Los bonos sostenibles ofrecen una oportunidad para financiar a sectores estratégicos en las economías latinoamericanas, en un contexto en el que el costo de la financiación externa va en incremento, afirmó el especialista en deuda y financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Paulo Barbieri.
«En un contexto desafiante de costo de financiamiento externo que va en incremento, donde muchos países emergentes enfrentan gran destino de fondos públicos al servicio de deuda y sobre todo para hacer gestión de pasivos y para manejar desde un punto de vista fiscal los desafíos de restricciones presupuestarias crecientes, la oportunidad de generar instrumentos que puedan apuntalar directamente al financiamiento de sectores estratégicos es muy importante para las economías de nuestra región, dijo Barbieri a EFE en La Paz.
Agregó que el portafolio también se diversifica, pues las finanzas sostenibles permiten acceder «a un tipo de inversionista un poco distinto» que probablemente antes no invertía «en países de mercados emergentes en América Latina», pero que ahora se interesa, por la denominación social o medioambiental de los proyectos que financiarán estos recursos.
«Entonces, empezamos a generar un circuito propositivo de oferta y demanda para este tipo de productos que abre ventanilllas de oportunidad que antes quizás no existían para el país», indicó.
El experto, que trabaja en el Centro de Finanzas Sostenibles del PNUD, visitó Bolivia hace unos días para participar en un foro sobre finanzas sostenibles organizado por el Gobierno de Luis Arce con apoyo de organismos multilaterales y cooperantes internacionales.
Barbieri explicó que los bonos temáticos son instrumentos de deuda que se caracterizan porque el uso de esos recursos va alineado con proyectos de desarrollo «verdes», «sociales», o «sostenibles».
Estos bonos se diferencian de los tradicionales en que, previo a la emisión, se debe declarar en cuál o cuáles de las categorías elegibles o industrias temáticas se usarán los recursos.
Entre las categorías reconocidas internacionalmente para las emisiones verdes están la mitigación del cambio climático, conservación, transformación hacia las energías renovables y programas de agua y saneamiento, y en las sociales están áreas como educación, salud, empleo, inclusión financiera, o infraestructura básica asequible.
La emisión está regida por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, en inglés), que establece los «parámetros mínimos» que deben cumplir los emisores para que estos instrumentos financieros sean determinados como bonos sociales, sostenibles o verdes.
También hay limitaciones para el gasto, pues con este tipo de financiación, un emisor estatal no puede cubrir servicio de deuda, o algunos subsidios específicos.
Además hay un listado de «exclusiones», áreas donde no se puede invertir, entre ellas, la energía fósil, la deforestación, las industrias del juego, armas, alcohol o tabaco, o los proyectos que afecten a poblaciones vulnerables.
Otra gran diferencia son los «requisitos de reportería», es decir que antes de la emisión es necesaria una certificación externa que convalide que la política pública del emisor «está alineada con las buenas prácticas internacionales».
También se requiere una auditoría tras un año de la emisión para demostrar «cómo se ha utilizado cada centavo que se ha recaudado a través de este instrumento» y un reporte de impacto en el desarrollo y su vinculación a los compromisos climáticos del país y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
«Estos son requisitos mandatorios que los emisores tienen que presentar a los inversionistas y es la idea de poder construir una confianza que permita que el emisor pueda volver al mercado internacional o al mercado local, pueda demostrar que el financiamiento ha tenido este impacto en el desarrollo», sostuvo Barbieri.
Apuntó que el PNUD brinda asesoramiento técnico a los Estados para preparar «todo el marco institucional y todas las condiciones habilitantes para poder explotar» estas innovaciones en financiamiento soberano en el mercado externo, con la posibilidad de replicarlo a nivel local.
En la región, el organismo ha trabajado con países como México, Honduras, Uruguay y Brasil, y en Bolivia acompañó en 2023 el proceso de la primera emisión de bonos verdes del país realizada por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), entidad participada en un 80 % por el Estado boliviano y en un 20% por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.
