Al escuchar al diputado Félix Freites, dirigente de Fuerza Vecinal y subjefe de la fracción parlamentaria Vamos, Vamos Venezuela, queda claro que el día venezolano necesita 48 horas en vez de 24, a fin de que el tiempo alcance para todo lo pendiente.
Lo pendiente es mucho, y luego de los sucesos del 3 de enero (el ataque de Estados Unidos, la salida por la fuerza del mandatario Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores), parece que todo se aceleró. Las renuncias del fiscal y del defensor son vistas por Freites como una oportunidad. «Venimos participando en el comité de postulaciones del fiscal general de la República y el defensor del Pueblo», subraya.
-¿Puede haber un acuerdo para que haya una figura realmente distinta?
-Sí, yo creo que la salud del país, la salud de la democracia nos exige la búsqueda de figuras, de rostros potables para todos los sectores de la vida nacional; gente de comprobada trayectoria, de comprobada reputación y, sobre todo, gente que no amenace a nadie: que no pueda simbolizar o implicar que se puedan convertir en símbolo de persecución para un lado o para el otro.
-¿Y hay gente que pueda cumplir ese perfil?
-Yo creo que sí. Conozco a dos profesores universitarios que son de las dos tendencias políticas. Uno es chavista y uno es opositor, pero son dos personas con las credenciales necesarias, que tienen el reconocimiento de toda la comunidad universitaria, de sus vecinos, porque son personas probas, honestas, preparadas. Bueno, ese es el perfil que necesita Venezuela en este momento. Perfiles de consenso, que muestren que estamos en manos de pacificadores. Yo creo que la gran figura estelar del momento político que estamos viviendo son personas que realmente tengan la capacidad de pacificar y de acercar las instituciones a todos los ciudadanos, comenzando por los más pobres. Había gente que decía: «Pero es que no podemos nombrar defensores privados». Bueno, ¿quién puede nombrar un defensor privado? Nadie. Nadie puede pagar. Nosotros tenemos que enfocar la mirada en quien tenga la sensibilidad social y humana necesaria para comprender que debes tener un aparato del Estado que atienda a los más humildes, para que una señora que tenga un proceso penal con un hijo no tenga que vender su casita
-Pero eso o trasciende del defensor y del fiscal.
-No, pero fíjate que con esos nombramientos se puede oxigenar y se puede dar un vuelco, porque estas figuras tienen el compromiso, sobre todo el fiscal general de la República, de crear una estructura abierta al ciudadano; que la gente vea que para pedir justicia no necesariamente debes tener un abogado privado, o que venga un escritorio jurídico que te cobre un dineral que no tienes, o que te quite la casa o te quite el carrito. Necesitamos fiscales que comprendan que ellos, como operadores del sistema de justicia, tienen que facilitar y hacer todas las diligencias necesarias para esclarecer la verdad, pero para facilitar principalmente a los más pobres. ¿Quién tiene la capacidad hoy día de contratar los servicios privados en medio de la crisis económica en la que estamos?
-Usted habla de las figuras pacificadoras. ¿Eso es posible en este contexto en el que estamos con Estados Unidos?
-Es muy difícil, pero es indispensable, porque el conflicto político a los primeros que no les conviene es a aquellas inversiones extranjeras que pretendan instalarse aquí. Si nosotros queremos que esa inversión se instale, genere empleo, genere impuestos, genere regalía y genere estabilidad económica tenemos que darle condiciones y que nos permitan tener a comunidades como los pensionados, atendidos; a comunidades de trabajadores y obreros, asistidos. Que las mujeres, madres, representantes de las escuelas públicas puedan sentir que el sistema educativo puede ser similar al de la escuela privada que cuesta 300, 400 o 1000 dólares. Nosotros necesitamos gente que pacifique y que le dé la tranquilidad a la gente de que puede ir a un ambulatorio o a un hospital, y no se va a encontrar con una pared que le va a decir «mira, para poder asistirte tienes que traerme una cantidad determinada de medicamentos o de insumos». Nosotros vemos con preocupación que termina siendo vulnerado el derecho a la salud. Cuando vemos que hay un avión que está llegando con insumos médicos, bueno, necesitamos que esos insumos médicos se vean reflejados en los principales hospitales del país.
-Pero no se ve el dinero, no se ve la bonanza todavía.
-No se ve la bonanza porque estamos metidos dentro de un proceso en el que hay un control de los fondos que son producto del ingreso petrolero, que está controlado por la OFAC; esa es la verdad. Nosotros estamos muy conformes con lo que ha ocurrido con la emisión de algunas licencias que permiten ver un panorama un poco más claro y un poco más alentador, pero yo te voy a decir algo como venezolano: Debo hacer un exhorto a que las autoridades americanas terminen de hacer el levantamiento de las sanciones, porque nosotros necesitamos tener un proceso transparente. Es como que tú tengas una farmacia, y al de la farmacia tú le bloquees el sistema administrativo que le permite controlar su inventario, declarar sus impuestos o pagar la nómina, y entonces le dices, «No, ahora vas a funcionar con un cuaderno y una calculadora».
-Pero, ¿cómo se levantan las sanciones? Porque parece que no es tan sencillo.
-Hay una buena señal con estas licencias que han emitido. Ya empiezan, por ejemplo, a autorizarse la entrada de insumos para la reparación de nuestra infraestructura petrolera. Se empieza a autorizar el pago de fletes al Estado para tramitar la salida o el zarpe. Pero siempre son poco a poco, y necesitamos que ahí se cree una mesa de trabajo con todos los sectores de la vida nacional presenciando una nueva relación más abierta, más transparente, donde las instituciones del Estado también puedan tener presencia. Es decir, yo soy opositor a la presidenta Delcy Rodríguez, pero yo aspiro a que la presidenta pueda gobernar, pueda ajustar el salario, pueda cumplir con la responsabilidad que tiene en este momento. Si nosotros no vemos la posibilidad de que exista la capacidad del Estado, pues estamos amarrados de manos. Necesitamos recuperar la república, y recuperar el estado de derecho pasa porque haya instituciones confiables, con gente nueva, con personas frescas que vengan a sumar con sinceridad. Que tú digas: «Vamos a buscar a un rector de la universidad determinada para que se encargue de un ministerio». El gobierno debe dar señales. Es indispensable que se den señales claras de un nuevo modelo de gestión pública en el que estén reflejados todos los sectores de la vida nacional; que se tomen decisiones poniendo por delante, no los intereses de un partido o de una tendencia, sino poniendo por delante los intereses de la gente. Que podamos gobernar. Los alcaldes que son opositores, en nuestro caso, tienen que gobernar para los chavistas, independientes, opositores y para todo el mundo.
-¿Cuáles serían esas señales?
-Nosotros tenemos que ver el acceso a bienes y servicios, la recuperación de todo lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio de gas, el acceso a beneficios sociales como los alimentos y las medicinas. Nosotros tenemos un ejemplo, gracias a Gustavo Duque, en Chacao, donde llevamos medicinas a los sectores más vulnerables. Entre todos tenemos que construir un Estado descentralizado, donde el poder central centralice los problemas básicos del ciudadano en alcaldías y en gobernaciones. Entonces, ¿por qué tú tienes que tocarle la puerta para decir «no me llegó el alimento, no tengo la medicina, se fue la luz, se me acabó el agua potable?». ¿A quién le dices eso cuando estás metido en una zona rural del estado Apure? Necesitamos comprender que la descentralización hay que recuperarla, que hay leyes como la ley de asignaciones especiales que permitían que una porción de los ingresos que entraban producto de la renta petrolera se desconcentraba en los estados y en los municipios. Eso está desaplicado con la crisis económica. Tendría que aplicarse la norma, pero ahorita estamos entrando en un proceso donde supuestamente vamos a tener cuentas claras y casadas desde el punto de vista contable con el presupuesto público.
Amnistía económica
Freites plantea reformar la Ley Orgánica de Precios Justos como parte de una amnistía económica.
-¿Cuántos artículos habría que cambiar?
-Hay que hacer una reforma profunda de la ley. Incluso, hay un proyecto que le cambia hasta el nombre a la ley, y la llama ley para la defensa y protección de los derechos socioeconómicos. En todo caso, se pretende quitar las sanciones penales o reducirlas a lo que llaman delitos menores, que son delitos de menos de 8 años, y que no necesariamente eso implique que vas a ir para eso. Claro, vas a tener que asumir una responsabilidad administrativa, con multas: la multa que sea necesario imponer para aquella persona que juegue con el consumidor o con el usuario; es decir, que haga una oferta engañosa, o que estafe, o que le genere algún fraude a la comunidad que consume un determinado bien o un determinado servicio. Pero más allá de eso, nosotros debemos comprender que los precios debe fijarlos la ley de la oferta y la demanda. Nosotros necesitamos muchos productores, que se impulse la producción nacional, que haya muchas ofertas para que los emprendedores y el comercio compitan en función de la mayor herramienta que te da una ventaja, que es el precio bajo.
-Pero con esos salarios no hay no hay cómo llegar. ¿Qué propuesta tienen en materia salarial, o qué piensan que habría que hacer?
-Hace falta también una reforma de las leyes que regulan el sistema de seguridad social de los trabajadores. Ya hay análisis económicos que muestran cifras complicadas, capaces de darle inestabilidad incluso al sector público. Yo creo que de primera mano lo que tenemos a la vista para resolver el tema de los ingresos de los venezolanos es la renta petrolera, lo que nos hace falta es terminar de ver qué son, cómo entran, cómo se comen.
-Usted habla de amnistía económica. ¿Cómo concibe esa amnistía económica? ¿Qué elementos debería incluir?
-Va con la reforma de la ley de precio justos. Cuando a un delito como la especulación, el acaparamiento o la usura le rebajas las penas, que eran penas superiores a 10 años, a fin de que puedan cumplirse sin necesidad de estar preso, ese beneficio automáticamente hace que la gente entre en un estado de tranquilidad procesal distinto. Aunque tengas que enfrentar un proceso, el proceso no implica que vas a ser privado de libertad. Eso calma un poco las tensiones. Recordemos que, cuando esa ley se aplicó, a veces no había ni siquiera criterios contables para la fijación de estructuras de costos, y entonces hubo gente vinculada a procesos penales que, al ver el riesgo de ser privada de libertad, se fue del país. Ahí hay una amnistía económica: cuando rebajas la pena, o la desapareces y la conviertes solo en una sanción administrativa, y aplicas este principio que beneficia a la persona procesada con la ley que más le otorga beneficios, eso permitiría avanzar a una amnistía económica. También los casos de dirigentes sindicales que han emitido algunas opiniones que quizá pudieron interpretarse en algún momento como métodos para generar inestabilidad política, o amenazar la estabilidad del Estado. Bueno, debemos buscar cómo esas personas pueden no solo ser perdonadas, sino reinsertarse en su actividad sindical. Incluso, esa ley debe ir casada también con la Ley Resorte, para que los medios de comunicación sirvan como canales para canalizar la denuncia de trabajadores.
-Cuando habla de la ley resorte y de los sindicalistas, ¿lo ve como parte de la amnistía. ¿Cómo lo ve?
-Sí, bueno, creo que es parte del proceso. Lo primero, más allá de la ley, es la voluntad política que haya de perdonar, de conciliar, de respetar, de entender que aunque haya un perdón a un determinado hecho, eso no implique tampoco que se va a reincidir en el hecho cometido. Creo que en el país, y eso lo han demostrado los hechos después del 3 de enero, nadie quiere conflicto. Yo no he visto la primera marcha de gente buscando destruir. La gente lo que quiere es un proceso de pacificación que le garantice un nuevo oxígeno a nuestra economía.
-El proceso de pacificación, además de la Ley de Amnistía, la reforma de la ley de precios justos, ¿qué más debería incluir?
-Yo creo que debería incluir el tema de minas. Nosotros debemos generar todas las condiciones necesarias para que el emprendimiento, la pequeña y mediana empresa se atrevan a montar un pequeño café en un local comercial; se atrevan a comercializar en un mercado frutas, hortalizas, carne o queso, porque ese motor pequeño de la economía también es vital para devolverle a la gente la tranquilidad de que su trabajo es capaz de generar riqueza.
-¿Qué tanto puede ayudar la Asamblea en esta dirección?
-Tenemos la obligación de ejercer control político sobre el Ejecutivo. Yo creo que nosotros lo que podemos hacer es nuestro trabajo; hacer nuestro trabajo con confianza, con tranquilidad. Que se demuestre que hay la pluralidad de ideas dentro de un Parlamento capaz de ponerse de acuerdo cuando se trata de defender los intereses de los venezolanos. Que pongamos por delante la agenda social, más allá de la agenda política; que pongamos por delante la recuperación económica, que pongamos por delante al ser humano. Que entendamos que los alcaldes, sean de la tolda que sean, son autoridades responsables a las que hay que transferirles la cantidad de recursos necesarios para que pueda acercar el servicio público al ciudadano, y que no tenga una persona que viajar desde el estado Aragua, Bolívar o Zulia hasta Caracas para hacer un trámite.
-¿Cómo sería la restitución de los recursos a las regiones? ¿Por qué vía lo ve?
-Nosotros vemos que el Consejo Federal de Gobierno debe reinstitucionalizarse; debe hacerse un llamado a todos los alcaldes y gobernadores para que se ocupen, y debe pensarse en la descentralización, en la desconcentración de algunos servicios públicos como el agua y la electricidad. Hay que desconcentrar eso y crear una infraestructura, pero que sea manejada por unas autoridades locales que estén realmente comprometidas. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Chacao, el caso de Baruta y de Lechería, donde se logró renovar el sistema de luminarias de las vías públicas aunque no era competencia de la alcaldía. En algunos casos se logró que el poder central mandara solo los materiales, y los municipios se encargaban de la instalación del producto y del mantenimiento. Alianzas como esas tienen que empezar a producirse. Tenemos que comprender que la Constitución debe estar por delante de todo. Cuando vemos figuras, por ejemplo, como la comuna… Bueno, cualquier forma de organización comunitaria es válida, pero respetemos las instituciones creadas para hacer las políticas públicas. Los municipios deben bajar impuestos para que a la gente le sea más atractivo y más fácil pagar los impuestos. Son medidas que hay que tomar.
-¿Forma parte de la amnistía económica la revisión tributaria?
-La revisión tributaria. Hay un trámite que es la verificación de las ordenanzas de zonificación, algo que llama la conformidad de uso, que es que tú puedes o no montar un determinado negocio en un determinado sitio. Bueno, cuando tú la pedías en cualquiera de las alcaldías, la alcaldía mandaba un fiscal a ver cuáles eran las condiciones de tu local. Y de repente en ese local construyeron una pared que no estaba en el plan de construcción, y era la excusa para decirte que no te pueden dar la conformidad de uso, por lo que no podías tener la licencia de actividad económica; es decir, eras ilegal o desertaba de la idea. Claro, todo eso es una lucha contra la burocracia que hay que emprender desde el nivel local hasta el nivel nacional. Hay países donde la gente puede crear una empresa con solo meterse en una computadora, pagar un impuesto sin hacer una cola en un banco. Nosotros tenemos que ir hacia la digitalización, y que las herramientas tecnológicas faciliten, que no tengas que utilizar gestores o intermediarios para poder resolver un problema cuando te encuentras con las trabas burocráticas. Esa es una lucha de todos: el blanco, verde, rojo. Todos debemos apuntar a que haya reformas en leyes como la ley de aceleración de trámites, pero más valiosa que la ley es la voluntad política. Nosotros vemos que, por ejemplo, estaba aprobándose la ley de amnistía y ya iban saliendo presos políticos, porque cuando hay voluntad no hace falta otra cosa sino ponerse de acuerdo en resolver los problemas.
-¿Elecciones presidenciales, generales? ¿El regreso de María Corina Machado?
-Creo que estamos en un proceso que pasa por la renovación de las instituciones, por generar confianza en todas las instituciones. Pienso que va a llegar el momento cuando estén creadas las condiciones para que el que está afuera regrese, para que el que está desorganizado se organice, para que el que está aquí gobierne y mande un mensaje de cuál es su propuesta de renovación o cambio. Creo que va a llegar el momento de eso, pero creo que antes de eso está la reinstitucionalización de los poderes públicos, como se viene produciendo de forma natural.
