Exigen que sus demandas sean escuchadas. Rodney Álvarez reclama a Ferrominera su reenganche y el pago de salarios caídos por los 11 años que estuvo preso siendo inocente
Cansados de enviar cartas, buscar reuniones y hacer diligencias para ser escuchados sin que las instituciones reaccionen, cuatro trabajadores de las empresas básicas de Guayana -encabezados por Rodney Álvarez, quien estuvo 11 años en prisión, fue declarado inocente y no ha tenido respuesta a su petición de reenganche- se encadenaron este miércoles en la entrada de la Defensoría del Pueblo, en el Centro Financiero Latino.
No es un eufemismo: es que Álvarez, Héctor Delgado, José Pérez y Ángel Gianpaoli tomaron una cadena y varios candados, se unieron entre sí y se sujetaron a la puerta de vidrio a la espera de respuestas.
A partir de las 10 de la mañana comenzaron a acercarse trabajadores y dirigentes sindicales a la oficina de la Defensoría ubicada en la avenida Urdaneta. Leida Brito, la «abuela del casco rojo», llevó su cartel de protesta con un llamado a la OIT. Provea, organización de derechos humanos referencia nacional e internacional, también se hizo presente -con los defensores Marino Alvarado, Oscar Calles e Inti Rodríguez- para respaldar la defensa de derechos laborales. Igualmente respaldaron los trabajadores universitarios, con Eduardo Sánchez y Deyanira Romero (Sinatraucv) a la cabeza.
Las personas que se agruparon en la entrada del edificio conversaban entre sí. De pronto, los cuatro trabajadores caminaron hasta la puerta de cristal, se encadenaron entre ellos y se ataron al mango de la entrada.
«Hemos agotado todo lo habido y por haber, señor santo, de las leyes terrenales. Por eso hacemos este acto, señor santo, de rebeldía», expresó Rodney Álvarez, arrodillado en la entrada, para luego dar paso al Himno Nacional.
Álvarez, trabajador de Ferrominera del Orinoco, explicó que ya han agotado «todas las instancias y todas las instituciones en el estado Bolívar», donde corresponde territorialmente la primera respuesta. Solicitó una reunión con los ministros del Trabajo y de Industrias: «Ya no aguantamos más» el engaño y la mentira.
Dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo bajaron para escuchar los planteamientos y recibir un documento con sus peticiones. Una de las funcionarias propuso dejar la protesta y dialogar. «¿Pueden levantar esto y nosotros los atendemos?», interrogó. «No», respondió Héctor Delgado, quien participó en la manifestación para exigir que lo regresen a su trabajo.
La funcionaria les recordó que hay un lapso para que las instituciones respondan. Y Delgado replicó que nadie les garantiza que entreguen un documento y sean atendidos, porque han tocado a varios entes y no les han dicho sí o no.
El mensaje para el defensor del Pueblo es «que se abra una mesa de trabajo» para resolver los conflictos en las empresas básicas, insistió Delgado. También solicitó la actuación de la OIT: «Este es el cuarto diálogo social de la OIT y no hemos visto respuesta». Se refería a la nueva sesión del diálogo social que se realizará este jueves y viernes en Valencia.
La situación laboral del país demuestra «que el tal gobierno obrero es antiobrero», subrayó Marino Alvarado. «La respuesta que se les está dando a los trabajadores es represión». Mientras no aumenten los salarios y no se dé respuesta favorable «los trabajadores seguirán en la calle».
Con la mediación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dos de los trabajadores -Rodney Álvarez y Héctor Delgado- decidieron desencadenarse para subir a dialogar en la Defensoría del Pueblo. Los acompañó el abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos laborales y defensor de presos políticos como el estudiante ucevista John Álvarez.
Los dos otros trabajadores, Ángel Gianpaoli y José Pérez, permanecieron atados a la cadena, a la espera de respuestas.
