«Los ingresos fiscales recurrentes permiten, sin efectos inflacionarios, establecer ese monto», señala el organismo
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) espera que el gobierno decrete «un significativo aumento» del salario mínimo próximamente.
«Aspiramos a que, a más tardar en el mes de marzo, el gobierno decrete un significativo aumento del salario mínimo. Con responsabilidad y cifras en la mano hemos propuesto, en conjunto con las organizaciones sindicales CGT y ASI, el aumento del salario mínimo que no sea inferior a 200 dólares mensuales», explicó la organización en un documento.
«Los ingresos fiscales recurrentes permiten, sin efectos inflacionarios, establecer ese monto. El aumento es de absoluta responsabilidad del Ejecutivo Nacional y una obligación legal y no hay ninguna justificación para mantener el salario mínimo actual alrededor de U$ 4 mensuales con una canasta alimentaria que ronda los 500 mensuales».
El 4° Foro de Diálogo Social aprobó el método de fijación del salario mínimo y un
cronograma para su fijación, recordó la CTV.
El gobierno, sostuvo la central, «continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales. Lamentamos profundamente que en pleno desarrollo de las reuniones
preparativas de la 4a sesión del Foro fuera detenido el profesor Víctor Venegas, presidente de FENATEV-Barinas y siendo allanada su sede sindical con violencia y fueran confiscados sin orden judicial, bienes de dicha organización sindical».
En el desarrollo de las sesiones del Foro de Diálogo Social «hemos exigido al
gobierno que informe sobre la situación del compañero Venegas, cuya organización
sindical es afiliada a nuestra central sindical, sin obtener respuesta alguna. Pedimos a la OIT que realizara una acción urgente para solicitar la libertad de nuestro compañero, la cual se realizó. Hasta el día de hoy, el gobierno no ha dado ninguna explicación sobre esta detención».
De igual manera «hemos solicitado al gobierno información de las condiciones de
la libertad provisional de los compañeros Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio
Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés que habían sido
sentenciados a 16 años de prisión sin ninguna prueba de los delitos por los cuales fueron condenados».
También «solicitamos respuesta a la queja introducida por la detención del profesor Robert Franco, secretario general del colegio de profesores de la seccional Carúpano-estado Sucre. Tampoco hemos recibido ninguna respuesta del gobierno a pesar de las denuncias ante OIT de la criminalización de la actividad sindical y de protesta laboral de esos compañeros».
