El pasado viernes, productores agrícolas se congregaron en el municipio Rangel del estado Mérida para abordar el impacto negativo del contrabando proveniente de Colombia en la producción nacional.
Durante el encuentro, los trabajadores del campo manifestaron su preocupación ante el desplazamiento de los productos locales por vegetales del territorio vecino, siendo los rubros de la papa y el repollo los más afectados por esta práctica ilícita.
José Luis Guillén, horticultor merideño y exdirector de hortalizas en Fedeagro, destacó en entrevista para Fedecámaras Radio la relevancia social de esta actividad. Según los datos aportados, aproximadamente el 90% de la agricultura en Venezuela es de naturaleza familiar, lo que significa que hogares completos dependen directamente de la siembra. Se estima que, a nivel nacional, entre 60.000 y 70.000 personas subsisten gracias a la horticultura.
Asimismo, se subrayó que el sector es un dinamizador clave de la economía en las regiones rurales debido a la generación de empleos. En la actualidad, muchos jornaleros y trabajadores del campo perciben sueldos indexados al dólar estadounidense, por lo que un eventual quiebre de los productores hortícolas representaría un retroceso económico significativo para estas zonas.
Más allá del contrabando, el sector enfrenta las consecuencias de años de hiperinflación. Guillén puntualizó que los índices actuales reflejan una disminución notable en el consumo per cápita de hortalizas entre los venezolanos, quienes han visto mermada su capacidad adquisitiva.
Ante la combinación de un mercado interno disminuido y la competencia desleal de mercancías extranjeras, los agricultores instaron a las autoridades competentes a implementar medidas de resguardo. El llamado se centra en la necesidad de salvaguardar las fronteras para evitar la entrada de productos no autorizados, garantizando así la estabilidad de la producción nacional y el sustento de las familias rurales.
