Este miércoles 29 de mayo varias organizaciones protestarán en todo el país por el Día del Adulto Mayor. Edgar Silva, coordinador nacional del comité de derechos humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, personas adultas mayores y personas con discapacidad, reiteró que su aspiración ante cualquier gobierno es que se cree un fondo de pensiones o jubilaciones estable y sustentable en el tiempo
La cuenta en la red X de Edgar Silva es @edgaryviejitos, y no por casualidad. Tantos años de lucha por jubilados y pensionados -al menos desde el año 1991- le han ganado ese título a pulso. Silva, coordinador nacional del comité de derechos humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, personas adultas mayores y personas con discapacidad, usó en 2022 la palabra exterminio para referirse a la situación de los adultos mayores en Venezuela. Ese año, Silva y otros dirigentes lideraron una protesta a las puertas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que desembocó en compromisos de las autoridades. En 2024, nada de eso se ha cumplido, afirma en entrevista vía wasap para contrapunto.com.
«El contexto económico y social en que se desenvuelven nuestros pensionados del IVSS, jubilados de la administración pública y adultos mayores en general es muy adverso. Sobrevivir con un ingreso anclado a un salario mínimo de 3,5 dólares al mes y estancado durante más de dos años, más un bono que pasó de 25 a 29 dólares cuando la canasta de alimentos cerró en el mes de abril en 552,29 según el Cendas, es una condena a vivir en absoluta escasez económica. Esto les impide cubrir sus necesidades básicas para el sostenimiento de la vida, como son fundamentalmente, los alimentos y las medicinas», expone.
En el país hay alrededor de 9 millones de trabajadoras y trabajadores, y 5,5 millones de jubilados y pensionados.
La población adulta mayor venezolana debe sortear «las carencias alimentarias, medicinales, recreativas, de servicios públicos adecuados y salubres como el agua, la electricidad, el gas; el desmoronamiento de los servicios médicos y hospitalarios, de protección y de seguridad social integral». Estima que «la esperanza de vida de ellos, sin tener cifras a la mano por la falta de información al respecto, con toda seguridad se está achicando dada la mala alimentación, con escaso consumo de proteínas, vitaminas y minerales y con exceso de consumo de carbohidratos provenientes de los pocos productos, mayormente de baja calidad y con frecuencia en mal estado, que contienen las bolsas CLAP, la cual compran al gobierno».
Silva sostiene que los adultos mayores «están sufriendo un proceso de muerte adelantada, como el caso de los hermanos Sandoval, rescatados por los bomberos en Puente Hierro en el 2020, quienes fallecieron por inanición según el parte médico. Y los esposos y profesores universitarios de la ULA, Pedro Salinas e Hisbelia Hernández, también rescatados en su apartamento en Mérida: ella, abogada, fallecida; y él, científico, deshidratado».
Con base en ese diagnóstico es que alega que se trata de un exterminio: «Este torbellino de necesidades en que están envueltos nuestros adultos mayores, que sin duda les afecta su salud física y mental y provoca fallecimientos antes de tiempo, se encuentra claramente definido en el Estatuto de Roma como un Exterminio, el cual constituye un delito de lesa humanidad por enmarcarse en un ataque sistemático e intencional especialmente contra esta población, la más vulnerable del universo de trabajadores, por razones de la edad». El mandatario nacional «es quien ordena la política salarial y de pensiones en el País, y sabe las consecuencias que causa en los seres humanos un bajo ingreso sin poder adquisitivo alguno, el cual se ha mantenido desde el 2013 muy distante de la Cesta Alimentaria, y más aún, de la Cesta Básica».
A la precariedad material se suma la soledad «en que muchos se encuentran por la migración de sus hijos, producto de la crisis económica-social y de la Emergencia Humanitaria Compleja generadas desde al alto gobierno, las cuales han golpeado con dureza a los trabajadores activos, pensionados y jubilados».
Las protestas no han parado. «Tenemos dos años consecutivos en la calle, yendo a las diferentes instancia nacionales y regionales del gobierno, desde la presidencia del IVSS y demás oficinas regionales, pasando por el Ministerio del Trabajo y las diferentes inspectorías regionales, la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo Nacional y regionales, la Asamblea Nacional oficialista, sin respuesta alguna».
El gobierno, insiste, «desconoce, discrimina y atropella a nuestra población adulta mayor, siendo la más numerosa y vulnerable, al negarle lo que hoy llaman el Ingreso Mínimo Vital de 130 dólares, que aunque insuficiente aún ante el costo de la Canasta Alimentaria podría servir de mayor ayuda para ellos, aunque no se trata de dar ‘ayudas’, sino que se trata de la obligación constitucional de dar protección social y Seguridad Social Integral a toda la población sin discriminación alguna, y en especial a la población infantil y adulta mayor por ser los más vulnerables».
De acuerdo con su diagnóstico «el sector más golpeado por la política antilaboral del gobierno son los pensionados del IVSS, aquellos que no tienen jubilación de la administración pública y que se desempeñaron en el sector privado, cotizando desde allí al Sistema de Seguridad Social, representado por el IVSS. Cómo hemos dicho, este sector se mantiene con un ingreso estancado desde el 15 de marzo del 2022: 3,5 dólares más un bono de 29 dólares, que suman 32,5 dólares al mes. Un jubilado de la administración pública percibe 91 dólares de bono, desde el 1 de Mayo del 2024, según los anuncios del presidente ese día. Ambos ingresos, así como el de los trabajadores activos de 130 dólares al mes, son insuficientes para una vida plena y de satisfacción de todas las necesidades básicas de un ser humano, por cuanto todos ellos se encuentran por debajo del costo de la Canasta Alimentaria y de la Canasta Básica».
Adultos mayores que venden caramelos cerca de las estaciones de Metro. Que ofrecen tortas en los bulevares. Que cosen zapatos. «Para poder sobrevivir en este torbellino de necesidades, nuestros adultos mayores han tenido que depender de familiares cercanos y de los que han migrado, quienes envían algo de recursos para el sostenimiento de ellos y de los hijos que dejaron bajo sus cuidados. Otros viven de organizaciones religiosas, como las iglesias católica, evangélicas, adventistas, etc., las cuales proveen ayuda humanitaria, así como también de ONG de DDHH que ayudan con alimentos y medicinas y otros tantos», resume. «Con frecuencia los vemos de buhoneros, y se ganan la vida vendiendo chucherías en las calles comerciales, en las puertas de los mercados, o pidiendo comida en las afueras de restaurantes o en cualquier calle del país».
Este miércoles 29 de mayo se realizará una protesta nacional en las sedes del IVSS. Otras organizaciones convocan para la Defensoría del Pueblo. «Con la protesta del Día Nacional del Adulto Mayor esperamos seguir denunciando, ante el país y ante el mundo, las condiciones de precariedad en que se desenvuelven nuestros adultos mayores en Venezuela; el exterminio al cual están sometidos. No esperamos del gobierno nada favorable después de 10 años de abandono, de políticas contrarias a la vida de un ser humano. Han sido 10 años de necesidades no satisfechas; por el contrario, 10 años de mayores exigencias alimentarias, de salud, de viviendas salubres y con servicios básicos permanentes y adecuados, de recreación, en fin, de protección y de seguridad social integral».
A su juicio «no es casual que después de 10 años de afectación a este sector, en vísperas de la elección presidencial, de manera atropellada y apresurada, sin análisis, sin discusión y sin consenso de los sectores que deben ser llamados para la elaboración de un sistema de pensiones de la seguridad social» el gobierno «decida pechar con un impuesto al sector empresarial a fin de crear un Fondo de Pensiones con dineros provenientes de dicho sector, pero recaudados por el Seniat y controlados por la administración central del gobierno». Esa administración es «la misma que no supo cómo le desaparecieron los 23 mil millones de dólares de Pdvsa, la misma que no ha explicado la quiebra del Fondo de Pensiones de los jubilados de la misma empresa, la misma que no ha dado cuenta del Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos, la misma que permitió la quiebra del Fondo Chino, así como también la desaparición de numerosos recursos dispuestos para diferentes obras de infraestructura en el país que no han visto su culminación».
Silva refiere que, como parte «de este ambiente de proselitismo electoral, se encuentra también el ofrecimiento de la nueva Misión de Abuelas y Abuelos de la Patria, la cual pasará a formar parte de la larga lista de ofrecimientos incumplidos del Presidente, como el del bono de 10.000 bolívares (2.227 dólares para la época ) ofrecido a los jubilados del 2018 al 2022; el ofrecimiento del 09 de marzo del 2022 de elevar el salario mínimo a 100, 150 y hasta 300 dólares o más; también el bono de salud y turismo ofrecido en enero del 2014 en acto realizado en Miraflores con adultos mayores y la restitución del pago a los pensionados venezolanos en el exterior y la deuda contraída, a partir de diciembre del 2017, entre otros ofrecimientos incumplidos».
La organización de jubilados y pensionados considera que los gobiernos «siempre han mantenido a los pensionados y jubilados en estado de precariedad, de necesidades no satisfechas por ingresos insuficientes para el sostenimiento de la vida. Nuestra aspiración, para quienes aspiren a asumir la gobernabilidad del país, es que tomen en serio el tema de la Seguridad Social y cumplan con lo establecido en la Carta Magna; especialmente en el artículo 86, que ordena al Ejecutivo Nacional la creación de un Sistema de Seguridad Social Integral universal, solidario, sin discriminación alguna, que dé protección en las diferentes contingencias allí señaladas mediante el aporte de todos los sectores involucrados». Esto incluye, recuerda, la creación «de un Fondo de Pensiones o de Jubilación suficiente, estable y sustentable en el tiempo, para que proteja a los actuales pensionados y a los que vienen. Esa es y sigue siendo nuestra aspiración ante cualquier gobierno que asuma las riendas de Venezuela».
Con ese propósito, confirma, «nos mantendremos en la calle cívica y constitucionalmente hasta lograrlo. Ya han pasado varias generaciones desde 1991, época cuando iniciamos esta lucha, y no sé si los que ahora seguimos luchando lo veremos nacer y beneficiarnos con él, pero en algún momento debe llegar la sensatez a los gobernantes de turno y definitivamente dejar de improvisar políticas de paños tibios, para seriamente dedicarse a organizar este sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social constituye la base del desarrollo humano, económico y social de cualquier nación».
