La Copenjuve solicitará que, con los 3 mil millones de dólares aprobados en el diálogo en México, se garanticen cirugías y medicamentos a los jubilados y pensionados que lo necesiten
Si 2022 quedó marcado por las protestas laborales en Venezuela, también fue el año en el que jubilados y pensionados tomaron las calles para reclamar pensiones acordes con el costo de la vida y la restitución de la atención médica. «La pensión es de 130 bolívares, lo que no alcanza ni a 8 dólares mensuales. ¿Quién vive en el mundo con 8 dólares mensuales? Tengo 73 años, Soy educadora jubilada, madre, abuela y amante de mi país», afirmó Selmira Sayago. «Realmente vivo de dar clases» y no de la pensión.
Las instituciones no dieron respuesta a los reclamos: «Ninguna», enfatizó Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Sin embargo, los dirigentes consideran que consiguieron un tesoro: la unificación. Es una multitud de 5,3 millones de personas que reciben una pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
«Hemos logrado organizarnos y unificarnos a escala nacional», subrayó Pedro García, dirigente magisterial y presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital. Ya se constituyó la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Copenjuve).
«El presidente Maduro anunció que iba a aumentar la pensión a 200, 300 dólares. En mayo dijo que iba a dar 10 mil bolívares para los que se jubilaron entre 2018 y 2022. Es decir, hizo una serie de anuncios presionado por estas organizaciones de pensionados que luego sumaron a trabajadores activos. Ese es un saldo positivo», destacó García a contrapunto.com. «Los viejitos, los pensionados de Venezuela estimularon la lucha de calle y estimularon a los activos, y eso es bueno, porque en otros estados han hecho encuentros con 200 y 300 dirigentes sociales y sindicales, cosa que no se veía».
La lucha «no la vamos a dejar», confirmó. «Vamos a seguir en la calle».
La indexación de las pensiones es una exigencia expuesta, en diciembre pasado, ante la Defensoría del Pueblo. También, la recuperación de la atención médica y el rescate de la seguridad social. García va más allá y pone la lupa en los recursos aprobados en la última ronda de diálogo en México, unos 3 mil millones de dólares: «Vamos a solicitar a los pensionados que no han sido operados, o tengan tratamiento médico que no pueden adquirir, que se registren. Y lo vamos a entregar en la ONU, porque ese dinero no puede perderse y no se lo pueden robar». Los fondos también son para la salud «y la salud es para la gente que está enferma», es «una inversión directa en personas de carne y hueso».
El planteamiento de una bipartita entre el Ministerio del Trabajo y la Copenjuve podría destrancar el juego, opina Lozada. «La propusimos y el ministro del Trabajo la aceptó» en octubre pasado, pero no se ha concretado.