Hay «un ataque del Estado venezolano contra el movimiento obrero y sindical de Venezuela», afirma Pedro Eusse, secretario de la CUTV. «Hemos demostrado, ante la Organización Internacional del Trabajo, que hay una criminalización y judicialización del ejercicio de la actividad sindical en Venezuela», señala Leida Marcela León, presidenta de Central ASI
El grito de Leida Marcela León, presidenta de Central ASI, es «libertad sindical». La sentencia contra seis trabajadores y dirigentes sindicales la lleva a repetirlo ante las instituciones, como lo hizo el viernes 11 de agosto a las puertas del Ministerio Público. El dictamen de la jueza Grendy Duque, reitera, «pone en amenaza y en alerta al movimiento sindical venezolano ante la posibilidad de amenazarnos y ser detenidos por ejercer el derecho humano fundamental a la protesta».
Esta decisión debe quedar sin efecto no solo por lo injusta, alerta, sino porque tendrá gran impacto en el mundo sindical nacional e internacional.
Las familias de los seis condenados siguen tomando la palabra. Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, cuenta que ha tenido que dejar de ser la esposa y madre de los hijos para convertirse en una luchadora a tiempo completo por la libertad de quien es su pareja desde hace más de 20 años.
Para Pedro Eusse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), la sentencia «es una acción injusta» y, además de eso, es «un ataque del Estado venezolano contra el movimiento obrero y sindical de Venezuela», que se expresa «en la destrucción de los derechos laborales y en estas prácticas de terror judicial contra los trabajadores que luchan y los dirigentes sindicales que no se subordinan a la patronal y al Estado».
Además de los seis sentenciados hay dos dirigentes sindicales de Sidor encarcelados en la Dgcim; varios trabajadores de Sidor sometidos a medidas cautelares «sacadas debajo del sombrero de un mago siniestro para desactivar las protestas legítimas». Joanna González, extrabajadora petrolera, continúa en la cárcel aun cuando durante varios meses hubo una boleta de excarcelación a su favor que nunca se ejecutó y posteriormente fue anulada. «Hay ensañamiento del Estado contra trabajadoras y trabajadores indefensos».
De estas acciones no escapan algunas empresas privadas, que han llevado a la judicialización a dirigentes.
León insiste en que las autoridades deben respetar la autonomía sindical y la protesta. «Tenemos un derecho fundamental a protestar y a la huelga para defender a los trabajadores», subraya. «Eso es lo que hemos estado haciendo los dirigentes sindicales desde el año 2018, cuando nos quitaron el derecho al salario y a la contratación colectiva y nos condenaron a pobreza, desigualdad y precarización».
Defender la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores es una de las banderas. También, el derecho a huelga. «Hemos demostrado, ante la Organización Internacional del Trabajo, que hay una criminalización y judicialización del ejercicio de la actividad sindical en Venezuela, lo que ha sido recogido en el informe de la comisión de encuestas de la OIT», refiere León.
Según la visión de Eusse todas las centrales sindicales y los trabajadores, sin importar orientación política, deben unirse «para derrotar estas prácticas y avanzar hacia la dignificación de la vida».
En el caso de los seis trabajadores presos las apelaciones que ya anunciaron los abogados defensores «deben ser respondidas con lugar», resaltó Eusse.
La presidenta de la Central ASI ratificó que seguirán las protestas: «Condenar la libertad sindical, condenar el derecho a huelga es condenar a la familia venezolana. Ya sufrimos el efecto de la migración debido a las condiciones laborales».
Toda esta situación debe ser resuelta, subraya Eusse, «con una rectificación del Estado venezolano, pero esa rectificación no viene sola: hay que lograrla con combatividad, con presión social nacional e internacional».
