En un esfuerzo de unidad gremial, diversas organizaciones sindicales, movimientos laborales y asociaciones de jubilados de toda Venezuela presentaron un Pliego de Exigencias Legítimas dirigido a los órganos del Poder Público Nacional. El documento, redactado tras una Asamblea de Ciudadanos basada en el Artículo 70 de la Constitución, denuncia una política de Estado que ha «destruido progresivamente el salario y las prestaciones sociales» desde el año 2013.
La principal exigencia de los trabajadores se centra en el restablecimiento del valor de la fuerza de trabajo. Los firmantes demandan:
- La definición de un salario y pensión mínima que cubra el costo de la canasta básica familiar.
- La «salarización» de todos los bonos, incluyendo el «bono de guerra económica», para que estos tengan incidencia real en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y utilidades.
- El cese de las intenciones de reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) bajo términos que supriman el cálculo retroactivo de las prestaciones.
Restablecimiento de la libertad sindical y cese de la represión
El pliego pone especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de los líderes sindicales en el país. Entre las peticiones más urgentes figuran:
- Libertad plena e inmediata para todos los trabajadores y dirigentes sindicales privados de libertad o judicializados por sus luchas laborales.
- La anulación del Memorando-Circular 2792 y del Instructivo ONAPRE, instrumentos señalados por los gremios como responsables del desmantelamiento de las escalas salariales y las conquistas contractuales.
- La reactivación de las discusiones de convenciones colectivas, paralizadas unilateralmente tanto en el sector público como en el privado.
Los gremios denuncian que el salario mínimo legal y la pensión se mantienen congelados en montos equivalentes a unos 0,30 centavos de dólar por mes al momento de la redacción. Por ello, exigen:
- El cumplimiento de la Ley de Bono de Alimentos y Medicinas para pensionados y jubilados, aprobada en 2016.
- El pago retroactivo de pensiones para aquellos beneficiarios que se encuentran en el exterior.
- La restitución de los recursos adeudados a las cajas de ahorro de la administración pública, los cuales presentan retrasos de más de seis años.
Finalmente, el documento advierte sobre la «criminalización de la protesta» y el uso de la fuerza pública para intimidar a quienes reclaman derechos fundamentales, exigiendo la derogación de leyes que limitan la libre asociación y el derecho a huelga.
