El Estado venezolano es el dueño de los yacimientos de petróleo, pero Pdvsa no
cuenta con los recursos financieros, la tecnología y el capital humano que se
requiere para extraerlos y rentabilizarlos.
Para la visión nacionalista y estatista, la soberanía nacional descansa en la
propiedad estatal de los yacimientos y en el control de las actividades de
exploración, extracción, comercialización, refinación y conexas. Es una visión
centralista y controladora de todas las operaciones de la industria. Pero con una
Pdvsa en ruinas y un Estado sin suficientes ingresos, ese modelo es inviable.
En el modelo privatizador, el Estado no es accionista ni minoritario ni mayoritario,
se limita a promover la inversión privada en la explotación de los yacimientos para
recibir el impuesto sobre la renta (ISLR) y otros impuestos que pagan las
corporaciones petroleras. El gran incentivo al inversionista es minimizar el cobro de la regalía estatal por la explotación de un recurso natural no renovable.
Privatizar o no privatizar es un falso dilema
En ninguna de esas visiones extremas está la alternativa para reconstruir la industria petrolera. El conflicto entre propiedad estatal absoluta y privatización total desaprovecha un amplio abanico de alternativas en las que pueden coexistir compañías estatales, corporaciones
transnacionales y empresas mixtas en las actividades estratégicas, medulares o
conexas de la industria.
El interés nacional debe explorar nuevas oportunidades en esta amplia gama de modelos de negocios e inversión que, lejos de ser excluyentes, son complementarios entre sí.
Para generar más ingresos fiscales y en divisas, Venezuela necesita más
inversión privada en la industria petrolera. La sociedad venezolana no se beneficia
de empresas mixtas donde la mayoría accionaria del 51 % pertenece a un Estado
que no tiene recursos para cubrir el aporte de capital que le corresponde. Ante
estas restricciones presupuestarias tan severas, rentabilizar las riquezas del
subsuelo exige una nueva forma de ejercer la soberanía nacional sobre las
riquezas del país.
Si la soberanía reside en la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, el
Estado debe hacer uso de su facultad para negociar con los socios privados el
aprovechamiento racional de estos recursos en función de generar un creciente
bienestar a los venezolanos. El actual ciclo electoral puede ser de gran utilidad
para comenzar a debatir sobre un nuevo acuerdo nacional en materia petrolera. Al
margen de las altisonancias propias de la diatriba electoral, es necesario elevar el
nivel del debate y evaluar con mesura y ponderación los pros y contras, las
ventajas y desventajas del modelo de propiedad estatal versus el modelo de
propiedad privada, así como las alternativas de negocio e inversión que surgen
entre estos extremos.
De cara al interés nacional, se impone analizar -sin tabúes ni prejuicios- la
viabilidad y conveniencia de una reforma del marco legal y regulatorio que abra paso a un nuevo modelo de negocios en la industria petrolera. Esta reforma es necesaria para llegar a acuerdos con los inversionistas que si tienen los recursos financieros, tecnológicos y el talento humano que Venezuela necesita para rentabilizar unas cuantiosas reservas petroleras que, de lo contrario, se quedarán depositadas para siempre en el subsuelo y no aportarán los ingresos que urgen para mejorar las precarias condiciones de vida en la mayoría de los hogares
venezolanos.
Los precandidatos a la Presidencia de la República deben hablarle claro al país y
presentar sus propuestas de política petrolera: ¿Cómo entienden la soberanía
nacional sobre los yacimientos de petróleo y sobre las instalaciones de la industria
petrolera? ¿Cuáles son las actividades de la cadena productiva que deben quedar
reservadas al Estado? ¿Cuál es el papel que le corresponde jugar a la inversión
privada en el desarrollo de las actividades estratégicas, medulares y conexas de la
industria?
¿Cuál es el límite de la propiedad pública y hasta dónde debe y puede
llegar la inversión privada?
Tienen la palabra, señoras precandidatas y señores precandidatos.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y
Electoral.
