Protestas van, marchas vienen, y todas apuntan a una exigencia: el aumento salarial que permita cubrir el costo de la canasta alimentaria (692,32 dólares al mes, según los datos más recientes del Cendas-FVM), o para satisfacer la canasta básica (que podría superar los 1.300 dólares mensuales).
Sin embargo, a las puertas del anuncio de un aumento salarial para el 1 de mayo, comienzan las especulaciones y los cálculos. El economista José Guerra fue tajante este lunes al precisar que no es un asunto de justicia sino de posibilidades reales. «Exigir un aumento igual a la canasta básica o alimentaria es moralmente aceptable pero financieramente imposible, porque no hay cómo pagarlo», opinó.
Guerra estima que, con base en lo que podría recibir el país por concepto de petróleo y otros ingresos, es posible planificar un incremento de 100 dólares para el sector público, más los bonos que ya se cancelan. «Sería un aumento importante, es financiable, sería un aumento importante».
El economista, quien insiste en que el mejor programa social para Venezuela es detener la inflación, señala que el sector privado quiere modificar la retroactividad de las prestaciones sociales para hacer cualquier ajuste salarial, pero remarca que a un trabajador «que tiene cuatro años de salarios congelados no le puedes pedir todo a cambio de nada».
El salario mínimo en Venezuela se mantiene sin variación desde marzo de 2022: 130 bolívares (poco más de 20 centavos de dólar), más los ingresos compensatorios por la vía de los bonos (que no tienen incidencia en vacaciones ni aguinaldos).
Guerra también considera necesario que se sincere la nómina del Estado, a fin de saber cuántas trabajadoras y cuántos trabajadores están activos y cuántos están jubilados o pensionados. Advierte que el BCV no debe caer en la tentación de seguir con «la maquinita», y asevera que aunque «la maquinita» está encendida las nuevas autoridades del banco le han puesto la pausa.
