La industria minera en Venezuela atraviesa un periodo de estancamiento, operando actualmente por debajo del 20% de su capacidad instalada. Así lo confirmó Luis Rojas Machado, presidente de la Cámara de la Minería de Venezuela, quien describió el panorama actual del sector como un punto de «cautela y espera» en comparación con sus niveles históricos de producción.
Durante su intervención en el programa Análisis de Entorno, Rojas Machado enfatizó que la recuperación del sector depende directamente de la creación de un entorno propicio para el capital privado. «Necesitamos que haya confianza para la inversión», afirmó el directivo, señalando que la naturaleza de los proyectos mineros exige capitales de largo plazo, con horizontes de ejecución de entre 5 y 10 años.
Para el gremio minero, la existencia de un marco legal no es suficiente para atraer a los inversionistas internacionales. Rojas Machado detalló que el país requiere de una estructura integral que garantice la viabilidad de los proyectos, destacando los siguientes pilares:
- Gobernanza: Instituciones sólidas y procesos transparentes.
- Seguridad jurídica: Estabilidad en las reglas del juego para los capitales.
- Seguridad física y protección: Resguardo de las operaciones y de los activos financieros.
El experto comparó la situación nacional con la de otros países de la región, admitiendo que Venezuela carece actualmente de competitividad frente a naciones con tradición minera como Chile y Perú, o mercados emergentes como Colombia y Argentina. Esta desventaja responde a la ausencia de legislaciones actualizadas y a la falta de un historial de inversión sólido en años recientes.
«Tenemos que vestir muy bien a esta muchacha llamada minería venezolana para que entonces tenga los activos necesarios y la competitividad necesaria respecto a todos los países que hoy por hoy no la tenemos», sentenció el presidente de la Cámara.
La inactividad del sector se refleja en proyectos estratégicos que hoy se encuentran detenidos. Un ejemplo destacado es el sector del níquel, específicamente el proyecto Loma de Níquel. Según los datos técnicos suministrados, la reactivación de este yacimiento requiere una inversión estimada de 500 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud del capital necesario para movilizar la industria extractiva en el país.
