El Senado argentino debate este jueves 26 de febrero la reforma del régimen de preservación de los glaciares, una reforma muy criticada por las organizaciones ecologistas y que incluso suscita dudas sobre su constitucionalidad.
La propuesta, que debe contar también con el visto bueno de la Cámara de Diputados, habilitará terrenos cercanos a estas zonas protegidas para la explotación de recursos y trasladará a los gobiernos provinciales la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental.
Los glaciares en Argentina se encuentran en retroceso y bajo presión por el aumento de la temperatura y la expansión de proyectos mineros en zonas glaciales y periglaciales. Según un inventario oficial realizado entre 2011 y 2018, el país cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 están en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur, con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados.
En diciembre de 2024, Argentina reconoció ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que el aumento de la temperatura ha generado el retroceso de casi todos los glaciares patagónicos andinos durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentan una disminución creciente.
El glaciar Perito Moreno, considerado uno de los más emblemáticos, registró en los últimos siete años un retroceso histórico, con una pérdida de más de 700 metros en uno de sus frentes. Investigaciones recientes indican que desde 2020 se ha acelerado su retirada y que en sectores del Canal de los Témpanos retrocedió hasta 800 metros en cuatro años, con advertencias de que un retroceso catastrófico podría estar cada vez más cerca. Además, el glaciar Martial Sur fue declarado extinto en 2024.
En el norte de los Andes argentinos, estudios científicos señalan una reducción cercana al 8 % en los últimos diez años. En la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de San Juan) se registró una disminución del 17 % en el hielo descubierto, según la actualización más reciente del inventario.
La situación se ve agravada por la actividad minera. En 2016 se admitió la existencia de 44 proyectos mineros en ambiente periglacial. Ambientalistas advierten que muchas concesiones pueden afectar glaciares y zonas adyacentes y que no existe un registro nacional específico de proyectos en ambientes glaciales.
Especialistas y organizaciones ambientales coinciden en que, pese a la vigencia de la ley de protección aprobada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema en 2019, persisten deudas en su implementación, limitadas por falta de recursos financieros y humanos para el control y monitoreo de estos ecosistemas estratégicos como reservas de agua dulce.
