La Ley de Protección de Pensiones, vigente desde el 8 de mayo de 2024 según la Gaceta Oficial n.º 6.806, impone nuevas obligaciones fiscales a todas las empresas del país, sin excepción. Así lo advirtió la abogada María Angélica Betancourt en una entrevista para Fedecámaras Radio, donde detalló los alcances de esta normativa que ha generado inquietud en el sector empresarial.
Betancourt explicó que incluso las compañías con un solo trabajador o accionista están obligadas a registrarse y cumplir con dos pagos diferenciados: el aporte tradicional al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el nuevo impuesto establecido por la Ley de Pensiones. “El SENIAT indica: ‘Usted debe registrarse así tenga un solo trabajador’. El que no lo hizo generó una alerta en el sistema y esas alertas generaron multas”, señaló durante el programa Análisis de Entorno.
El sistema automatizado del SENIAT detecta fácilmente a los contribuyentes morosos o que declaran fuera de plazo, lo que activa sanciones automáticas que, según Betancourt, pueden ser especialmente perjudiciales para pequeñas empresas. La experta alertó que muchas de estas multas se emiten sin un acto administrativo previo, lo que vulnera el derecho a la defensa de los afectados.
Las quejas no se han hecho esperar. Empresarios y comerciantes han calificado la medida como “injusta”, argumentando que agrava la carga tributaria ya impuesta por el seguro social. En este contexto, Betancourt recomendó que los dueños de negocios se asesoren con contadores especializados para evitar errores que puedan derivar en sanciones severas. “Aunque haya un costo de por medio, es fundamental para cumplir correctamente”, enfatizó.
La aplicación de esta ley plantea un nuevo reto para el tejido empresarial venezolano, que deberá adaptarse rápidamente a las exigencias fiscales para evitar consecuencias económicas que podrían comprometer su operatividad.
