas esas interrogantes que se le hacen al gobierno de Bukele, si las aplicamos aquí a lo interno la respuesta es no”.
Asegura que la asignación de un defensor público en Venezuela no implica que “verdaderamente se estén defendiendo o que puedan defenderse los presos políticos”.
“A ellos no se le ha permitido promover medios de prueba. A ellos no se le ha permitido impugnar decisiones adversas a ellos. A ellos no se le ha permitido tener contacto con sus familiares o abogados de confianza. A ellos a ellos no se le a ellos no se le ha permitido absolutamente nada de eso”, alerta el abogado.
Señala que el gobierno de Bukele y el sistema judicial venezolano “están violando el debido proceso, el derecho fundamental, el derecho humano. Ahora, la solución o no es el canje de prisionero, esa no es la solución ni para El Salvador ni para Venezuela”.
– ¿Cuál es la solución?
– La solución tanto para El Salvador como para Venezuela es cumplir con los estándares de los derechos humanos, con esos pactos y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Cumplir con la Constitución, es decir, que haya un Estado de derecho pleno donde los Poderes Públicos estén supeditados a la Constitución y a la ley. Esa es la verdadera solución.
Insiste en la idea de que “si se pone en vigencia la Constitución y la ley, esos venezolanos no deberían estar presos y los que deberían estar presos, por una u otra razón podían tener su defensor de confianza”.
“Hay un caso muy emblemático, el del joven Wilder Vázquez. Ese joven fue condenado a cinco años de prisión por el caso de magnicidio frustrado. Cinco años que ya cumplió con estando preso, es decir, ya tiene más de 1 año de más preso y todavía sigue tras las rejas, a pesar de que un juzgado de control tiene sus manos en el expediente que sabe que cumplió la condena y no se le ha dado la libertad”, comenta García a manera de ejemplo de sus argumentos.
Finalmente, Joel García señala que “no hay violaciones a los derechos humanos buenas y violaciones a los derechos humanos malas porque no va a depender de quién las viole. Los que defendemos derechos humanos, defendemos esos derechos sin importar el gobierno que las viole”.
