Los pensionados reciben 400 mil bolívares al mes, que alcanzan para medio cartón de huevos. Edgar Silva, coordinador del comité de derechos humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, exige que las pensiones sean iguales al costo de la canasta básica
A Edgar Silva le tocó recibir los cañonazos de líquido que lanzaban los vehículos de la represión de “la Cuarta República” contra los abuelos que protestaban. Era el segundo gobierno de Rafael Caldera y a los pensionados que exigían un ingreso mayor los recibían con agua. Con la llegada del presidente Hugo Chávez, al Palacio de Miraflores, los abuelos lograron llegar a la sede del Ejecutivo y ser escuchados. Pero esos tiempos quedaron atrás.
“El presidente fallecido Chávez nombró una comisión presidencial en la que resolvimos varios temas y avanzamos” en áreas como la homologación de la pensión al salario mínimo, comenta Silva en entrevista con contrapunto.com. No falta el contraste con el ejecutivo actual. “Con Maduro ha sido todo un retroceso: No nos ha recibido, nos coloca a la Guardia Nacional cada vez que intentamos ir a Miraflores”.
Vuelve la comparación: “Cuando fuimos en 1999 a Miraflores, una marcha a Miraflores recién llegado el presidente Chávez, nos recibieron con las puertas abiertas, nos reunimos con él. Ahora Maduro nos coloca a la Guardia Nacional en las puertas del Seguro Social para que la marcha no salga. Y si sale, no pasamos de Puente Llaguno: atraviesan allí la policía, la Guardia Nacional, para no dejar pasar a unos señores mayores que no tienen armamento de ningún tipo; lo que tienen es su dignidad, que está siendo pisoteada”.
Silva hoy coordina el comité de derechos humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad. Mantiene su lucha: los pensionados “necesitan un sistema de seguridad social que les dé bienestar, que les dé salud, que les dé ingresos dignos, que les dé recreación, que les dé vida espiritual y cultural”.
Un adulto mayor, prosigue, “no solo requiere un ingreso importante, que mantenga el ritmo de vida” y adquirir medicinas y alimentos. “Necesita más que eso; necesita recreación, necesita cultura, necesita sistema de salud”. Es, en síntesis, “una atención integral”.
El ingreso debe ser lo que establece la Constitución: igual al costo de la canasta básica familiar, que ya superó los 100 millones de bolívares. Por eso, advirtió, “un pensionado con 400 mil bolívares está condenado a morirse. No puede comprar alimentos, no puede comprar medicinas”.
Los 400 mil bolívares, insiste, “no son pensiones; son ayudas económicas que les está dando el gobierno a nuestros adultos mayores que se pensionaron” y que cotizaron en un sistema de seguridad social que, mal que bien, funcionaba.
Según cifras oficiales hay cerca de 5 millones de pensionados “que reciben esa ayuda” de 400 mil bolívares, entre los que cotizaron y los que no cotizaron. Al menos un millón de adultos mayores deben estar fuera, calcula Silva. “No tenemos cifras. Hay opacidad en la información por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”. Anteriormente hasta se publicaban las listas; hoy no hay manera de saber esa información.
La pensión debería ser de 100 millones de bolívares: “Para eso estamos luchando”. Pero también se podría llevar al costo de la canasta alimentaria: 50 millones de bolívares.
Lo de hoy ya ni siquiera es una lucha por una pensión digna, enfatiza. “Es una lucha por conseguir alimentos” y medicamentos.
Los bonos que otorga el gobierno, afirma, “son bonos miserables, que no resuelven el problema del alto costo de la vida”, y encima “no les llegan a todos los adultos mayores” porque para recibirlos “deben someterse al sistema Patria, que es un sistema de control” social y político. Para optar a la política social solo se debería pedir la cédula de identidad, pero el gobierno de Maduro lo condiciona al carnet de la patria, deplora. “Y con la amenaza de que si reclamas, si protestas, te quitan la bolsa CLAP y te quitan los bonos. Esos programas son excluyentes y no resuelven el problema”.
La bolsa CLAP “cada día trae menos productos, especialmente arroz, pasta, harina… pero ¿qué hacemos con los vegetales? ¿Con las frutas?”. Además, se acaba en una semana, y con suerte la entregan una vez al mes. “No es una solución. Son dádivas”.
Los adultos mayores en Venezuela sufren las penurias conocidas. Los pensionados venezolanos en el extranjero no están mejor: “Tienen cuatro años sin recibir la pensión. Una deuda milmillonaria que tiene este gobierno de Maduro”. Hace dos años pasaba de 100 mil millones de bolívares. Son, recuerda Silva, “unos 15 mil pensionados con convenio del IVSS con Uruguay, Chile, Ecuador, Portugal, Italia y España”. A ellos se suman otros radicados en el exterior.
Al no poder vivir de la pensión, el adulto mayor necesita depender de los hijos. “Con pena los adultos mayores les tienen que pedir ayuda a sus hijos. Es una situación bastante difícil”.