«¡Poderes de los Gemelos Fantásticos, actívense!». Si las Madres Poderosas se dirigieran al Estado, la frase sería diferente: «Poderes del Estado, actívense», y con un para qué muy claro. Porque siete años después de la creación del comité de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la justicia ha llegado tarde, o no ha llegado.
Las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el Barrio 19 de Abril (Petare) el pasado 4 de marzo revivieron las heridas de Carmen Arroyo, Inés Guatache y Urselis Marisol Valdés, integrantes de Madres Poderosas. La organización -como lo explica Arroyo, una de sus fundadoras- acompaña 15 casos de violaciones de derechos humanos.
«Entre comillas he visto la justicia», sostiene Arroyo al referirse al homicidio de su hijo, Cristian, a manos de funcionarios de la extinta FAES el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita (Petare). El policía responsable de este crimen fue condenado a 23 años, ocho meses, 15 días y cuatro horas de prisión, en el centro de reclusión El Rodeo III. «Estoy pensando que el asesino de mi hijo está preso en El Rodeo III, pero mi sorpresa es que hace como un mes un abogado amigo mío me dijo que lo vio en la zona 4 de El Peñón», comenta.
La madre llevó la denuncia al Ministerio Público antes de Carnaval. En varias instituciones le han argumentado que no les compete. Ella espera que se agilice el traslado del funcionario a El Rodeo III. «El asesino de mi hijo apeló, pero no le dieron lugar a su apelación», precisa Arroyo. «Quiere decir que está haciendo redención y trabajo, y no está haciendo redención ni trabajo. Él debe estar en el centro de reclusión que le asignaron».
No es la única lucha que la anima. «Solo el matador está detenido, y con una condena. Los otros todavía no han sido judicializados. Calculo que son 10 funcionarios, los coautores». Convertida en abogada por la necesidad, insiste en que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y advierte que la muerte de su hijo no es un homicidio sino un crimen de lesa humanidad. «Casi siete años después del asesinato de mi hijo, yo no he visto justicia».
-¿Qué sería justicia?
-Verdad, memoria, reparación.
-¿La verdad ha salido a la luz?
-La verdad, sí. El Estado venezolano aceptó que uno de sus funcionarios cometió una ejecución extrajudicial: la ejecución de mi hijo, Cristian Alfredo Charris. El Estado habla mucho de reconciliación, pero mientras no haya justicia, verdad, memoria y reparación no puede haber reconciliación ni puede haber paz.
-¿No hay justicia? ¿No hay memoria? ¿No hay verdad? ¿Ha habido reparación?
-No ha habido reparación. Reparación, como madre, sería que nos den la justicia que estamos buscando. La verdadera justicia; no la justicia que nos dan a las víctimas, porque sufrimos la impunidad y el retardo policial. Que sentenciaran a este funcionario me costó siete años, porque le ponen a una las mil y una trabas para que una se canse y deje de denunciar. Muchas víctimas no denuncian por miedo, por amenazas. Nosotras luchamos para la no repetición. Nos matan a nuestros hijos y es la muerte física y la muerte moral, porque se meten en las casas, roban lo que les da la gana. Siempre están con la narrativa del supuesto enfrentamiento. El mismo armamento se los ponen a los muchachos.
Arroyo insiste en que, si algún muchacho ha cometido un delito, debe ser presentado y juzgado; no, asesinado. «He vivido impunidad, retardo procesal», critica. «En el caso de mi hijo perdí la cuenta de cuántos fiscales nacionales pasaron».
La denuncia de Inés Patricia Guatache no es muy diferente. «Mi caso tiene tres años y cuatro meses de lucha por la justicia. Están imputando a los funcionarios, tuve que cambiar de fiscal. Tenía una fiscal que se encontraba con los funcionarios, tuve que denunciarla y me pusieron un fiscal nacional con el que he visto que se ha hecho algo», relata.
El patrón parece repetirse: sectores populares, hombres muy jóvenes. «Mi hijo, Joanderson Daniel Acuña, estaba conmigo en Santa Cruz del Este (Baruta) en 1 de noviembre de 2022. En ese momento llegó un muchacho que invit{o a mi hijo a acompañarlo, y a los 10 minutos mi hijo apareció muerto; me le arrebataron la vida los funcionarios en otro barrio, en Las Minas, en un callejón. Lo hirieron y lo dejaron tirado en el ambulatorio de Las Minas, pero ya llegó sin vida. En el Senamef a mi hijo le aparecieron seis disparos». El muchacho tenía 18 años.
Guatache señala a uniformados de la Policía de Miranda. «Son cuatro funcionarios», precisa, «que siguen en la calle». A uno de ellos «me lo he conseguido en tribunales, por otras denuncias».
Para Urselis Valdés la palabra ajusticiamiento no es ajena. «Mi hijo, Omar, fue ajusticiado con cuatro muchachos más en el Barrio José Félix Ribas, zona 3, calle La Cruz. Fue el 31 de julio de 2022. Tiene tres años y ocho meses. A mi hijo le faltaba un mes para los 21 años. Eso fue un domingo como a las 11:00 de la mañana. Se escucharon disparos; yo los escuché en mi casa». El corazón de madre de Valdés se puso en alerta, y mucho más, cuando le confirmaron «allá arriba hay unos muertos».
A ella le aseguraron que su hijo estaba vivo y que se lo llevaban detenido. «Había muchos polinacionales y FAES», rememora. «Me acerqué a la sede de Contra Bandas, en Petare, y pregunté si habían traído a un muchacho de José Félix Ribas. Conté que tenía zapatos blancos, mono Adidas gris y una franelita de flores blancas». Le alegaron que su hijo había sido llevado al Helicoide. Pero otra persona la llamó y le hizo la advertencia: «Todos esos chamos están muertos».
Acudió al Hospital Domingo Luciani en busca de información y se encontró con el fallecimiento de su hijo. «Yo empecé a pegar gritos, gritos, gritos. Me respondieron que todos los muchachos iban a morir, porque estaban muy mal. Me dijeron que estaba vivo, y que lo remataron».
-¿Cuál es el estatus del caso?
-Impunidad. Eran muchos funcionarios, pero en el expediente aparecen tres: dos caballeros y una dama.
La causa de muerte de Omar, la oficial, «es la misma que les ponen a todos: shock hipovolémico. Es lo mismo para todos». Para su hijo reclama justicia. «Pusieron en el expediente que eran nacionales en moto. No sé si se fueron del país».
-¿Cuál es el estatus del caso?
-Retardo procesal- sentencia Carmen Arroyo.
-Quieren ir a la casa a hacer experticias. Ahora es que van a ir. Y a mi hijo no lo ajusticiaron allí- replica Valdés.
«El Estado venezolano es el responsable de la ejecución extrajudicial de cada uno de nuestros hijos. Por lo tanto, el Estado venezolano tiene que darnos respuesta», remarca Arroyo. «Ellos no liberaron a la sociedad de un delincuente; nosotros, sí, porque con nuestras denuncias estamos liberando a la sociedad de delincuentes de alta potencia».
Carmen Arroyo perdió a su único hijo. Cristian, a su vez, dejó tres hijos, que están con su mamá. «Queremos justicia», reiteran las tres madres. No quieren «más de lo mismo», no soportan burlas. Consideran que el Estado «defiende los derechos de los asesinos de nuestros hijos» y alertan que los operativos policiales son un abuso y siguen sucediendo.
