Desde hace más de año y cuatro meses, aproximadamente 160 trabajadores de PDVSA de distintas instalaciones petroleras del país se encuentran detenidos por diversos delitos. La mayoría de ellos les imputan asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de materiales estratégicos, retraso u omisión intencional de funciones, evasión por control o restricción de licitaciones y contrabando agravado.
La primera “sugerencia” de los defensores públicos y tribunales que llevan estos expedientes hacia los familiares de estos obreros de PDVSA fue que “hicieran silencio” para que cada trabajador no resultara perjudicado en el proceso judicial que se llevan en su contra. Pero, tras el nuevo momento político que se vive en Venezuela desde el 8 de enero, fecha en que se anunciaron la liberación de presos políticos, estos familiares decidieron alzar la voz para visibilizar los casos y exigir una revisión de los expedientes para que les otorguen libertad plena.
En este sentido, el equipo reporteril de Contrapunto.com conversó con cinco familiares de afectados por este caso para conocer de primera mano lo que ocurre con estos obreros que, según aseguraron, varios de ellos tienen entre 10 y 20 años de servicios en PDVSA.
“QUEREMOS JUSTICIA Y LIBERTAD PARA LOS TRABAJADORES DEL CARDÓN”
Daniela Hernández, esposa de Jordan Daniel Oropeza, exige a las autoridades venezolanas que su esposo, junto con otros 20 trabajadores, entre los que se encuentran seis funcionarios, sean liberados tras ser “secuestrados” entre el #11Ene y #14Ene del 2025. Aseguró que los acusan de una supuesta “extracción de combustibles” en el que, además, los tribunales no le entregan pruebas de los delitos cometidos.
“Nosotros no tenemos pruebas de lo que se les acusa. Queremos justicia y libertad para ellos. Unos tenían 25 años de servicios, otros 13, algunos seis y 22 años de servicios”, dijo Daniela Hernández al subrayar que actualmente existen “problemas” con las visitas a sus familiares porque tienen restricción con la entrega de paqueterías.
“Son torturados de manera psicológica, están maltratados. En la primera visita fueron unas personas que no conocíamos, habían bajado más de 15 kilos. Pedimos justicia y libertad. Pedimos que les revisen sus casos”, agregó.
Hernández, entre lágrimas, sostuvo que “es fuerte” el día a día con los hijos de Jordan Daniel Oropeza al no ver a su padre durante más de un año. “Ni siquiera se imaginan el dolor con lo que uno vive para decirle a ellos. Tienen más de un año que no ven a su papá, es algo que nos ha golpeado muy duro”, dijo.
“UN ERROR HUMANO NO DEBE PAGARSE CON CÁRCEL”
Marina Revilla es madre de Cristóbal Moisés Rivero Revilla de 25 años de edad, un trabajador de PDVSA recluido en Yare II. Fue detenido el 20 de junio del 2025 luego que en su guardia se reportara un error operacional en el que se mezclaron dos líquido por el presunto deterioro de una válvula.
“Eso lo habían reportado, pero hicieron caso omiso y sucedió esa eventualidad. Pienso que un error humano no debería pagarse con cárcel”, expresó al tiempo que añadió que Riero Revilla tenía tres años de servicio en la industria petrolera al momento que fue “secuestrado” por autoridades policiales.
“Es algo injusto”, sumó la señora Marina al lamentar que a todos los trabajadores que estaban de guardia ese día aún no se les ha realizado el juicio pertinente. “no tiene casa, carro, no tiene mujer, hijos, si revisan mis cuentas y las de él no hay dinero, entonces no sé cómo le ponen ese poco de delitos”.
Mencionó que existe una indiferencia por parte de los defensores públicos asignados en el caso, puesto que no ofrecen información alguna sobre el proceso. “Los defensores públicos nos ignoran, exigimos libertad”, sostuvo.
“HABÍA REPRESIÓN PARA QUE NO DIJERAMOS NADA”
Katherin Pino, hermana de Julio César Pino Maldonado de 36 años y trabajador de PDVSA Amuay, mantiene sus exigencias al Gobierno venezolano. Pese a asegurar que en un primer momento existió “represión” para que no hablaran sobre el tema, asegura que hoy día decidieron romper el silencio y así visibilizar los casos de sus familiares detenidos.
“Desde el día 1 siempre estuve firme con esto y siempre intenté alzar la voz con el caso de mi hermano y el caso de PDVSA Amuay, pero si había esa represión para que no dijeran nada”, dijo al sumar que tiene un sobrino de 7 años a quien tuvieron que “disfrazarle” lo que ocurre y decirle que su padre tiene nuevo trabajo en un lugar muy alejado de casa.
Exige que su hermano y los otros trabajadores salgan en libertad sin medidas cautelares y sin la realización de un juicio porque no han cometido delito alguno. “No tienen prueba para mantenerlos encerrados”, dijo y añadió que los defensores públicos asignados en estos casos “no hacen nada” por el bienestar de los afectados.
“PIDO LIBERTAD PLENA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LAS REFINERÍAS PETROLERAS”
Jesús Alberto Monte de Oca Caldera es otro trabajador de PDVSA detenido. Fue encarcelado el 13 de enero del 2025 y a sus familiares le ofrecieron información luego de tres meses tras las rejas. Monte de Oca Caldera iba a cumplir 20 años de servicio en PDVSA al momento de ser apresado.
Su tía indicó que es padre de dos niños y tiene a su padre enfermo por lo que pide la liberación inmediata de su sobrino y de todos los trabajadores de las refinerías petroleras del país.
“Pido libertad plena para todos los trabajadores de las refinerías petroleras. Estamos con esta gran lucha, somos mujeres luchadoras, guerreras”, sostuvo.
“ES UN CHAMO QUE TRABAJABA PARA EL SUSTENTO DE SUS HIJOS”
Mercedes Arocha, suegra de Richard José Cova, indicó que su yerno fue detenido sin ni siquiera ser trabajador de PDVSA. Laboraba para una empresa que se encargaba del comedor de esta instalación petrolera. El 24 de octubre funcionarios policiales llegaron al lugar de trabajo y los detuvieron a todos los que allí estaban sin mediar palabra.
La sra. Arocha le realizó un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para poder mostrarle la carta que confirma que es un trabajador contratado por otra empresa para laborar en PDVSA. “Que investigue y hagan su debido proceso. Queremos que lo pongan en libertad. Tenía aproximadamente un año trabajando, no era ni siquiera nómina de PDVSA (…) Lo que se es que ese muchacho es inocente, que lo investiguen, él estaba empezando su vida nueva”, culminó.
