Economista, investigador, Premio Nacional de Ciencias y exministro de Chávez asegura que el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas de servicios públicos no puede despacharse con la afirmación superficial de que se trata de una política neoliberal

Victor Álvarez sostiene que para salir de la crisis que vive el país es necesario trabajar en la construcción de un Gobierno de coalición que se encargue de sanear la economía aplicando un plan de ajuste.

Asegura que ese plan de ajuste necesario puede ser la carta a jugar para que las sanciones sean cambiadas por una política de incentivos.

-Es necesario incluir en las rondas de negociaciones entre Gobierno y oposición el tema económico. ¿Cómo hacerlo?

-En las negociaciones hay que plantear el canje de las sanciones financieras por incentivos económicos a cambio de que el Gobierno aplique las reformas necesarias para enderezar el rumbo de la economía y poder superar los problemas de escasez e hiperinflación que azotan a la población.

La mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al oficialismo y a la oposición a cambio de que acuerden una solución política, electoral y pacífica a la crisis.

-¿Cuáles sería los incentivos?

-Levantamiento de las sanciones financieras internacionales, reapertura del mercado internacional para las exportaciones de petróleo, la protección de los activos de Pdvsa y Citgo en el exterior, refinanciamiento de la deuda externa, nuevo financiamiento internacional, inversiones extranjeras para reactivar la economía, ayuda humanitaria para atender la emergencia.

-¿Que se debe hacer para enderezar la economía?

-Cualquier Gobierno que sustituya a Maduro recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. A las medidas de ajuste económico se les atribuye un impacto social y costo político que puede significar para el nuevo Gobierno la pérdida de las parlamentarias. Y al no contar con el respaldo de la AN, se habrá producido un cambio político, pero no se habrá superado la crisis de gobernabilidad. En efecto, para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo Gobierno tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas y teléfono, cuestión que no sería bien recibida en los hogares que han visto como su ingreso es devorado por la hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina con su impacto en las tarifas del transporte público; y, por si fuera poco, reactivar el cobro de peajes para generar recursos que permitan repotenciar la deteriorada infraestructura vial.

-Cuál es la solución a esta situación que tendrá que producirse de una u otra forma.

-Para evitar que un nuevo Gobierno pierda rápidamente la confianza y el apoyo del pueblo, es necesario evaluar con sensatez la conveniencia y viabilidad de conformar antes un Gobierno de coalición que se dedique a sanear la economía y asegurar las condiciones electorales para convocar primero las elecciones parlamentarias y luego las elecciones presidenciales, de tal forma que quien resulte ganador reciba del Gobierno de coalición un país que pueda gobernar.

-¿Quien lideraría ese hipotético Gobierno? ¿Maduro? ¿Guaidó?

-Este Gobierno de coalición no podría estar presidido por Maduro. Eso es políticamente y psicológicamente inviable tanto para la oposición como por la comunidad internacional que respalda a Guaidó. Pero el chavismo también se resistiría a Guaidó a quien ven como un operador de Estados Unidos por el explícito y abierto respaldo que ha recibido. La fórmula del Gobierno de coalición pudiera estar presidida el primer año por una nueva figura del oficialismo, con un vicepresidente de la oposición, invirtiendo la fórmula para el segundo año en el que se realizaría las presidenciales. La encuesta de mayo 2019 de la empresa Datanálisis revela que el 43% de la población está de acuerdo con un Gobierno mixto que permita transitar hacia una elección competitiva. Los sectores democráticos del oficialismo y la oposición, así como la comunidad internacional, verían con buenos ojos la conformación de un Gobierno de coalición que se encargue de reactivar la economía, reinstitucionalizar los poderes públicos y convocar unas elecciones limpias.

-Qué cosas debería hacer ese Gobierno de coalición? Tendría que tener un asomo de plan de estabilización?

-El nuevo Gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son clave para liberar fondos y reinsertar a la República en el mercado financiero internacional. De lo contrario no se podrá tener acceso a los recursos para importar los repuestos, insumos y maquinarias que requiere la reactivación productiva. También habría que ejecutar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública, fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas estatales que terminaron quebradas por la corrupción y representan una pesada carga que un Gobierno decidido e erradicar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal no podría sostener. La nueva gestión tendrá que acometer la reconstrucción de Pdvsa y deslastrarla del enorme peso de misiones sociales y productivas que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo. La considerable reducción de las abultadas nóminas de la burocracia pública puede desencadenar una ola de conflictividad sindical y social que comprometería la gobernabilidad.

-¿Y dónde se insertan estos trabajadores?

A los trabajadores hay que transferirles la propiedad de las empresas que fueron expropiadas y terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo y la corrupción. Las empresas no se les regalan sino que los trabajadores las compran convirtiendo sus prestaciones sociales en participación accionaria. De esta forma no sólo se convierten en los nuevos copropietarios sociales de esas empresas sino que también alivian sus pasivos laborales y balances financieros. Este proceso debe ir acompañado de financiamiento al capital de trabajo, financiamiento a la innovación de productos y procesos a través de los fondos de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación Locti, así como asistencia técnica y gerencial a través de programas de cooperación universidad-empresa. 

-¿Cómo proteger a esos trabajadores?

-La mejor manera de proteger el ingreso real de los trabajadores es a través de una eficaz política antiinflacionaria que ataque el principal factor propagador de la hiperinflación. Y ya se sabe que este reside en el financiamiento del déficit de las empresas públicas con emisiones de dinero que el BCV les transfiere para que puedan pagar las nóminas. Al convertir a los trabajadores en copropietarios sociales éstos asumen el reto de reactivar y poner a producir esas empresas, y así sus salarios y pasivos laborales dejarían de ser parte del problema y se convertirían en parte de la solución, toda vez que los propios trabajadores se asumirían como auto-reguladores para que las empresas dejen de ser centros de colocación clientelar. 

-¿Cómo hacer un Gobierno que no tema al costo político de un ajuste?

-Por eso planteao un Gobierno de coalición que sanee la economía. De no ser así el nuevo Gobierno se enfrentaría a un difícil dilema: si aplica las medidas de ajuste económico; el impacto social y costo político lo llevaría a perder las subsiguientes elecciones parlamentarias, riesgo que lo obligaría a posponer las medidas de ajuste económico hasta después de las elecciones; pero si pospone las urgentes medidas para superar la escasez y abatir la hiperinflación, el nuevo Gobierno defraudaría las expectativas de cambio y de todas formas pagaría los costos de una alta abstención o votos en contra, con la inevitable pérdida de la mayoría parlamentaria.

-¿Cómo manejar el tema de las sanciones?

-Como ya lo dije hay que plantearse un canje de sanciones financieras por incentivos económicos que facilitará la mediación internacional

-¿A cambio de qué? ¿Por qué los Estados Unidos cedería en este aspecto?

-Sería a cambio de la reinstitucionalización de los poderes públicos, comenzando por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se evitaría reeditar la experiencia de elecciones con ventajismo oficialista y, sobre todo, que el resultado electoral sea luego anulado por maniobras del TSJ, tal como pasó con la impugnación de los diputados del estado Amazonas. Los compromisos del Gobierno de coalición para la reinstitucionalización de los poderes públicos, donde los puntos serían, al menos restitución de las funciones de la Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos, rehabilitación de los partidos ilegalizados, renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), reinstitucionalización del TSJ, depuración y actualización del Registro Electoral Permanente (REP), convocatoria de elecciones parlamentarias en diciembre de 2020 o antes, convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021 o antes.

Primero las parlamentarias

-Extraoficialmente trascendió que en Barbados se habló del tema electoral. ¿Cómo ve usted este camino?

-Nervio sin inteligencia es torpeza, nervio con inteligencia es habilidad. Estudiosos del sistema electoral venezolano advierten que se requieren al menos nueve meses para la reinstitucionalización del poder electoral y asegurar unos comicios que cumplan con los estándares internacionales. Más allá de la desesperación por salir de Nicolás Maduro y del apuro que tienen los aspirantes a la presidencia de la República por instalarse lo más pronto posible en el Palacio de Miraflores, el interés nacional indica que sería mejor convocar las elecciones presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde al nuevo Gobierno.

-El argumento es que el país no aguanta más.

-El apuro por convocar elecciones presidenciales puede conducir a la restauración del viejo orden. Para conjurar el riesgo de tener que aplicar medidas antipopulares a las que se asocia un costo político que desembocaría en la pérdida de la AN, una vez renovados el CNE y el TSJ se convocarían primero las parlamentarias y luego las presidenciales. Debido al creciente rechazo al régimen, en unas elecciones con las condiciones y garantías adecuadas, y con una actualización del REP para que puedan votar los venezolanos que migraron, las fuerzas democráticas lograrían una abrumadora mayoría calificada, superior a la ya lograda en las parlamentarias del 2015. Esta tendencia se mantendría en las siguientes elecciones presidenciales y llevaría a una contundente e indiscutible victoria, siempre y cuando las fuerzas democráticas no vayan divididas y presenten un solo candidato unitario. Si las parlamentarias se realizan primero, el Gobierno de coalición tendría tiempo de aplicar el programa de ajuste económico y así liberar al nuevo presidente electo de tener que tomar medidas antipopulares, con el consiguiente costo político que lo llevaría a perder la mayoría en las elecciones parlamentarias. De esta forma, quien resulte ganador en las presidenciales, contará con una mayoría en la AN que apoye su gestión, y recibirá del Gobierno de coalición una economía saneada, así como un país pacificado que se pueda gobernar.

-¿Cuáles son las acciones en materia económica que deben tomarse para asegurar viabilidad del país?

-Evitar que la inacción gubernamental agrave aún más la crisis económica que tiene al país a las puertas de una conmoción social, implica identificar espacios para la complementación de esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en función de acordar un programa básico de estabilización económica y una agenda legislativa mínima para la reactivación productiva.

-¿Qué implica esto?

-Hay que revisar tarifas de bienes y servicios como gasolina, electricidad, agua, gas.

-Pero eso es impopular y además causaría un shock recesivo.

-El subsidio a la gasolina, electricidad, agua, gas, teléfono e internet en sectores residenciales de alto nivel de ingreso y consumo resta recursos para subsidiar a los sectores más empobrecidos y necesitados. Por eso, muchos de los actuales subsidios resultan antipopulares y crean escasez, toda vez que estimulan el despilfarro y contrabando hacia países vecinos que disfrutan de los bajos precios de los combustibles venezolanos. Los subsidios y bajas tarifas hace tiempo que dejaron de beneficiar a los grupos más vulnerables de la sociedad, favorecen a grupos sociales que no lo necesitan, lo cual genera una mayor inequidad. Esa inequidad se hace muy evidente en el caso del susidio a los combustibles, toda vez que los más pobres no tienen vehículo propio y nunca van a una estación de servicio a llenar el tanque. El subsidio a los combustibles favorece a las familias de mayores ingresos que tienen varios vehículos y no necesitan que se les subsidie nada, cuestión que empeora la redistribución regresiva del ingreso. Pero a quienes más beneficia el subsidio a la gasolina es a las mafias de contrabandistas en las que están involucrados militares, funcionarios de las aduanas, empresarios y paramilitares. Organizados para delinquir, permiten el paso por la frontera de camiones cisternas de 30 mil litros por los que pagan a Pdvsa solo $ 0,3 si es gasolina de 91 octanos, y $ 1,8 si se trata de gasolina de 95 octanos, la cual venden al otro lado de la frontera en torno a $1 litro, para un negocio ilícito que genera cerca de $ 30.000 por camión cisterna. Un negocio más lucrativo que el narcotráfico. 

-Y el shock recesivo de una medida como esta afecta a los más pobres. Cómo la atenúas. No Clap, no bonos. ¿Cómo?

Para corregir las distorsiones generadas por los rígidos controles de cambio y de precios, el Gobierno puede sustituir los hiperinflacionarios subsidios indirectos a los servicios públicos, por subsidios directos a los hogares. Esta es una manera de erradicar los factores propagadores de la hiperinflación sin perjudicar aún más a las familias venezolanas.

-¿Por ejemplo?

-En lugar de mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería internacionalizar el precio del combustible y -con los recursos que se generen-, financiar un programa de subsidios directos a los hogares venezolanos que destinarían esas transferencias de dinero a pagar el ajuste de las tarifas de agua, electricidad, gas, teléfono e internet. De esta manera, el costo del ajuste no lo pagarían las familias más pobres, sino las mafias que se benefician del contrabando de extracción. Compensar de esta forma el presupuesto de las familias ayudará a construir la viabilidad social y política de las medidas que es necesario aplicar para sincerar las tarifas de los servicios públicos y comenzar a corregir el déficit de las empresas estatales que están al borde del colapso. Lo más antipopular es mantener unos irracionales subsidios financiados con dinero hiperinflacionario que empobrece cada vez más a la población. Un programa de ajuste económico bien diseñado, bien ejecutado y bien explicado no tiene porqué convertirse en el detonante de un estallido social. Todo lo contrario, puede ser el inicio de una eficaz estrategia antiinflacionaria y de reactivación económica que haga posible la superación de los problemas de escasez e hiperinflación que azotan a toda la población. 

Usted es un hombre que viene de la izquierda y fue ministro de Hugo Chávez, con afirmaciones como esta lo van tildar de neoliberal.

-El aumento del precio de la gasolina y de las tarifas de servicios públicos no puede despacharse con la afirmación superficial de que se trata de una política neoliberal que descargará el costo del ajuste en las familias más pobres. Sincerar las tarifas no sólo será mucho más barato que seguir pagando la hiperinflación que genera el financiamiento monetario del déficit, sino que además activará una fuente de ingresos propios en las empresas para que puedan repotenciar gradualmente los servicios, mejorar su calidad e ir superando los severos racionamientos de agua, electricidad y gas que atormentan a los hogares venezolanos. Lo que debe comunicarse con mucha claridad a la población es que cualquier decisión que se tome en materia de revisión de la política de subsidios a los bienes y servicios públicos no podrá generar más pobreza. Pero esta revisión debe hacerse al margen de las resistencias innecesarias derivadas de la polarización excluyente, la demagogia populista, los dogmas ideológicos y los mitos acerca del impacto social y costos políticos que generan las medidas de ajuste económico. Sustituir los hiperinflacionarios subsidios a los servicios públicos por subsidios directos a los hogares impedirá que los costos del ajuste lo tengan que pagar los empobrecidos de siempre, los que ya han sufrido demasiado.

-Venezuela requiere de un plan de estabilización pero necesita un piso político. ¿Cómo resolverlo en medio de la polarización?

-Lo que está en juego no es la viabilidad de un Gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social pasa por superar los graves problemas de escasez, hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis humanitaria sin precedentes. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo Gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su consejo de ministros rápidamente habrán perdido su credibilidad.

-¿Cuáles resultados se pueden obtener en 100 días?

-Con una producción de petróleo cayendo, un aparato productivo postrado luego de cinco años de severa contracción, una pesada deuda externa y sin financiamiento internacional, es poco probable superar la crisis en tan poco tiempo. Pero una población cansada de tanto esperar puede explotar. Para evitar que un nuevo Gobierno pierda rápidamente la confianza del pueblo, al Gobierno de coalición le tocaría hacer, digámoslo de esta forma, el “trabajo sucio” de aplicar las medidas de ajuste para sanear la economía.

-Pero no podría hacerlo sin un piso político.

-Allí entra la mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al oficialismo y oposición de sustituir las sanciones financieras por incentivos económicos de los que hablé al principio.

-Y qué aporta el Gobierno de coalición?

Tendría la misión de complementar las capacidades y recursos del poder Ejecutivo y del poder Legislativo en función de llevar a cabo las reformas económicas y legislativas para promover la inversión y reactivar la producción.

-Cuáles serían los puntos a atacar.

-Concertar, aplicar y apoyar el programa de reformas económicas, convenir la agenda de reformas legislativas para reactivar la producción, garantizar la seguridad jurídica a la inversión productiva, respetar los derechos de propiedad, socializar y privatizar empresas públicas que fueron quebradas por la corrupción. En este escenario, oficialismo y oposición compartirán el mérito de los éxitos que logre el Gobierno de coalición y ninguno monopolizará estos logros para sacarles provecho en la confrontación electoral. De esta forma, quien resulte ganador recibirá una economía saneada y no tendrá que aplicar drásticas medidas que generen malestar social y desilusión, provocando un acelerado deterioro e, incluso, la rápida caída del nuevo Gobierno. La coalición contribuirá a moderar el tono de la diatriba política, a fin de crear un ambiente cada vez más favorable al entendimiento. Esto ayudará a generar una creciente confianza entre las partes, bajar las tensiones y crear las condiciones adecuadas para el reencuentro y la reconciliación nacional.

-Insisto… ¿cómo paliar el impacto de las reformas?

-Para compensar el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno pudiera destinar uno de los tantos bonos que con frecuencia aprueba. De hecho, Maduro anunció la asignación a través del Carnet de la Patria del nuevo Bono Pueblo Independiente, por un monto de 30 mil bolívares, equivalente a 4 $/mensual. Con toda seguridad este nuevo bono se financiará con emisiones de dinero inflacionario. Pero un Gobierno de coalición, para paliar el impacto de las reformas, con los fondos que se deriven del aumento de la gasolina estaría en condiciones de depositar una compensación monetaria para que los hogares paguen el aumento de los servicios públicos, sin tener que afectar sus menguados presupuestos. Esta es una alternativa que cualquier Gobierno está llamado a considerar y evaluar para evitar que el costo del necesario ajuste de las tarifas de los servicios públicos lo pague la población más vulnerable. Esto marcaría una nueva etapa en la administración de los subsidios como instrumentos de una política social compensatoria.