El Poder Legislativo ratificó la nulidad de la transacción entre Maduro y Crystallex en 2018
La Asamblea Nacional (AN) dirigida por Juan Guaidó declaró la responsabilidad política «del régimen de Nicolás Maduro y de quien ha servido como ilegítimo procurador general, Reinaldo Muñoz» por no haber ejercido la defensa de la nación en el caso Crystallex.
El Poder Legislativo ratificó la nulidad de la transacción entre Maduro y Crystallex en 2018 y resolvió iniciar una investigación de los acuerdos entre el presidente Hugo Chávez y Crystallex.
También informará al Gobierno de Canadá del acuerdo y los hechos en los que se sustenta.
El Parlamento acusó a Maduro «de no ejercer la defensa apropiada de Venezuela».
La AN señaló que el procurador de Maduro nunca se hizo parte en el juicio en la Corte de Delaware.
Igualmente acotó que el caso judicial ya estaba en fase de apelación cuando Juan Guaidó asumió el cargo de presidente interino.
El diputado Elías Matta explicó durante su intervención, al presentar el proyecto de acuerdo, los antecedentes de cómo se gestó esta negociación con la empresa CIC, que se inició en el año 2002 con un decreto que emitió en ese entonces el presidente Hugo Chávez, donde se reservan ciertas áreas y yacimientos para que sea el Estado venezolano quien los explote, y autoriza al Ministerio de Minas y a la CVG para que proceda a la explotación de los yacimientos.
“La CVG a quien se le entregan los yacimientos de Las Cristinas, contrata sin ningún tipo de licitación y autorización la empresa Crystallex International Corporation. El contrato era por dos años extrañamente y allí comienza la negligencia, nunca se revisó. La empresa Crystallex hizo muy poco, algunas áreas de exploración, pero pasaron 9 años y es cuando la CVG decide dar por finalizado el contrato, porque no habían iniciado la explotación minera”.
Relató que la empresa CIC se sintió afectada y se dirige al centro de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) en el 2011, presenta sus alegatos, la defensa del país no fue suficientemente eficiente y en el año 2016 CIADI decide a favor de la empresa Crystallex y resuelva que la misma sea indemnizada por un mil 200 millón de dólares.
“La empresa CIC se va a los tribunales de la corte de Washington, tampoco se hicieron las resultas necesarias, la corte ratifica el laudo del CIADI. Pero como no le pagan, arremete contra un bien de la República, PDV Holding Inc, que es propietario de Citgo, y lleva el caso a un juez de la Corte Delaware, que le permita ejecutar las acciones”.
Explicó que en el 2018, cuando aún no estaba el gobierno interino de Juan Guaidó, Crystallex logra una decisión favorable en la Corte Delaware. “Es decir toda la responsabilidad es la negligencia y la inoperancia del régimen de Maduro. Extrañamente cuando sale esa decisión del año 2018, el régimen decide negociar con la empresa Crystallex y acuerdan un pago supuestamente por 400 millones de dólares”.
Recordó que la actual Asamblea Nacional, el 10 de diciembre del 2018, aprueba un acuerdo en rechazo a esa negociación, es decir antes del gobierno interino el parlamento ya había advertido al régimen de Maduro que ese trato era ilegal.
Cuando se instala el gobierno interino se crea un acuerdo entre Citgo, la Junta Ad Hoc de PDVSA, un grupo de abogados y la embajada de Venezuela en los Estado Unidos y logran que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros OFAC proteja a Citgo.
“Por eso hemos traído este acuerdo para que se declare la responsabilidad política de Nicolás Maduro y de quien está usurpando el cargo de Procurador de la República, Reinaldo Pedroza. Solicitamos que los organismos involucrados abran una investigación a fondo y que la Asamblea Nacional profundice en las decisiones tomadas en diciembre de 2018, porque aquí hay un daño al patrimonio de la Republica”.
Aclaró finalmente que Citgo está amenazada y en peligro de perderse por la irresponsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, pero defendida por el gobierno interino que preside Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
