El país está «en una crisis estructural terminal del modelo rentístico extractivista venezolano» que «es resultado de varios años de evolución, pero llegamos al llegadero», afirma el intelectual e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. El movimiento en el que participa propone recuperar la industria petrolera para aprovechar la ventana de uso de combustibles fósiles que le queda al mundo
La serenidad parece acompañar siempre a Gustavo Márquez. La verdad es que hay que ser muy sereno para haber asumido las responsabilidades a las que les puso su nombre y su rostro, y seguir adelante con el mismo entusiasmo y sin descorazonarse por el fracaso de la opción que defendió. Es lunes 10 de octubre: Márquez se bebe un marrón grande en el nuevo Gran Café y empieza a argumentar las razones por las que se opone a la nueva apertura petrolera. También compra una empanada para uno de los tantos seres hambrientos que camina por el bulevar de Sabana Grande.
El exembajador de Venezuela en Colombia, exministro de Comercio Exterior del presidente Hugo Chávez e integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución forma parte de un grupo de intelectuales y académicos que critica el modelo petrolero del mandatario Nicolás Maduro y propone opciones. «No es verdad que estemos en un callejón sin salida en materia petrolera», afirma en un momento de la conversación.
Analiza tres elementos: la transición energética, la crisis del modelo rentístico y el colapso de la industria petrolera.
«Está muy claro que el petróleo va a dejar de ser el motor que fue de la economía venezolana, en el largo y en el mediano plazo, y yo diría que incluso en el corto plazo», subraya. «Para recuperar una economía que ha caído en más de 70% se requiere de una fuerza distinta de la renta petrolera, y esa fuerza solo proviene de la sociedad venezolana y del desarrollo de otras áreas. Me refiero a la agricultura, me refiero al turismo, me refiero incluso a la industria de las energías renovables porque genera más trabajo que la industria petrolera».
-¿Usted ve un proceso de apertura petrolera como el de los años 90?
-Yo diría que es más profunda. Me refiero al hecho de que el Estado, según esta nueva apertura, dejaría de tener control total de la gestión de la industria petrolera; pasaría a manos extranjeras, de las trasnacionales. La industria nacional es muy incipiente y no tiene capacidad ni músculo para poder ingresar en ese monto de inversiones. Otra cosa sería si tuviéramos un sector empresarial en Venezuela con fuerza y con capacidad emprendedora. El nuestro es un empresariado dependiente de Estados Unidos y del paradigma estadounidense, y poco arraigado en el país; eso es resultado del mismo modelo rentístico: el sector industrial se ha enfocado en capturar la renta y no en innovar e invertir en el país.
Para Márquez el país está «en una crisis estructural terminal del modelo rentístico extractivista venezolano; es resultado de varios años de evolución, pero llegamos al llegadero. Aquí no va a haber petróleo ni renta petrolera para mover la economía; la economía tiene que moverse sola, por su propio dinamismo y autonomía, y para eso se requiere de un liderazgo que impulse políticas orientadas al desarrollo endógeno sustentable». A su juicio «hay potencialidades enormes y lo que hay es que ponerlas en marcha y cambiar el enfoque rentista y extractivista, que es sacar oro y petróleo para obtener renta y de esa manera vivir».
La renta petrolera «no va a venir con la fuerza suficiente para recuperar la economía» y «resolver los problemas centrales de la sociedad venezolana», insiste.
A esto le suma «el colapso de la industria petrolera», industria que necesita inversión pero «esa inversión hay que pensarla en el marco de la transición energética y en el marco de la situación económica», explica. «Que la industria petrolera endeude al país es impensable». Se habla de 250 mil a 300 mil millones de dólares, recuerda, y se pregunta «¿quién va a traer esa plata?». Cuestiona lo que plantea oficialmente como recuperación de la industria, el llevar la producción a más de 2 millones de barriles diarios si no se ha llegado ni a un millón.
Con la propuesta del gobierno «se crea una ilusión de que eso va a venir y se crea un paquete de incentivos que se corresponden con los deseos de las trasnacionales». El Estado «va a quedar relegado a ser un socio minoritario y sin el peso necesario para poder decidir realmente el destino de la industria», describe. Son decisiones que tienen un impacto a largo plazo, y que, por lo tanto, «no son un asunto del gobierno sino del Estado, sea cual sea el gobierno, y tenemos que manejarlo de esa manera». El gobierno tomó la decisión de ir «hacia la gran apertura», y eso conlleva la reducción de regalías e impuestos, así como la obligación de aportar para ciencia y tecnología.
Por otra parte. se establece el arbitraje internacional, «lo cual significa atarnos de manos», alerta. Además, con la ley de zonas económicas especiales como telón de fondo, queda claro que en las áreas petroleras «no va a funcionar la ley del trabajo, no va a funcionar la ley de ambiente; son zonas especiales y en ellas se darán más incentivos para la inversión. Vamos a tener enclaves en el país, en los cuales el Estado se hace a un lado y se contenta con lo que le darán las empresas».
Todo esto se hace «al margen de la Constitución, lo que significa violentar el estado de derecho y la ley de hidrocarburos, y hacerlo a través de la ley antibloqueo» tiene «menos credibilidad jurídica».
Pdvsa para energía eléctrica
El grupo en el que participa Márquez critica, pero también hace propuestas. «Lo sensato es hacer una recuperación de la industria petrolera pensando en que no vamos a seguir dependiendo de la renta, y en que tenemos que aprovechar esta ventana que se abre para poner a andar lo que tenemos hoy en la industria, recuperar lo que tenemos hoy en la industria», expone. «Hoy tenemos muchísimo, una infraestructura de gasoductos y oleoductos que está seriamente afectada pero que con una inversión progresiva es posible ponerla a andar. Por ejemplo, las refinerías se pueden poner a andar con un modelo más abierto; lo prevé la Constitución».
Márquez subraya que en el actual régimen jurídico el Estado tiene la mayoría, y que eso debe continuar. «Hay que darle continuidad a ese modelo de negocios, renegociando algunos aspectos que permitan satisfacer las preocupaciones».
Como lo aclara, «nosotros decimos que tenemos que redimensionar la producción, que no podemos plantearnos proyectos de dos y tres millones de barriles». Es redimensionarla «para que tanto el petróleo como el gas sirvan para impulsar la transición energética, porque parte de los recursos que se reciban debe ir a la transición energética y Pdvsa debe convertirse en una empresa de electricidad más que de petróleo para generar energía eléctrica a través de energías renovables y procesar los combustibles fósiles».
Pone énfasis en el aprovechamiento del gas. En los campos de crudos pesados. «Nos planteamos 1,4 o 1,8 millones de barriles, con un esquema dentro de la Constitución», confirma. Y recuerda que la Constitución contempla la apertura total en gas y refinación.
Se trata de aprovechar este impulso petrolero «para un plan de relanzamiento de la economía» que permita «desarrollar la productividad interna» en equilibrio con el ambiente y sin dependencia del Estado.
¿Eso es posible con el actual gobierno? «Soy consciente de que es muy difícil, pero eso no debe llevarnos a que bajemos la guardia y hagamos la política como la han venido haciendo algunos sectores de la oposición: esperar a que Maduro que se vaya para comenzar a hablar de cosas. Eso no puede ser. Las soluciones se van construyendo, y se van construyendo en la conciencia del pueblo y no de unas élites».
