La fracción parlamentaria «Vamos Vamos Venezuela» emitió este miércoles un comunicado oficial en el que fija su posición respecto a la discusión de la Ley de Amnistía. El bloque legislativo sostiene que, para alcanzar una verdadera armonía nacional, la normativa debe ir más allá de la simple excarcelación y fundamentarse en tres pilares esenciales que garanticen la reparación y la libertad de pensamiento.


Los tres pilares de la propuesta
De acuerdo con el documento, la fracción busca evitar que la ley sea insuficiente ante las aspiraciones de la ciudadanía y los familiares de los presos políticos. Las propuestas se dividen en los siguientes puntos:
- Libertad plena y reparación integral: La organización plantea que los beneficiarios no solo deben salir de prisión, sino que el Estado debe garantizar la restitución de sus empleos, el pago de salarios caídos y brindar atención médica y psicológica especializada para tratar las secuelas del encierro.
- «Borrón judicial» y restitución de derechos: Se propone una amnistía completa para todos los detenidos por disidencia, incluyendo delitos conexos. Esto implicaría la eliminación de antecedentes policiales y de cualquier impedimento administrativo, permitiendo así el pleno ejercicio del derecho al sufragio, la postulación a cargos públicos, el libre tránsito y el retorno de quienes se encuentran en el exterior.
- Derogación de leyes restrictivas: El comunicado enfatiza que la amnistía perdería su efectividad si se mantienen vigentes los instrumentos legales que motivaron las detenciones. En este sentido, instan a la derogatoria de la Ley Contra el Odio y la Ley Orgánica Simón Bolívar, así como a la reforma de la Ley de Fiscalización de ONG y la Ley RESORTE.
Desde la fracción parlamentaria señalaron que una amnistía que no repare a las víctimas ni derogue las bases legales de la persecución sería «una oportunidad perdida para Venezuela». El grupo legislativo concluyó su mensaje instando a la plenaria a legislar con un enfoque centrado en la estabilidad democrática y el futuro productivo del país, asegurando la protección de las libertades de expresión y asociación.






