Se estima que en el 2024 existirá una mejora en el movimiento económico del país considerando que los años electorales estimulan el gasto público. Sin embargo, la extensión o no de la flexibilización de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense sobre Venezuela, tendrá importantes repercusiones sobre el curso de la economía
El año 2023 en Venezuela estuvo marcada por una importante desaceleración económica que impactó fuertemente en las expectativas de los sectores tanto públicos como privados, que esperaban un año de números positivos tras el comportamiento de la economía nacional durante el año anterior, que según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), creció en 12% al cierre de 2022, posicionando a Venezuela como el país de mayor crecimiento en Latinoamérica el año pasado.
Enero empezó marcado por la reapertura del Puente Internacional Atanasio Girardot, anteriormente denominado Puente Internacional de Tienditas, ubicado en la frontera que conecta el estado Táchira (Venezuela) con el departamento de Norte de Santander (Colombia), restableciendo así las relaciones comerciales entre los países vecinos tras siete años de cierre por motivos de diferencias políticas.
Durante el primer mes del año también se evidenciaron movilizaciones por una parte de partidarios de gobierno y por otra de sectores sociales vinculados al sector laboral. Los primeros reclamaban por el pronto levantamiento de las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense, mientras que los segundos alzaban su voz para exigir mejoras salariales, problema que no fue atendido durante los meses siguientes.
El sector comercio tampoco vio luz en este período, cuando observaron una caída en las ventas en los comercios nacionales entre 25% y 35% respecto al mismo mes de 2022, según cifras del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), un hito impulsado por la ampliación de una inflación que alcanzó el 39,4% solo en enero, informó entonces el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
Para febrero de este año, Venezuela abrió las puertas a la Serie del Caribe, evento para el que agilizó la creación y culminación de los estadios Jorge Luis García Carneiro, ubicado en el estado La Guaira y el Monumental Simón Bolívar, en Caracas. Esto levantó rumores, impulsados por propaganda a través de medios que hicieron uso de inteligencia artificial, de posibles ingresos millonarios gracias a la recepción del campeonato regional de beisbol. Sin embargo, nunca se conocieron cifras oficiales de inversión y ganancias generadas.
En este período, luego de meses de conversaciones estancadas, Curazao propone al Gobierno venezolano fijar una fecha para la reapertura de fronteras y operaciones comerciales, luego de 4 años de cierre, fijando así el 3 de abril de 2023.
La tercera semana de marzo quedó marcada por el caso de corrupción Pdvsa-Cripto, en el que se habrían desfalcado entre 3.000 y 21.200 millones de dólares de la industria, cuando el día 17 de ese mes se iniciaron los operativos en los que -en una etapa inicial- fueron detenidas y procesadas al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, por su implicación en «hechos de corrupción» y «malversación de fondos» en las estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven) y el Poder Judicial.
Posteriormente, se dio el cierre de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), ya que -según declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab- la modalidad de las operaciones paralelas a Pdvsa implicaban la asignación de cargas de crudo a la institución, así como a «particulares sin ningún tipo de control administrativo» e inclumpliendo con las normativas de contratación. Para entonces, se designó una junta reestructuradora de la Sunacrip por un período de seis meses prorrogables, de ser necesario.
En abril continuaban las investigaciones sobre la trama de Pdvsa-Cripto, mientras que el Banco de Venezuela habría sufrido un presunto ataque cibernético por parte de hackers que, a través de un software malicioso, habrían encriptado la data interna de la institución financiera a cargo del Estado, amenazando con hacerla pública en los próximos días. Situación que fue atendida a la brevedad y solucionada en su totalidad en meses posteriores.
Asimismo, al inicio del segundo trimestre del año se estableció una nueva etapa de relaciones entre Venezuela y Curazao, con la salida de dos embarcaciones que reanudaron la actividad comercial entre el país y la isla caribeña.
En mayo, Aruba siguió los pasos de su isla vecina, reanudando formalmente sus fronteras con Venezuela luego de varios años de cierre por desacuerdos diplomáticos, además de los efectos de la pandemia por Covid-19.
Por su parte, Estados Unidos renovó por seis meses adicionales la licencia concedida a cuatro firmas petroleras de ese país para realizar operaciones destinadas a preservar sus activos en Venezuela, a pesar de mantener la vigencia del embargo impuesto en 2019 al crudo venezolano de la licencia del gobierno estadounidense a la empresa Chevron para sus operaciones en el país sudamericano.
El 13 de junio Corpoelec comenzó a cobrar el servicio eléctrico a los zulianos que actualizaron sus datos en el nuevo plan Borrón y Cuenta Nueva, luego de años de subsidio por los múltiples apagones en esa región occidental. La factura llegaría a los correos electrónicos y el pago correspondía a una tarifa única de 67 bolívares (poco menos de 3 dólares para entonces). Este plan sería extendido posteriormente a otras regiones del país.
Para el mes de julio, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, y la remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se pronunciara acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. Entre las bondades de esta ley destacan las rebajas, de al menos 30%, en el impuesto sobre actividades económicas industriales, comerciales, servicios y, de índole similar, a los contribuyentes que desarrollen actividades permanentes de saneamiento, mantenimiento o mejoras en espacios del municipio, entre otros.
Asimismo, el 20 de ese mes, el Ministerio de Petróleo fijó tarifas planas en dólares correspondientes al transporte terrestre de productos derivados de hidrocarburos, desde plantas de suministro propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hasta los puntos de expendio en el mercado interno y clientes finales, cambiando así los patrones tarifarios de la actividad.
En esta etapa, en busca de ayudar al Gobierno a detener las pérdidas y eliminar los subsidios, Pdvsa también decidió establecer el precio del diésel en 0,32 dólares por litro. Esta tarifa fue ajustada luego de que el Ejecutivo venezolano lo entregara de manera gratuita desde hace 3 años.
Al cierre de julio Pdvsa reportó que las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron a su nivel más alto en casi tres años y medio. En ese entonces los despachos de crudo y productos refinados de Venezuela promediaban 877.032 barriles por día (bpd), un 22% por encima del mes anterior, con la mayor parte de los envíos rumbo a Asia; hito que se atribuyó a la firma de nuevos contratos de suministro y mayores envíos por parte de la estadounidense Chevron.
En agosto, el economista especializado en petróleo, Rafael Quiroz Serrano, puso en tela de juicio los datos compartidos por la estatal petrolera venezolana ya que para lograr que las exportaciones de crudo venezolano alcanzaran el monto publicado, sería necesario contar con una producción interna por encima de 1 millón de barriles diarios del hidrocarburo.
Igualmente, mediante la Gaceta Oficial n.° 6.755 Extraordinario del 10/08/2023, se publicó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios, esto motivó el reconocimiento del sector privado que aseguraba que la legislación ayudaría a solventar “el tema de los impuestos”, así como impulsar el optimismo para el crecimiento del sector privado en el país.
En este sentido, municipios y empresarios se mantuvieron a la espera de la publicación de las tablas tarifarias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, documento del que no se obtuvo información durante el resto del año.
Ciudadanos del Distrito Capital denunciaron por medio de las redes sociales que transportistas de diversas rutas urbanas de la capital aumentaron el pasaje de forma «arbitraria» hasta los diez (10) bolívares. En simultáneo, las Cámaras de Turismo luchaban por levantar el sector durante la temporada vacacional y gremios empresariales reclamaban el aumento del contrabando en zonas fronterizas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estableció la creación de cinco Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el país, dos de ellas en el Caribe venezolano, como parte de la activación de la Ley Orgánica que elaboró la Asamblea Nacional (AN) de 2020. Frente a ello, el sector privado alzó su voz, esperando ser incluídos en las tomas de decisiones dentro de cada zona particular.
El Ministerio de Transporte venezolano estableció el segundo aumento en los precios de los peajes instalados en algunas zonas del país.
En el sector agrícola, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) pronosticó la caída en los precios del rubro, considerando su «baja calidad».
Mientras tanto, el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras de Venezuela, a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), oficializó las normas que regulan el Registro, Supervisión y Control de los Insumos Agroecológicos u Orgánicos (IAO) en sectores artesanales, experimentales, semi-industriales e industriales del país.
De cara al ámbito internacional, Maduro sostenía ante la XV Cumbre de los Brics su intención de desdolarizar la economía; la Cámara Venezolana del Emprendimiento formalizó su inscripcióm ante Comsecomercio y la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) autorizó el funcionamiento del banco microfinanciero N58 Banco Digital, caracterizado por presentar un modelo 100% digital, con el objetivo de agilizar los procesos crediticios a través de plataformas digitales.
Al cierre del mes, Pdvsa recibió un cargamento de 260.000 barriles de nafta enviados por las compañías Eni Spa y Repsol SA., con el objetivo de aliviar el desabastecimiento de combustible que en el país.
Septiembre inició con la prohibición de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) sobre la posibilidad de que las entidades financieras del sector bancario coloquen o comercialicen seguros o medicinas prepagadas.
La británica Shell y la Compañía de Gas de Trinidad y Tobago estarían en conversaciones con la estatal Pdvsa, para acordar un crédito de 1.000 millones de dólares para explorar conjuntamente el campo de gas Dragón.
Por su parte, productores de cacao del estado Sucre reportaron que llevaban cuatro años con malas cosechas, que atribuyen a factores climáticos y problemas de carácter fitosanitario, por lo que no trabajarían en una nueva cosecha del rubro.
Fedeagro aseguraba que la inversión en materia agrícola sería más factible que recuperar la industria petrolera; más tarde, Venezuela acordaría exportar café, aguacate y productos del mar hacia China.
Cámaras y gremios empresariales comenzaron a moderar sus expectativas de crecimiento, sin mostrar pesimismo. Venezuela, junto a Trinidad y Tobago, firmaron un acuerdo de cooperación energética con el que se propusieron impulsar la producción conjunta de gas en el campo Dragón, ubicado en aguas del estado Sucre, junto a la costa noroeste trinitense.
El gobierno venezolano abrió las puertas a la primera Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven), donde se reunieron importantes empresas del sector tecnológico en el país, así como los pricipales empresarios de telecomunicaciones del país, quienes debatieron acerca del futuro de este sector.
Estados Unidos y Venezuela avanzaban en conversaciones que podrían aliviar las sanciones a Caracas, en caso de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reanudara las negociaciones con la oposición.
El 18 de octubre, tras la fima del acuerdo de Barbados, el gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización limitada de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela, por un período de 6 meses.
Fedeagro informó que la escasez de combustible frenó la cosecha de maíz en el estado Portuguesa, alcanzando apenas el 60% de la superficie cultivada.
El primero de noviembre la Sudeban informó que el 15% de la Cartera Única Nacional sería destinada al financiamiento de proyectos asociados a Credimujer y publicó los lineamientos a seguir por parte de la banca venezolana para el otorgamiento de financiamientos de proyectos especiales para mujeres.
Por su parte, el estado Bolívar recibió 15 gandolas con combustible, adicionales a las 23 que ya poseía la región, a fin de optimizar la distribución de gasolina en la zona ubicada al sur del país.
La vicepresidente ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que la economía venezolana «está mostrando signos de recuperación» considerando que, a su juicio, en 2023 se ha evidenciado una mayor estabilidad cambiaria. Destacó que los resultados positivos se evidenciaron en materia de productividad, así como en la agroindustria, marcando de esta manera «un año 2024 de mucha esperanza».
La Bolsa de Valores de Caracas se sacudió tras la organización apresurada de una asamblea en función de cambiar los estatutos del corro capitalino que permitiría, entre otras cosas, recortar el mandato de su nuevo presidente, Gustavo Pulido.
La rusa Gazprom y la estatal Pdvsa se iniciaron conversaciones para concretar un nuevo plan de cooperación en nuevos proyectos de gas en Venezuela.
En cuanto al sector de la alimentación, el presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar) informó que el consumo de carne vacuna y bufalina en Venezuela pasó de 8 kilos a 15 kg por persona al año.
Tras 5 años realizándose la temporada de descuentos conocida como Black Friday, las expectativas del sector comercio de este año no fueron alcanzadas debido a los bajos y escasas rebajas en las tiendas, así como el reducido poder adquisitivo del venezolano.
Desde otro punto, la Cámara de Aduaneros de La Guaira reportó un decrecimiento en el ingreso de mercancía para la temporada navideña. A su vez, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), recordó que las fallas de servicios, la carga impositiva, tasas de registro y notarías continúan afectando la capacidad productiva de las empresas en el país.
En diciembre el Ministerio de Salud alertó sobre un nuevo lote de medicamentos falsificados en el área de oftalmología y tratamientos para la congestión de vías respiratorias.
En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.770 se publicó la Ley de la Actividad Aseguradora, donde se contempla la reducción de plazos para el pago de indemnización a los aseguradoras. Al mismo tiempo, Conindustria proponía la bancarización de divisas sin pasar por un proceso de dolaización en Venezuela, a fin de impulsar los créditos en 2024.
Tras los resultados del referendo consultivo por el Esequibo, Venezuela se proyectó la posibilidad de otorgar licencias petroleras para su explotación en la Guayana Esequiba, donde ya operan compañías autorizadas por Georgetown, Guyana.
En este sentido, Nicolás Maduro, firmó el decreto por medio del que se ordenaría la «creación inmediata» de la división Pdvsa Esequibo y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Esequibo, a fin de que procedan a otorgar licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en «todo el territorio y en todos nuestros mares».
Brasil y Venezuela reanudaron la comercialización de energía eléctrica, para surtir al estado brasileño de Roraima, una medida que no fue bien recibida por ciudadanos venezolanos y expertos en la materia, que afirman que el Estado Venezolano no se encuentra en la capacidad de sustentar el plan energético de su propio territorio.
La tercera semana de diciembre estuvo marcada por la firma de nuevos acuerdos en materia energética, empezando con la multinacional energética Repsol con la que Pdvsa firmó un «Acuerdo Marco» con el objetivo de reactivar la empresa mixta Petroquiriquire y sus siete anexos. El sello de acuerdos continuó con la Refinería di Korsou (Rdk) de Curazao, a fin de reactivar las relaciones comerciales y financieras conjuntas, al tiempo que estudian la posibilidad de almacenar crudo del país suramericano «en las instalaciones de la isla caribeña».
El 21 de diciembre, Pdvsa y la mexicana Pemex estudiaban la posibilidad de establecer una cooperación bilateral: «Ambas empresas tienen un potencial prometedor mediante una asociación coordinada y con proyección a futuro», aseguró el ministro de Petróleo venezolano, Pedro Tellechea.
Al cierre de sus jornadas, los gremios mantienen previsiones positivas pero conservadoras con respecto al crecimiento de sus respectivos sectores, los mismo sucede con los economistas que han elaborado distintas previsiones en función de los movimientos geopolíticos que marquen el 2024.
Se estima que el próximo año existirá una mejora en el movimiento económico del país, considerando que los años electorales estimulan el gasto público. Sin embargo, la extensión o no de la flexibilización de las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesosoro de Estados Unidos a Venezuela, tendrá importantes repercusiones sobre el curso de la economía del país sudamricano.
