El senador estadounidense Bob Menéndez notificó que presentará un proyecto de ley que agregaría a Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia
Negociadores y funcionarios representantes de Venezuela se opusieron este martes a una subasta de una matriz de la refinería petrolera Citgo Petroleum, tras una ordenanza de un tribunal estadounidense, con el fin de saldar cuentas con acreedores que reclaman más de 10.000 millones de dólares por concepto de expropiaciones e incumplimientos de deuda.
Según reseñó la agencia de noticias Reuters, al menos 20 acreedores con laudos arbitrales o demandas contra Venezuela y su estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), habrían solicitado el lunes a un tribunal federal en Delaware que registre sus casos para poder participar en la subasta prevista para octubre del año en curso.
La participación en la subasta priorizará el orden en que fueron presentadas las reclamaciones.
Dichos acreedores han ganado previamente juicios contra Venezuela. No obstante su petición, los reclamos de compañías como Crystallex International, ConocoPillips, Tenaris y Exxon Mobil, podrían superar el valor de Citgo, que recientemente pasó de US$ 10.000 millones a 13.000 millones de dólares estadounidenses.
Las juntas que supervisan a Citgo desde que la compañía rompió los lazos con Pdvsa, con sede en Caracas, han intentado sin éxito negociar pagos con algunos de los acreedores más grandes desde el año pasado.
A juicio del jefe de la junta que supervisa a Citgo, Horacio Medina, la decisión de abrir la subasta a todos los demandantes «no tiene sentido». «¿De qué sirve… Demostrar que Venezuela debe 150.000 millones de dólares y no puede pagarles a todos? ¿Por qué entonces subastar un activo que permitiría negociar pagos adicionales?», manifestó durante una entrevista concedida a Reuters.
Detalló que el equipo que representa a Venezuela en los tribunales se ha visto muy limitado con respecto a la negociación de pagos, especialmente desde que el Departamento del Tesoro de EEUU aprobó en marzo la subasta organizada por la corte.
El senador estadounidense Bob Menéndez notificó que presentará un proyecto de ley que agregaría a Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia.
Detalló que esta medida garantizaría «un proceso ordenado de adjudicación de reclamos legales de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno venezolano», según su oficina.
Ese proceso podría proporcionar una forma más justa de resolver los reclamos de los acreedores. Pero podría llegar demasiado tarde para detener la subasta en Delaware, dijo Medina.