El salario, en Venezuela, está preso desde hace cuatro años. Así lo reitera Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela e integrante de la Red Sindical Venezolana. Durante la asamblea de jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) celebrada el pasado 20 de mayo, la activista llevaba puesta una franela blanca que dice claramente «liberen el salario».
¿Quién lo tiene preso? «El ejecutivo nacional tiene preso el salario», alega, porque no respeta el artículo 91 de la Constitución, el cual establece cómo ajustar el ingreso y los indicadores a tomar en cuenta. «Por eso los trabajadores tenemos la consigna de liberen el salario. También tenemos otra consigna: la amnistía salarial, porque se aprobó la amnistía para los presos políticos y el concepto de amnistía debe aplicarse para el salario y para los trabajadores». Como dirigente, señala que las acciones oficiales han llevado a la renuncia, a la afectación en la salud mental. «Por eso queremos la amnistía laboral: para resolver los problemas que ha creado la política del Estado».
El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares al mes (unos 0,25 centavos de dólar), pero el ingreso integral supera los 200 dólares mensuales, de acuerdo con los últimos anuncios del gobierno. El estudio de la consultora Mercer con la UCAB, presentado esta semana, mostró que 76 % de las empresas en Venezuela hoy pagan en bolívares lo que antes cancelaban en dólares a trabajadoras y trabajadores.
La dirigente sostiene que lo que ha hecho el ejecutivo ha sido de manera unilateral, y lejos de lo que establecen las normas. «Me refiero a los bonos», al mismo «concepto de ingreso mínimo integral» y al hecho de que las bonificaciones no incidan en el salario. «Nuestras vacaciones, nuestra bonificación de año, el bono nocturno, todos los beneficios que establece la ley se ven afectados y son irrisorios».
León rechaza que se culpe a las trabajadoras y los trabajadores del aumento en la inflación, porque «desde el año 2022 no se decreta salario mínimo, y nuestros beneficios fueron confiscados en 2018 a través del memorándum 2792 y el instructivo Onapre, que nos ha rebajado todo».
«¿Por qué el dólar sube, la inflación está en 600 % y pico, si no tenemos salario desde 2022, y tenemos contrataciones colectivas confiscadas desde 2022, y unilateralmente hacen de todo», se pregunta. «Ese discurso no nos convence».
Para liberar el salario, afirma, el ejecutivo debe respetar lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo. «Sabemos que hay una situación compleja en el país en lo político, lo económico y lo social» pero «no se deben generar políticas unilaterales». Por el contrario, las decisiones deben tomarse «con sus representantes legítimos y autorizados para hablar en nombre de los trabajadores».
